Recientemente se conoció un borrador del Banco Mundial que plantearía que los proyectos de inversión financiados por esa institución en cualquier país no tengan que cumplir algunas normas ambientales y sociales, como por ejemplo la consulta previa a los pueblos indígenas. 

Según Forest Peoples Programme’s, con esta iniciativa –la cláusula 'opt-out'– se socavaría los derechos de los pueblos indígenas. "En una acción sin precedentes, el Banco Mundial propone que los gobiernos 'liberen' de las normas establecidas para proteger a los pueblos indígenas de las consecuencias imprevistas y negativas de las actividades de desarrollo financiados por la entidad".  Es decir, se dejarían de lado las normas internacionales en materia de protección de los pueblos indígenas.

Joan Carling, secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (Asia Indigenous Peoples Pact), afirma que es una frustración que el Banco Mundial opte por discriminar y marginar aún más a los pueblos indígenas, en lugar de rectificar su mala herencia con los pueblos indígenas. En Asia, donde ella suele trabajar, esto favorecería a muchos gobiernos que se niegan a reconocer legalmente a los indígenas. "El reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, no está totalmente determinado, lo que es crítico para la protección de los pueblos indígenas en cualquier intervención de desarrollo", enfatiza.

Para Forest Peoples Programme’s, de prosperar la propuesta de la financiera, podría sentar un precedente para otras instituciones financieras multilaterales. "El Banco ha sido históricamente un líder en el desarrollo de protecciones ambientales y sociales cada vez más fuertes, pero este borrador socava esa reputación significativamente", advierte.

De hecho, la verdadera amenaza si se adoptan las políticas propuestas es el impacto práctico e inmediato que estas normas podrían tener para los pueblos indígenas que viven en países donde los gobiernos les niegan sistemáticamente sus derechos (¿alguien recordó el Baguazo?).  

Ante esta iniciativa, varios representantes de los pueblos indígenas de todo el mundo se están movilizando para exigir que el Banco Mundial la retire. De momento, le han enviado un documento firmado por 84 organizaciones de pueblos indígenas e instituciones, 59 colectivos y decenas de personas naturales.  

"… A pesar de que durante estos dos años, las diferentes partes interesadas hemos brindado recomendaciones al Banco sobre cómo podrían fortalecer, ampliar y garantizar la aplicación de las salvaguardas de manera más comprensible y consistente y a través de una gama más amplia de temas sociales y ambientales, el primer borrador de propuesta representa un claro debilitamiento de estas normas, lo cual consideramos inaceptable. Por lo tanto, consideramos indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta.  

El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación. La adopción por parte del Banco del criterio de cumplimiento sin plazos definidos que tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI) elimina los requisitos estrictos que existen en las Salvaguardas actuales, las cuales requieren que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) para proyectos de alto riesgo sean publicadas previo a la aprobación del proyecto. Además, no hay claridad sobre lo que es un Plan de Compromiso Ambiental y Social, cuándo se publicará, cómo se implementará y garantizará su cumplimiento, así como, qué se hará en caso de que se requieran acciones correctivas y cómo y cuándo se estará en conformidad con dicho Plan. Asimismo, el borrador elimina importantes funciones del Banco de supervisión, ya que se basa en la recién revisada OP 10.0 para préstamos de inversión, en la cual ya se había debilitado el requisito de supervisión de la política, cambiándola a una orientación voluntaria. Otra cosa que este borrador elimina es la activación automática de un panel independiente de expertos en el caso de proyectos de alto riesgo, sin que exista un compromiso explícito para que se realice un monitoreo independiente en estos casos. También establece una definición más restringida sobre “área de influencia del proyecto”, así como requisitos ambiguos para proyectos clasificados con “riesgo considerable”.  

Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. Por ejemplo, en el Perú, una nueva ley debilita significativamente la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como, la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Por su parte, el Congreso mexicano recientemente aprobó el primer paquete de regulaciones bajo la reforma energética, las cuales priorizan los hidrocarburos, el gas y la energía, sobre cualquier otro uso de la tierra. Estas regulaciones brindan la oportunidad para expropiaciones de tierra expeditas, además de potencialmente ignorar las áreas naturales protegidas que han sido reconocidas. De manera similar, la recién aprobada Ley  de Minería de Bolivia, permite actividades mineras en áreas protegidas como parques nacionales, además de excluir el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en las actividades de exploración. Asimismo, durante los últimos años los permisos ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura en Colombia se han debilitado. 

Sin las clarificaciones necesarias, el borrador deja al  Banco y al prestatario con menos capacidad de moverse con confianza hacia un enfoque de salvaguardas que contribuya a la construcción de la capacidad para la gestión local del riesgo", dice parte del documento en el cual figuran entidades ligadas al Perú como Amazónicos por la Amazonía (AMPA), Aidesep, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi SC), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto del Bien Común (IBC), entre otras. 

Habrá que esperar qué decide el Banco Mundial.

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