Tal como mencionáramos en nuestro post 'El Baguazo no aprendido', antes y durante el conflicto ocurrido en Bagua no solamente la prensa nacional y la internacional cubrían los hechos de junio del 2009, sino también –como era de esperar–  la embajada de EEUU en el Perú.

"Protestas prolongadas y eficaces por parte de comunidades indígenas han originado que el Congreso evalúe la legalidad de una serie de decretos legislativos en relación con el uso de los recursos naturales en las tierras de la selva del Perú", dice el sumario del reporte del embajador de entonces, Michael McKinley, con fecha 1 de junio, cinco días antes de la tragedia. 

En él se advertía del peligro que podría significar si el Congreso y el presidente Alan García cedían a la presión, pues podía haber implicaciones negativas en el TLC firmado entre ambos países. El embajador defendía los decretos legislativos cuestionados por nativos e instituciones civiles, en su opinión las iniciativas legales representaban una mejora significativa en la protección del medio ambiente. 

"Los líderes de los movimientos sociales tratan de aprovechar políticamente mediante la manipulación de los agravios subyacentes ... para atacar las leyes destinadas a promover el desarrollo económico", señalaba. 

Pero sobre todo resaltaba la renuencia del gobierno para usar la fuerza para desbloquear las carreteras. "Ello daría la impresión de que las comunidades tuvieran más influencia de lo que realmente tienen", agregaba el funcionario.

¿Era preocupación diplomática o un llamado a reprimir las protestas nativas?

El día de los hechos sangrientos el embajador envió otro informe. "Después de que el gobierno decidió actuar para facilitar el flujo de alimentos y combustible a varias comunidades y ciudades aisladas por las prolongadas protestas... Según nuestros contactos con la policía, el choque ocurrió luego de que los manifestantes dispararan contra policías que sobrevolaban la zona en helicóptero. Después la policía dispersó a los manifestantes y despejaron las carreteras, y éstos atacaron las estaciones policiales, así como oficinas públicas... ".

Cuatro años después de lo ocurrido en Bagua se hacen públicos estos cables emitidos por el embajador McKinley. En ellos, antes que una invocación al diálogo con los nativos se cuestiona a los poderes Ejecutivo y Legislativo por no poner orden y permitir que las protestas tengan más resonancia de lo que debieran. Así, una lectura critica de los reportes podría hacernos pensar que lo que 'sugería' el diplomático estadounidense al gobierno aprista era usar la fuerza contra los manifestantes en una operación que costó la vida de 34 personas.

Intereses de EEUU

Cabe subrayar la importancia que McKinley le da a TLC. Preocupación que fue uno de los temas 'estandarte' para justificar la virulenta represión del gobierno. Hay que tener en cuenta también que Newmont Mining tenía miles de millones de dólares de intereses en la zona afectada por las protestas.

Christian Tym, periodista del semanario Green Left, indica que los cables nos otorgan una idea de cómo se ve el mundo a través del lente 'retorcido' de un funcionario del gobierno estadounidense. "Una característica notable de los cables –afirma– es el enfoque acrítico ante la información procedente de la policía peruana o funcionarios del gobierno". 

Un año después, mientras los familiares de los policías y nativos caídos durante el conflicto pedían justicia –lo que sigue pendiente–, la embajada estadounidense elogió al Perú como "un socio confiable de los Estados Unidos y un país que juega un papel constructivo en la América del Sur". ¿Por eso Alan García decidió celebrar ese año el Día del ron?

A continuación, los reportes del embajador

1 de junio del 2009

5 de junio del 2009

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