Mientras el gobierno destaca la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, como instrumento de gestión que apunta a ser el eje rector de las políticas públicas del Estado sobre la materia, las reacciones críticas crecen, desde organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a la comunidad LGTBI hasta la sociedad civil.

Y es que, por ejemplo, en ninguna parte del documento se considera a los gays y lesbianas, tampoco se menciona a las víctimas del conflicto armado interno; se habla de implementar programas sociales para éstas y no de reparaciones, entre otras carencias.

No se podrá implementar

"Somos conscientes de que en el país, la agenda de verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales ha sido, por decirlo menos, insuficiente atendida. No existe una política sobre memoria, y además los mecanismos llamados a cumplir el rol principal de reparación a las víctimas, como el Consejo de Reparaciones, no cuentan con el apoyo ni los recursos necesarios para realizar una labor eficaz", dice Denise Ledgard, directora del Lugar de la Memoria (LUM), a LaMula.pe. 

En su opinión, si bien puede haber algunas cosas positivas en el plan, hay carencias que no se pueden pasar por alto. "En el tema de reparaciones, por ejemplo, es un avance que contemple la implementación de la Ley 29979 que derogó el criterio de priorización del pago por edad a las víctimas de la violencia y estableció que el nuevo criterio de priorización sería el de la fecha de ocurrida la afectación. Pero hay disposiciones que no podrán ser cumplidas, como en materia ambiental cuando se señala que se garantizará la existencia de ecosistemas saludables viables y funcionales, o el establecimiento de mecanismos de participación en materia ambiental. "Disposiciones que se contradicen con las últimas normas del llamado #PaquetazoCastilla", subraya.

"Lo que me parece terrible es que recién se apruebe el Plan 2012-2016 a mediados del 2014. Se trata de un tema pendiente y una deuda del Poder Ejecutivo con los peruanos y sobre todo con quienes trabajaron en su momento para la elaboración del mismo. Se sabe además que el plan anterior 2005-2010 (ampliado al 2011) no fue efectivamente implementado y que el reto de éste era la incorporación coherente de las políticas nacionales llamadas de 'obligatorio cumplimiento' (¡como si todas no lo fueran!) para esta nueva gestión, por todos los sectores del Estado", añade.

Desde su parecer, la implementación de este Plan quedará en el papel si se tiene en cuenta que su evaluación está proyectada al finalizar su segundo año de vigencia, en julio del 2016. "Para ese entonces estará entrando un nuevo gobierno. Estamos entonces frente a un plan, que tendrá vigencia efectiva de un año, de manera realista, y que ni siquiera podrá ser evaluado. Mover a todos los sectores para la implementación de este plan, priorizando las políticas con enfoque de derechos sobre otras, implementando mecanismos nuevos y promoviendo normativas, en este corto período, es irreal", finaliza Ledgard.

No existen, no tienen protección

"No estamos ante un Plan de Derechos Humanos sino ante un remedo", dice Giovanny Romero Infante, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), a LaMula.pe, al referirse al plan aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.  

Su reacción es comprensible, pues en el plan el Estado peruano no considera a lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (la comunidad LGTBI), con lo que quedan sin ningún tipo de protección.

"El Perú tuvo el triste privilegio de tener, entre 2006 y 2010, el primer Plan Nacional de DDHH que en lugar de reconocer derechos, los recortaba. Ese primer plan, aprobado por Alejandro Toledo, sufrió tachas de la Conferencia Episcopal Peruana y del Comando Conjunto de las FFAA, que una noche antes de su promulgación no solo borraron acuerdos previos como marcos normativos contra la discriminación y los crímenes de odio, sino que colocaron dos cláusulas candado para que en el Perú no se discuta el matrimonio igualitario y para que las FFAA queden fuera del mandato de no discriminar a personas homosexuales, medidas evidentemente inconstitucionales pero que estaban contenidas en ese primer Plan", recuerda. 

Como se sabe, durante el régimen de Alan García no se implementó el plan y el actual gobierno tomó cartas en el asunto. En noviembre del 2012 se terminaron las consultas con la sociedad civil con un consenso de 18 acciones que el Estado debía desarrollar para garantizar los derechos humanos y ciudadanos. Éstas pasaron luego a 14 acciones y después a 7. Finalmente, todo quedó en nada.

"Pasar de un Plan de Derechos Humanos que limitaba los derechos LTGBI a uno en el que simplemente desaparecen no solo muestra el desprecio que tiene este gobierno para con las personas LTGBI, también viola los compromisos de nuestro país ante Naciones Unidas y la CIDH, así como las observaciones recibidas en los últimos años en estas instancias. No es coincidencia que este Plan lleve también la firma del ministro Urresti, que está procesado por violar derechos humanos, y que se haya promulgado días después de que el MEF impusiera un paquetazo tributario y medioambiental sin debate ciudadano y contra los derechos humanos y ambientales", explica Romero.