Los casos del suspendido presidente regional César Álvarez y del empresario Rodolfo Orellana son una prueba de fuego para el Ministerio Público, porque son dos investigaciones en las que se tiene que llegar al fondo y establecer las responsabilidades del caso, señaló el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna.

“Así es [el caso Áncash y sobre todo el caso Orellana terminan siendo una prueba de fuego para el Ministerio Público]. Por el bien, en general, de la institucionalidad, es necesario que esto se esclarezca muy rápidamente, que se sepa hasta dónde llegó a penetrar esta red del señor Orellana y que se sancione a quienes hayan incurrido y participado en ella”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, yo creo que frente a estas investigaciones no tiene que quedar ninguna duda de, primero, que se está investigando con total y absoluta imparcialidad, pero también con objetividad y las posibilidades de llegar al fondo de este asunto, y en segundo lugar cómo queda la situación de nuestras autoridades del Ministerio Público, creo que eso tiene que quedar esclarecido y lo más pronto posible”, indicó.

Tentáculos 

Vega Luna indicó que las pesquisas en el caso de Rodolfo Orellana deben servir para descubrir hasta dónde “llegan estos tentáculos” y, del mismo modo, recuperar la confianza de la ciudadanía. Advirtió que el día en que los ciudadanos comiencen a desconfiar de sus autoridades, se generará un problema mayor para la viabilidad e institucionalidad del país.

“El caso Orellana tiene que ser un caso clarísimo donde no quede duda que se está investigando a fondo y que se está llegando justamente a descubrir hasta dónde llegan estos tentáculos, creo que esa va a ser la mejor garantía de que la ciudadanía recupere la confianza, porque aquí el gran problema es que cada vez la ciudadanía desconfía más de las autoridades, las encuestas lo muestran y ese es un grave peligro para las institucionalidad democrática”, anotó.