Los comentarios en torno al documento aprobado en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Cusco la semana pasada continúan, sobre todo de manera crítica debido a las carencias que presenta y por no haber tomado muchos de los puntos sugeridos y sustentados por la sociedad civil. 

"Sin duda es una buena noticia que se haya aprobado el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, más aun cuando reconocemos en él aportes importantes tales como la amplitud e integralidad de la conceptualización de derechos humanos, el reconocimiento de las políticas y normas internacionales establecidas en los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano y la necesidad de transversalizar la promoción y defensa de los derechos humanos en las políticas públicas, aportando para tal fin un cuadro de indicadores. Sin embargo, no queda clara la temporalidad del Plan. Formalmente la propuesta es para dos años 2014-2016, sin embargo a juzgar por los contenidos de la propuesta por lo menor requeriría unos 5 a 10 años para su implantación y justamente lo que falta es una propuesta operativa con metas y resultados muy concretos por cada año", dice Isabel Coral Cordero a LaMula.pe.

Para la socióloga y reconocida defensora de los derechos humanos, tampoco queda muy clara la necesidad del diseño de un nuevo plan estratégico. Cuando la elaboración del primero insumió un tiempo prolongado, su implementación no había sido aun significativamente desplegada, la problemática de los derechos humanos se mantuvo en lo fundamental y los conceptos y contenidos básicos se habían mantenido en gran medida y en todo caso estaba abierta la posibilidad de incorporar precisiones, ampliaciones y/o modificaciones en el proceso de su implementación. 

A continuación compartimos sus comentarios elaborados en exclusiva para nuestro portal.

Seguramente en condiciones óptimas, con procesos de crecimiento y desarrollo garantizados, sin las brechas de pobreza y desigualdad históricamente acumuladas y sin la pesada deuda del pasado, la transversalizacion del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas tendría hasta efectos preventivos importantes. Lamentablemente en nuestro caso, a juzgar por el despliegue del concepto a lo largo del documento, se trata en lo fundamental de un mecanismo de adelgazamiento de la línea divisoria entre las políticas y acciones regulares del Estado y aquellas especificas orientadas a la protección y promoción de los derechos humanos, lo que termina diluyendo la responsabilidad efectiva del Estado en esta materia.

"El proceso de defensa y promoción de los derechos humanos en el país no ha logrado consolidarse. Buena parte del tiempo durante los tres últimos gobiernos han sido invertidos en tareas de diseño y elaboración de planes de mediano y largo plazo. Así, de la presente gestión han transcurrido tres años en el que la temática no fue atendida y en el mejor de los casos la intervención fue puntual, dispersa e improvisada y probablemente en dos años más será nuevamente reemplazado por el nuevo instrumento de planificación. Es una exigencia nacional que la defensa y promoción de los derechos humanos se institucionalicen a través de políticas de estado que trasciendan a los gobiernos de turno, cuya continuidad esté garantizada más allá de los intereses particulares de los gobernantes.

El enfoque teórico conceptual

Con relación al concepto de derechos humanos, efectivamente la acepción asumida es amplia e integral, no ha logado recoger la importante experiencia y debate desarrollado en torno al conflicto armado interno y sus consecuencias.

Las diversas formas de afectación colectiva tales como: las incursiones sistemáticas, arrasamiento comunal, éxodo masivo, cooptación y control de comunidades y cautiverio de comunidades entre otros, no solo han constituido formas principales de afectación, también diferenciales respecto de otras experiencias en la región y el mundo, solo comparable en alguna medida a Guatemala y Sudáfrica. Habría sido interesante profundizar el tratamiento de esta temática iniciada por la CVR.

Un aporte central del documento es la prioridad que le concede a la afirmación del rol del estado como garante de la protección y promoción de los derechos humanos, especificando su compromiso con el respeto de las libertades necesarias para el desarrollo de su plan de vida, así como con la facilitación del acceso de todos al desarrollo (aun cuando no se compromete directamente con la promoción del desarrollo propiamente). Sin embargo, no hay una asunción explicita de las responsabilidad del estado en los crímenes de violación de los derechos humanos, por tanto su compromiso como estado con el respeto irrestricto de estos derechos.

