LaMula.pe entrevistó al director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Ricardo Soberón, a propósito de la presentación en Perú de la campaña Don´t punish, support. Son tres países latinoamericanos los que se han unido a la nueva visión que propone esta campaña: Costa Rica, Colombia y Perú. 

Soberón nos explicó que las políticas actuales contra las drogas "generan una crisis humanitaria en el sistema penal de varios países. El Perú es una muestra de ello. La única respuesta de los estados ha sido más penas, más represión, más delitos. Esto no ha reducido la tendencia de las drogas", dice.   

La experiencia peruana llevada a esta campaña le dice al especialista en narcotráfico que hay una necesidad de "reducir la sanción solo allí donde hagamos daño al crimen organizado. En el Perú, el 60% de las detenciones policiales por delito de drogas son por actos de consumo, y eso no funciona".

¿Esta visión es tan solo teórica? El exjefe de Devida repasa algunos de los trabajos y logros del gobierno en relación con esta visión de reducción de daños ocasionados por multiplicar el castigo, la manera que él cree que Support, dont punish está funcionando en el país:

1) Diálogo con el el Ministro de Interior para que no se detenga a consumidores (posesión para consumo personal no está penalizado).

2) Desarrollo de un proyecto de ley para expulsar extranjeros 'burriers' que hayan cumplido un tercio de la condena (política de deshacinamiento penitenciario).

3) Incentivar que no se erradique de manera forzosa (la opción de la reconversión productiva).

De aquí para adelante

Soberón nos contó que en el Perú, en materia de drogas ilegales, "la tendencia no es para nada halagadora. En los próximos cinco años se centrará la producción de pasta base con dirección a Brasil, y esa nueva tendencia va a poner en el foco internacional al Perú y a Brasil. Tenemos que detener eso", sostiene.

A pesar de ello, Soberón destaca algunos de los esfuerzos gubernamentales por revertir este escenario, previniendo un "conflicto severo" con quienes están dispuestos a hacerle la guerra a la erradicación forzosa con armamento pesado, refiriéndose a los últimos choques en el Vraem.   

El sector cocalero respondió a la convocatoria de un paro regional el 14 de mayo, y los ánimos de la población no estaban del lado de las actuales iniciativas gubernamentales. Con la llegada Alberto Otárola a Devida, se ha "terminado dos años y medio de secuestro de la política de drogas por parte de la Sra. Masías, Cedro, y el NAS (Narcotic Affairs Section de la embajada de EE.UU) que está metido dentro del Ministerio del Interior, en el CORAH, donde está el señor (General PNP) Juan Zarate Gambini, quien estuvo en Palmapama listo para empezar la erradicación".

¿Por qué el narcotráfico está dos pasos adelante?

Para Soberón, las políticas antidrogas están rezagadas. La pasta básica se mueve hacia el sur, y, como economía, empieza a tener contacto con la minería ilegal. El especialista dice que en Madre de Dios y en San Juan del Oro ya se habla de "los vraínos" (gente del VRAEM).

Otra razón citada por el especialista para explicar el rezago en materia antidrogas está en las metas de erradicación. Estas metas no necesariamente indican efectividad en la lucha contra las drogas, ya que, en el mundo, de las 400 toneladas de cocaína que llegan a mercados extranjeros (sin ser incautada) "lo que hacen los narcos es cortarla, la triplican y la vuelven a su estado original de 1100 toneladas (700 toneladas son decomisadas por la policía del mundo), solo que con menos grado de cocaína. Es la respuesta empresarial al decomiso de drogas".

En la inteligencia necesaria para enfrentar al narcotráfico también tenemos un serio déficit. De acuerdo a Soberón, la policía actúa sobre "soplos de un pase" y "nos falta dar un paso adicional: déjenlos pasar con la carga para poder identificar el conjunto (entrega vigilada)", de tal manera que la policía no pierde el tiempo en burriers o campesinos, sino que se dedicaría directamente a identificar y actuar sobre el crimen organizado.  

Las organizaciones internacionales cada vez tienen menos influencia sobre las políticas antidrogas peruanas, asegura Soberón. Países como México con Peña Nieto y su método para desbaratar los carteles más poderosos, Santos en Colombia y su acuerdo con las FARC para liberarse las tierras de cultivos ilícitos, Brasil y la propuesta de un diputado a favor de la regularización del mercado de marihuana, Bolivia y su posición frente al mundo sobre la hoja de coca, Ecuador y los indultos a presos por narcotráfico, son indicios de que, según Ricardo Soberón, "América latina le está diciendo a Estados Unidos ya basta".

El archipiélago

En el Perú, la producción de pasta y de clorhidrato se distribuye a manera de archipiélago en distintos puntos de nuestro territorio, explica Soberón. Los negocios de drogas ilícitas son liderados por clanes familiares o de campesinos, quienes se adueñan de un segmento del negocio.

Es así que "acopian en Huancayo, acopian en Huamanga, acopian en Cuzco. Hay otros que son especialistas en el traslado: tienes tu sistema de cargachos mochileros. Hay otros que se especializan en el preembarque, tienen un almacén general en el Callao o en Paita, acopian y guardan hasta que hay pedidos".

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