Nuevas lecturas
El 'Paquete Castilla' arroja otra luz a la evaluación de la OEFA a los gobiernos regionales en materia de fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
La evaluación de las actividades de fiscalización ambiental en los gobiernos regionales, cuyos resultados fueron hechos públicos por la OEFA el pasado martes, aparece en un contexto y en un momento crítico para el actual Ministerio del Ambiente (Minam) al que este organismo está adscrito. Aparecen, precisamente, cuando el Minam ha recibido un durísimo golpe con la aprobación de un paquete legislativo, entre cuyos blancos están la certificación ambiental, la consulta previa, la descentralización y, específicamente, el organismo que es autor de este estudio: el OEFA.
Así, más allá de los resultados, veamos qué lecturas se abren sobre la pertinencia y el significado de este estudio de evaluación a la luz de un nuevo escenario político.
Varas distintas para delitos similares
Considerado que a los gobiernos regionales les compete la fiscalización ambiental de los pequeños mineros y mineros artesanales, mientras que el propio OEFA tiene concentrado a su cargo esta tarea para la mediana y gran minería, así como para los proyectos petroleros, a la luz del paquete de reactivación económica lanzado recientemente, la publicación del Informe 2013 Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal refuerza la imagen de un gobierno que no mide con la misma vara a grandes y pequeños.
Este gobierno ha interdictado no sólo a mineros ilegales, también lo ha hecho con mineros en vías de formalizarse, mientras que las sanciones que ha impuesto la OEFA a Pluspetrol por la contaminación de la cuenca del Corrientes, –un conflicto social que se ha crispado durante los últimos días– no parecen suficientes. Más aún, la empresa intentó desconocer los hechos materia de sanción y la OEFA tuvo que responder mostrando las fotos que mostraban la contaminación en lagunas y tierras por restos de hidrocarburos. De contar con el arma legal de las interdicciones para sancionar los delitos ambientales ocasionados por esta petrolera, u otras empresas extractivas, ¿cabría imaginar un operativo militar de interdicción en el campamento de la Pluspetrol en Loreto, tal como los montados para el corredor minero de Madre de Dios?
Es evidente que no.
La condonación de deuda tributaria a miles de empresas, otra buena parte del 'Paquete Castilla', no deja bien plantados a los esfuerzos que se han venido realizando para identificar y sancionar los casos de lavado de activos vinculados a la minería informal e ilegal.
El pez grande se come al pequeño
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se come al Minam, el Minam se come a los gobiernos regionales.
Mientras el MEF recortaba sistemáticamente atribuciones y funciones para al Minam, sin que este pudiera hacer gran cosa por evitarlo, el Minam evalúa y fiscaliza la actuación de los gobiernos regionales. En la presentación de los resultados de este informe, representantes de la OEFA incidieron en que los funcionarios regionales que omitan cumplir con las labores de fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal podrían ser encausados tanto administrativa como penalmente. En simultáneo, el mismo martes se hicieron públicas unas declaraciones de Pulgar Vidal en las que reclamaba que debía ser el ejecutivo, y no los gobiernos regionales, quien fiscalizara las plantas que procesan oro ilegal en Ica y Arequipa. El pedido aparece en un contexto en el que el Ejecutivo presiona por re–centralizar algunas de las funciones antes delegadas en los gobiernos regionales, por un lado, y por otro, nuevamente, en la coyuntura de una institución que ha sido duramente golpeada, y que, en el caso de la OEFA, verá como en los días sucesivos se le recortarán poderes tanto su principal mecanismo de financiación: las multas. Incluso se ha hablado que los nuevos directores de la OEFA serian bastante más afines a las políticas del MEF que propone Castilla que los actuales.
De esta manera, las luchas políticas del Minam aparecen circunscritas por el resto del Ejecutivo a la problemática de la minería ilegal y la formalización minera: una batalla que la imagen del actual ministro ha pasado a encarnar. Sin embargo, las medidas de Castilla incluso podrían hacer tambalear Pulgar Vidal en este campo. En tanto uno de los objetivos políticos de las federaciones mineras durante las pasadas marchas y huelgas de marzo y abril fue lograr la renuncia de Pulgar–Vidal, puede que el paquete de normas impulsado por Castilla haya logrado por ellos todo lo que la Marcha Minera de los 4 Suyos no consiguió. Uno los rumores que han rodeado al 'Paquete Castilla' ha sido la posible renuncia de Pulgar Vidal al Minam. Según fuentes allegadas, Pulgar Vidal presentaría su carta de renuncia luego de celebrarse la COP20 en Lima, donde el actual ministro tendrá el reto de fungir como anfitrión del mayor evento sobre cambio climático en el mundo, y al mismo tiempo representar a un gobierno que acaba de emitir unas normas que favorecen la emisión de gases con efecto invernadero y la explotación de combustibles fósiles en ecosistemas frágiles como el Amazónico.
¿Voluntad política?
Preguntado el martes ayer sobre esto, Mauricio Cuadra, subdirector de supervisión a entidades de la OEFA, consideró que si los gobiernos regionales no cumplen con las funciones de fiscalización y evaluación ambiental que les competen es, sobre todo, por falta de voluntad política.
Se trata de una respuesta cuestionable.
Este gobierno utilizó un argumento similar para justificar el bajo número de mineros formalizados al término de la fecha del 19 de abril. Luego, se supo que las ventanillas únicas no contaban con personal capacitado ni recursos suficientes para las dimensiones de la tarea que les había delegado el Ejecutivo a través de un paquete de normas que habían nacido con su propio presupuesto. Y con este tema como pelota, la PCM y los presidentes regionales estuvieron jugando al tenis. Los presidentes regionales se quejaron que el Ejecutivo no había asignado presupuestos ni recursos suficientes para la realización de la tarea, y desde la PCM acusaron que los gobiernos regionales no habían solicitado los recursos necesarios.
Da la impresión que con la evaluación de las funciones de fiscalización ambiental que deberían emprender los gobiernos regionales sucede algo parecido. ¿Con qué recursos? ¿Por qué no se solicitan esos recursos? Pero, sobre todo, ¿qué tan fácil es que este MEF, con Castilla a la cabeza, apruebe la utilización de dineros públicos a los gobiernos regionales, más aún cuando la tarea en cuestión es la fiscalización ambiental?
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