Hasta el momento, ya son tres las autoridades regionales detenidas e investigadas. César Álvarez de Áncash, Viñas de Tumbes y Meléndez de Pasco. Además, una decena de presidentes regionales están siendo investigados por la Procuraduría Anticorrupción. Por estas denuncias de corrupción, algunos sostienen que la causa de estos males es la descentralización iniciada en el 2002. Sobre este tema, Mirko Lauer opina en su columna en La República. A continuación, compartimos su texto:

Regionalización, la secuela

Escribe: Mirko Lauer.

El país avanza con comprensible satisfacción en la ola de denuncias finalmente atendidas y capturas concretadas en las regiones. Ha sido una iniciativa dictada por las circunstancias, y hay la sospecha de que si la mafia de Ancash no se hubiera excedido en los asesinatos, la situación de extendidos delitos todavía hubiera podido durar algo más.

Aunque muchos de los delitos de estos días fueron detectados y monitoreados desde hace buen tiempo, ahora su persecución se ha agolpado dándole a todo el asunto la estructura de un blitz. Esto significa que hemos visto cómo comenzó la batalla contra las mafias, pero no sabemos cómo o dónde va a terminar.

Un primer factor de perplejidad es el alcance del fenómeno. Aunque suene injusto, todas las actuales autoridades del sistema regional están bajo sospecha, lo cual va a complicar la transición hacia las administraciones elegidas en octubre. Podríamos incluso ver la paradoja de gente que será reelegida para luego ser investigada y/o denunciada.

Probablemente las elecciones calmen las aguas, al menos por un tiempo. Pero luego podemos imaginar a los recién llegados raspando la olla de la corrupción que les precedió, y a los perdedores buscando nuevos argumentos en esa misma línea. Es de esperar que haya lecciones aprendidas. Por ejemplo la independencia de los fiscalizadores.

La supeditación de policías, fiscales y contralores al poder de algunas presidencias regionales y algunos mandones locales es un capítulo aparte en esta historia, que muestra que no todo puede ser descentralizado al mismo ritmo y de la misma manera. Aunque existe la sospecha de que la supeditación en algunos casos ha llegado hasta la propia Lima.

Por lo tanto también está el tema de qué va a hacer el Estado central a partir de la acumulación de evidencia que se viene produciendo. La idea de una reforma parece tener consenso, pero a pesar de su importancia la delincuencia no es el único problema de la regionalización. De modo que allí se viene un debate que va a durar un buen tiempo.

Quizás convendría hacer la cosa en dos tiempos. Primero el establecimiento de un mecanismo de fiscalización del gasto en tiempo real, que resulta urgente. Para algo después la reforma política propiamente dicha, aunque el debate sobre esto puede comenzar ahora mismo, o por lo menos apenas hayan concluido las elecciones. Las regiones también deberían aportar.

No va a ser una reforma fácil. La primera regionalización, 1989, establecida un año antes del fin del gobierno pecó de asambleísmo, aunque no tuvo tiempo de ser puesta a prueba. Ahora vemos que esta, 2002, ha pecado de un presidencialismo canonizado. Esperemos que la experiencia acumulada oriente sobre qué hacer y qué no.

- Más información sobre la descentralización y la regionalización.