Para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos no será suficiente con la transversalizacion del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, será fundamental la creación de condiciones de desarrollo sostenible y el acceso a derechos universales del conjunto de la población.

Es importante la relación que se establece entre el disfrute y ejercicio pleno de los derechos humanos y el sistema democrático, sin duda es la democracia el escenario más adecuado para este fin, sin embargo esta relación no se agota en la elección de las autoridades, se trata principalmente de que el sistema ofrezca condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y institucionalizar del acceso de todos a los peruanos a los derechos universales: educación, salud, trabajo y servicios básicos, como condiciones para su desarrollo personal y social.

En esta perspectiva la inclusión social enfatizada en el documento no es más que una estrategia y mecanismos para compensar y corregir los desequilibrios generados por el déficit y vacíos del sistema democrático y los esquemas de desarrollo adoptados.

Cuando el documento establece la relación entre crecimiento, desarrollo y derechos humanos nos surgen algunas preocupaciones, en términos generales podríamos suscribir la expresión “sin crecimiento y desarrollo económico no existe posibilidad de una debida implementación de, PNDH”, esto supone entonces que sociedades que no tienen posibilidades de crecimiento y desarrollo, quedan restringidos en cuanto al disfrute y ejercicio de sus derechos. Por otro lado en la acepción más concreta de la frase, el rol de protección y promoción de derechos humanos del estado, se restringe en relación directamente proporcional al crecimiento y el desarrollo.

Todo lo contrario, en cualquier circunstancia sea cual sea el modelo de crecimiento y desarrollo económico, el disfrute y ejercicio pleno de los derechos humanos deben estar plenamente garantizados y más aún en situaciones de crisis económica política y social es cuando debe afirmarse el rol protector y promotor del estado.

Probablemente el aporte y objetivo principal del Plan ha sido el desarrollo del concepto de transversalizar los derechos humanos en las políticas públicas, es decir los derechos humanos como enfoque. Seguramente en condiciones óptimas, con procesos de crecimiento y desarrollo garantizados, sin las brechas de pobreza y desigualdad históricamente acumuladas y sin la pesada deuda del pasado, la transversalizacion del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas tendría hasta efectos preventivos importantes. Lamentablemente en nuestro caso, a juzgar por el despliegue del concepto a lo largo del documento, se trata en lo fundamental de un mecanismo de adelgazamiento de la línea divisoria entre las políticas y acciones regulares del Estado y aquellas especificas orientadas a la protección y promoción de los derechos humanos, lo que termina diluyendo la responsabilidad efectiva del Estado en esta materia.

La promoción de una cultura de derechos humanos

Es un acierto que se haya consolidado este componente de promoción de una cultura de derechos humanos, es aún significativa la dispersión y superposición de temas y la subsecuente dificultad para diferenciar los programas y acciones propios del plan y las que corresponden a los diferentes sectores del estado, ajustes y precisiones podrían hacerse en el mismo proceso de implementación. Lo que es importante garantizar es la asignación presupuestal correspondiente.

Una ausencia importante está referida a cómo transitar desde un Estado transgresor de derechos humanos al de un Estado protector y promotor de los derechos humanos, es necesario incorporar un módulo formación y difusión que sistematice el rol del Estado peruano en la experiencia reciente y la reforma de los planes curriculares de las formación de las fuerzas armadas y policiales.

Finalmente, es inexplicable que no se haya incorporado los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional en la curricular de educación básica regular y universitaria. Somos  conscientes de que este es un aspecto controversial, pero hay que enfrentar el problema, no se puede obviar una realidad tan grande como esa, que por lo demás fue una acción del propio Estado, sobre la base de este informe, podrían encontrarse mecanismos para alentar un debate nacional orientado a construir espacios de encuentro y efectiva reconciliación.

Sobre la incorporación del enfoque de DDHH en las políticas públicas

Este es el eje central del Plan, busca incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, el esfuerzo es importante, pero la dispersión es tan grande que ha terminado difuminada la línea divisoria entre los programas regulares del estado que el Plan de derechos humanos es todo y nada. Quizás era necesario iniciar una primera etapa con algunos criterios y prioridades.

