Ayer la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó el libro La realidad de la minería ilegal en países amazónicos. 

Se trata de un esfuerzo por comprender la realidad de la minería ilegal en los países de la región, identificar las características comunes que tiene esta actividad en distintas partes de América del Sur, extraer experiencias exitosas y lecciones aprendidas que puedan ser aplicadas y replicadas en otros países, y evaluar la posibilidad de realizar acciones conjuntas bilaterales que permitan luchar contra este delito. El estudio ha hecho posible lograr una visión del problema desde una perspectiva regional, contemplando tanto la heterogeneidad entre los países que fueron parte del estudio para definir y medir los problemas de la ilegalidad e informalidad en la minería, como las coincidencias que existen en cada país en cuanto a los modelos de extracción y comercio de los minerales extraídos. 

Los países analizados que son parte de este estudio fueron: Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

La coordinación de la publicación estuvo a cargo de Carmen Heck; y los autores de los casos de estudio por país fueron: Carmen Heck y César Ipenza (Análisis comparativo); Cynthia Silva, Alicia Tejada y Justina Robles (Bolivia); Iloe de Acevedo (Brasil); Leonardo Güiza (Colombia);  Paúl Cisneros (Ecuador)César Ipenza y Lenin Valencia (Perú) ;y Sergio Milano (Venezuela)

LaMula.pe estuvo en la presentación de esta publicación, a cargo de Carmen Heck, y los comentarios, a cargo de Ernesto Ráez, y te trae los resultados y conclusiones más saltantes del estudio 

Características compartidas de la minería ilegal en la cuenca amazónica

1. Suele aparecer en zonas de frontera vulnerables donde la presencia del Estado es escasa.

2. En todos los casos tiene impactos ambientales sinérgicos y acumulativos

3. Aparecen lugares con una recurrente debilidad institucional. Los esfuerzos que se realizan para combatir la minería ilegal suelen estar desarticulado sectorialmente, y suelen tener enfoques mineros y ambientales, sin incluir las otras aristas de la problemática, como por ejemplo, los problemas de salud que ocasiona, o la trata de mujeres y menores de edad.

4. La minería ilegal aparece vinculado a otros delitos, como la explotación sexual, el lavado dinero (a su vez asociado al narcotráfico), y el trabajo infantil.

5. Sin embargo, existen avances normativos y experiencias exitosas en los países de la cuenca amazónica que merecen ser tomados en cuenta por los demás.

Experiencias exitosas en la región

La distinción entre minería informal e ilegal ha facilitado que la minería ilegal sea tipificada como un delito. Esto  ha supuesto un avance en la erradicación de la actividad de aquellas zonas en las que no puede ser realizada. Mientras que Colombia fue la pionera en este desarrollo del derecho ambiental, el Perú incluyó en el delito de la minería ilegal no sólo a la actividad en sí, sino también a toda la cadena productiva y de venta de insumos que hace posible la extracción del oro, así como a toda la cadena de comercialización y exportación del oro hacia los mercados internacionales. Bolivia, por su parte, ha hecho más fácil la sanción del delito, en tanto y en cuanto, de acuerdo a su legislación, no es necesario probar el vínculo entre la minería ilegal y el daño ambiental que produce. Para los bolivianos la actividad en sí ya es delictiva. Asimismo, Colombia Perú y Venezuela han creado zonas de exclusión minera. Finalmente, Colombia ha puesto en práctica un efectivo sistema de rastreo de la maquinaria mediante la instalación de chips que permiten saber dónde se encuentra cada máquina y si es que ésta ha sido transportada hasta las zonas donde se practica la minería ilegal.

Lecciones aprendidas

Se ha llegado a la conclusión que se necesitan reglas y estrategias distintas para minerías distintas. No son lo mismo la minería aluvial y la minería filoneana. Al mismo tiempo, las normas legales aplicadas en los países de la cuenca, no responden a la realidad de la pequeña minería y la minería artesanal, sino que están pensadas para la gran minería formal. Por lo tanto, es necesario adecuar los marcos normativos a la realidad social y tecnológica de los pequeños mineros.

También se hace urgente sincerar la escala de las operaciones mineras y aplicar estrategias diferentes según sea el caso. En el Perú, por ejemplo, el OEFA viene aplicando el principio de la primacía de la realidad para determinar si los mineros son pequeños, medianos o grandes, de acuerdo con el volumen de tierra que remueven y la productividad que tienen sus instalaciones, aunque sin apoyo técnico es difícil avanzar con los procesos de formalización. Los estados deben determinar cuál es el tipo de tecnología que los pequeños mineros pueden utilizar.

Otra de las lecciones a resaltar de este estudio es la ausencia de información sobre los mineros como colectivo.  En general los estados no tienen datos sobre las conformaciones sociales y económicas a través de las que los mineros, artesanales o pequeños, ilegales o informales, se organizan. En Colombia, sin embargo, se realizó un censo minero bastante completo y con una diversidad de caracterizaciones (nivel educativo, lugar de preferencia, edad, etc), mientras que en Venezuela se han realizado estudios sociológicos que describen la estructura familiar de los mineros y, por ejemplo, los roles que cumplen las mujeres dentro de esas estructuras familiares.

Los autores del estudio también vieron conveniente que se deba legitimar el uso de la fuerza pública cuando sea necesario para erradicar a la minería ilegal. 

Acciones que podrían coordinarse

En la presentación del libro también se nombraron una serie de medidas que podrían adoptarse bilateralmente, o en su defecto, regionalmente, para luchar contra la minería ilegal. Estas medidas, se resumen en los siguientes cuatro puntos:

1. Sistematizar y democratizar los sistemas de información. Es necesario crear registros compartidos entre los países, para que si una persona identificada como minero ilegal en un país. pueda también ser identificada como tal en otro país

2. Es necesario favorecer el intercambio de experiencias entre países para mejorar los marcos normativos tomando en cuenta las experiencias exitosas que se han tenido en la región

3. En tanto los impactos ambientales que produce la minería ilegal se acumulan de manera ecosistémica, y el mercurio, por ejemplo, puede ser transportado por los ríos cuenca abajo hacia otros países, se necesitan acciones coordinadas para la remediación ambiental y para el control de las fronteras.

4. Es necesario ejercer presión hacia los países que vienen insumos que facilitan la producción de oro ilegal, ya se los países que son compradores del oro ilegal

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