Presidentes regionales presos y prófugos, otros –la mayoría– son investigados por diversos delitos. Lo que se debe hacer es revisar qué falló, por qué fracasaron los sistemas de supervisión –desde la Contraloría al MEF, pasando por el Congreso–, y replantear las estructuras de gobierno regional para que se alineen con el objetivo inicial de desconcentrar poder en beneficio de los ciudadanos, señala el periodista Augusto Álvarez Rodrich en su columna de hoy en La República que compartimos.

Tres presidentes regionales presos, uno prófugo, y otros en la misma ruta, es un panorama desolador por la sensación de fracaso de un modelo descentralizador manchado hoy por la corrupción.

César Álvarez (Áncash) cumple prisión preventiva por 36 meses, procesado por homicidio calificado de Ezequiel Nolasco, asociación ilícita para delinquir y la ‘Centralita’.

Gregorio Santos (Cajamarca) y Kléver Meléndez (Pasco) cumplen prisión preventiva por 14 meses por contratación irregular de obras, cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Gerardo Viñas (Tumbes) está prófugo luego de que se le dictara nueve meses de prisión preventiva por colusión agravada, falsedad genérica y abuso de autoridad.

Yván Vásquez (Loreto) afronta seis procesos judiciales por varios delitos, al igual que Wilfredo Oscorima (Ayacucho) y Jorge Velásquez (Ucayali). A su vez, Juan Manuel Guillén (Arequipa) está siendo investigado por peculado, omisión y/o retardo en el ejercicio de sus funciones.

No son los únicos pues hay varios otros denunciados que también podrían terminar en el Poder Judicial. A Luis Raúl Picón (Huánuco), por ejemplo, le han encontrado millonarias cuentas bancarias.

Se podrá decir que son expresiones positivas de lucha anticorrupción, lo que es cierto, pero también son consecuencia, por un lado, de que algunos presidentes regionales se ‘pasaron de la raya’ al asesinar para seguir robando, o de la urgencia del Ministerio Público y del Poder Judicial de dar señales de acción cuando algunos de sus miembros de alto nivel también andan comprometidos con el asalto al erario.

En medio de este panorama regional de carácter carcelario, en tres meses se elegirá nuevas autoridades –aunque algunos procesados se han lanzando a la reelección–, pero nada garantiza que el relevo vaya a significar un cambio importante si no se repiensa el proceso de regionalización, no con el fin de retroceder en el mismo sino, por el contrario, para fortalecerlo y relanzarlo.

Eso es lo que ahora hace falta, revisar qué falló, por qué fracasaron los sistemas de supervisión –desde la Contraloría al MEF, pasando por el Congreso–, así como replantear las estructuras de gobierno regional para que se alineen con el objetivo inicial de desconcentrar poder en beneficio de los ciudadanos.

Y, también, de pensar, más allá del gobierno regional, lo que está sucediendo en otras instancias del sector público, como municipios provinciales y distritales, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, Congreso, o algunos ministerios. A ver quién tira hoy la primera piedra.