Considerando los compromisos asumidos por el presidente Ollanta en su Plan de Gobierno y durante su campaña, debió iniciarse con las políticas públicas que facilitan el acceso de la población a derechos universales: educación, salud, trabajo y servicios básicos, a pesar del crecimiento económico sostenido, no hay avances en este terreno, inclusive nuestros índices están debajo del promedio de la región. La inversión es estos rubros si tiene un efecto preventivo de los derechos humanos, pero necesitamos indicadores de acceso, indicadores de calidad y sobre todo incremento de significativo de la asignación presupuestal. Esto es lo que el plan debe garantizar.

Otro paquete de políticas públicas que merecían ser priorizadas son las de inclusión social, el objetivo desde el plan estaría orientado a compensar las inequidades, cerrar las brechas de desigualdad generadas por políticas y modelos excluyentes. Lamentablemente las políticas sociales y de inclusión social, se han movido hasta el momento en el plano asistencial, se trata entonces de garantizar el salto hacia políticas y acciones efectivamente rehabilitadoras del rol protagónico de los actores excluidos en los procesos de desarrollo personal y social.

Un tercer paquete de políticas públicas son aquellas que están orientadas a intervenir sobre los factores de riesgo que favorecen hoy la transgresión de los derechos humanos. Increíblemente el plan no hay un diagnóstico preciso, explícito al respecto, en todo caso esta estos elementos están bastante diluidos. En nuestra modesta opinión, estos serían: el narcotráfico, el impacto negativo de los megaproyectos de desarrollo y los conflictos sociales, corrupción y crimen organizado, los rezagos del terrorismo subsistentes y los accidentes de tránsito. La pregunta es existen políticas públicas para enfrentarlos, cuáles serían los indicadores de derechos humanos que debemos incorporar.

Políticas a favor de los grupos de especial protección

Este tercer eje del plan anuncia políticas a favor de grupos de especial protección, a diferencia del eje anterior, se trataría de políticas públicas especiales de responsabilidad específica del Plan y la institucionalidad que la representa en este caso el Ministerio de Justicia y en específico el viceministerio de Derechos Humanos.

Nos preguntamos entonces cuales son los segmentos de población afectados por la violación masiva y/o persistente de sus derechos humanos y el respeto de su dignidad y cuales los fenómenos específicos que las ocasionan. Esto supone sin duda un diagnostico específico en cada periodo. A las prioridades de hoy se suman las deudas del pasado.

Sobre las prioridades de hoy no existe un diagnostico desarrollado, pero tampoco existe una explicación de las razones y criterios que explican una priorización tan amplia de temáticas y segmentos de población establecidas en el plan, más aun cuando en el diseño los objetivos y líneas de acción se termina cooptando nuevamente las políticas y programas regulares del estado. Nuevamente la dispersión y la dilución de la propuesta.

Otro paquete de políticas públicas que merecían ser priorizadas son las de inclusión social. El objetivo desde el plan estaría orientado a compensar las inequidades, cerrar las brechas de desigualdad generadas por políticas y modelos excluyentes. Lamentablemente las políticas sociales y de inclusión social, se han movido hasta el momento en el plano asistencial, se trata entonces de garantizar el salto hacia políticas y acciones efectivamente rehabilitadoras del rol protagónico de los actores excluidos en los procesos de desarrollo personal y social.

Si intentáramos adelantar un esquema de los problemas del hoy y las deudas del pasado la situación podría ser más o menos la siguiente:

Paquete 1: Los problemas y prioridades de hoy

1. El impacto negativo del narco trafico: población rural comunera de sierra y selva.

2. El impacto negativo de la presencia activa de los rezagos del terrorismo. Población rural y población joven de los centros universitarios e institutos.

3. Impacto negativo de los megaproyectos de desarrollo, principalmente extractivos: Población rural, comunidades rurales de la sierra y la selva.

4. Violencia política, corrupción y crimen organizado. Afectados, líderes políticos, autoridades locales y regionales, población en general.

