Ante el Proyecto de Ley 3627-2014 (Paquete de Medidas para Reactivar la Economía) y Proyecto de Ley N°3626/2013-PE (Ley de contrataciones del Estado) enviado por el Ejecutivo al Congreso, organizaciones de sociedad civil rechazan reducción de competencias del MINAM.

A continuación transcribimos el pronunciamiento:  

Las organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos y de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados firmantes, expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana”, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el Consejo de Ministros, medidas que pretenden reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); y pretenden limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; además de limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las propuestas alcanzadas por el MEF, además de debilitar la capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa del MINAM, también se pretende reducir la capacidad de gestión para la creación de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 26834 (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.

Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan “desconfianza” en el sector empresarial. De acuerdo a distintos expertos nacionales y extranjeros, el mantener un Estado rentista y clientelista, y la falta de profundas reformas institucionales son, entre otras, las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía peruana.

De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus derechos, a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, a su relación con la naturaleza.

El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para la evaluación ambiental, como para la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.

Desafortunadamente, existe un reducido compromiso de nuestro gobierno por impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones, la implementación de la consulta previa y la titulación territorial para los pueblos indígenas, entre otras políticas. Este escenario se ve agravado por una campaña mediática y de opiniones del sector empresarial que muestran su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales solamente se solucionarán logrando un debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales y bajo un enfoque de respeto a los derechos individuales y colectivos, y construyendo consensos en torno a acuerdos a largo plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).

Estos intentos por seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.

En tal sentido, demandamos que el Ministerio del Ambiente se pronuncie como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y que el Gobierno peruano asuma una posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación o sector privado, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, principales afectadas por estas medidas.

Firmantes:

Asociación Arariwa

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Paz y Esperanza

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación Proyecto Amigo-la Libertad

CEDAL Centro de Derechos y Desarrollo

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina "Lulay"

Centro Proceso Social Asesoría Legal

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colectivo Tarpuy Mita

Colegio de Biólogos del Perú 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP)

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP)

Foro Ecológico del Perú

Fórum Solidaridad

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Grupo Perú COP 20

Grupo Propuesta Ciudadana 

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Marcha Mundial de las Mujeres – Perú

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIC) 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP

Programa Democracia y Transformación Global (PDTG)

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Red Muqui Nacional

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)

Servicios Educativos Rurales (SER)

Enlaces relacionados:

Proyecto de Ley 3627-2014, enviado por el Ejecutivo al Congreso.