El diario La República reporta que se registraron incidentes en la cuarta audiencia del juicio oral contra los 53 procesados  en el caso "Curva del Diablo", por los hechos ocurridos durante el paro amazónico de 2009. 

De acuerdo al diario, el fiscal de José Novoa Vásquez se negó a apartarse del proceso tal como solicitaron el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ejercen la defensa de los acusados.

La semana pasada el IDL remitió una carta al Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, donde solicita que retire al Fiscal Superior Adjunto José Novoa Vásquez porque “no cumple con los requisitos mínimos de idoneidad profesional y moral para participar en este caso emblemático”. A Novoa se le acusa de no haber de acceder a la petición de la Fiscalía Superior para proporcionar antes de cada sesión los nombres de los procesados a quienes se interrogará. 

La defensa basa este pedido en el enorme gasto económico que significa para los acusados trasladarse desde las comunidades en las que residen. De igual manera, se señala en la misiva que el referido fiscal interrogó durante 10 minutos al acusado José Vargas Fernández, aún cuando su abogado había renunciado. 

Vargas Fernández solo tuvo 5 minutos para conversar con su nuevo defensor, un abogado de defensa pública. Por si fuera poco, se indica también que Novoa Vásquez utilizó frases racistas cuando interrogó al acusado José Pío Cordóva Barco. El fiscal le preguntó al acusado “en su calidad de persona normal” si había podido observar a algunos indígenas por el lugar de los hechos. El término normal aludía a su condición mestizo y no de indígena (quienes serían los anormales).

Por otro lado, la negativa de la sala a variar el arresto domiciliario por comparecencia de Danny López Sawit y se exigió un pago de una caución. Como se recuerda López Shawit fue acusado de ocasionar muertes en la Carretera Fernando Belaúnde, donde fue detenido cuando trataba de esconderse en una ambulancia. Fue posteriormente encarcelado, a pesar que la prueba de absorción atómica indicó que no hizo ningún disparo.

Como vemos, el juicio por los terribles hechos del 5 de junio del 2009 se presenta como un proceso escabroso y con algunas irregularidades. Cabe, añadir, además, que el juicio a los generales policías y demás gobernantes que ordenaron el operativo en la Curva del Diablo aún no se inicia por la lenidad del Ministerio Público, que cinco años después, inexplicablemente, aún no termina de elaborar el expediente.

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