5. Inseguridad ciudadana: principalmente población urbana

6. Accidentes de tránsito: Principalmente población urbana en menor proporción la población rural.

7. Desplazamiento forzado desde el 2001 a la actualidad. Afectados población rural comunera sierra y selva.

8. Reparación de víctimas de crímenes y violación de derechos humanos del 2001 a la actualidad.

Paquete 2: Las deudas del pasado reciente

1. Desplazamiento forzado de cerca de un millón de peruanos. Afectados 70% de población rural sierra y selva, 20% población urbano marginal y 10 sectores medios y altos. Pendiente.

2. Reparación de víctimas del conflicto armado entre 1980 y el 2000, reparación económica de 69 mil víctimas graves y reparación no dineraria de más de 2 millones de peruanos mayoritariamente rurales.

3. Reconstrucción integral de 60º comunidades rurales totalmente arrasadas durante el conflicto armado.

4. Investigación y judicialización de más de 4 mil lugares de entierro que a pesar del tiempo transcurrido permanecen intactos. Población rural.

5. Investigación y judicialización de aproximadamente 300 mil mujeres rurales mayoritariamente en situación de extrema pobreza que fueron sometidas a esterilización forzada.

6. Promoción y fomento de la reconciliación nacional.

Si analizamos la problemática del desplazamiento forzado en el país podremos acercarnos mejor a la complejidad que el Plan necesita recoger, Los desplazados como consecuencia del conflicto armado interno fuero aproximadamente 1 millón, de estos regresaron más de la mitad principalmente con sus propios recursos. Ninguna de las partes tuvieron apoyo significativo, la restitución de sus derechos están pendientes.

A estos se suman un nuevo flujo de desplazamiento forzado a partir del 2000, esta vez los factores causales son múltiples, el narcotráfico, los rezagos de terrorismo, el crimen organizado, pero principalmente por el impacto negativo de los megaproyectos de desarrollo en particular las extractivas. Estos nuevos casos no están siendo registrados, no existe una legislación adecuada y tampoco constituyen una prioridad expectante en el plan, se encuentran incluso por debajo de los migrantes extranjeros.

El tema de las reparaciones es otro ejemplo importante, el plan nacional fue diseñado para ser ejecutado en 10 años, asumiendo la presente gestión la responsabilidad de la ejecución del 50 % del mismo, para lo cual el estado debiera garantizar una asignación presupuestal de 200 millones de soles anuales durante los 5 de gobierno.

El presente Plan de Derechos humanos anuncia la continuidad del programa como un componente del tercer eje, en los mismos términos como han sido implementados hasta el momento, al respecto nuestras observaciones son las siguientes:

1. Hasta el momento no ha podido modificarse la norma emitida por el Gobierno del Presidente García que restringe el registro de víctimas con derecho a reparación económica, lo que supone que la reparación excluirá a un segmento importante de las victimas principalmente rurales de las zonas más alejadas.

2. La asignación presupuestal durante el gobierno de García y la presente gestión ha sido equivalente a menos de la tercera parte del previsto en el diseño del plan, lo que supone que el plazo de implementación del plan se extiende de 10 a más de 30 años, lo que supone que una buena parte de victimas morirán sin acceder a sus derechos y la calidad de los servicios se devaluaran en su calidad y oportunidad.

3. Tampoco han tenido la voluntad de modificar el monto de reparaciones económicas, manteniéndose el monto de 10 mil soles por victima que se diluye en la distribución debido al gran tamaño de las familias. El efecto reparador se pierde por la dimensión del daño.

Finalmente, después del 2000, se han producidos nuevos hechos y crímenes de violación de derechos humanos, ocasionados por nuevos y viejos factores de riesgo, tales como la muerte de soldados, dirigentes comunales, población en general. Sin embargo estos no están siendo registrados y menos atendidos, el Plan nacional de reparaciones en marcha no los comprende. Tampoco la propuesta abre la posibilidad de su inclusión.

En conclusión, para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos no será suficiente con la transversalizacion del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, será fundamental la creación de condiciones de desarrollo sostenible y el acceso a derechos universales del conjunto de la población. Así como la responsabilidad efectiva del estado en la protección de sectores de población cuyos derechos humanos han sido transgredidos y/o se encuentran amenazados, incidiendo también en la anulación de estos factores de riesgo.