En declaraciones recientes  al diario El Peruano, el ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal dijo que la etapa de saneamiento anunciada por el Estado luego de finalizado el plazo de pasado 19 de abril permitiría disminuir el número de operadores mineros y evitar que entren nuevos operadores ilegales, además de “meter presos a los ilegales que insisten en esta práctica ilícita”. El ministro incidió en que la Estrategia de Saneamiento tiene una duración de 120 días desde que fue emitida la norma, y que “hay un claro intento de deslegitimar las acciones del Gobierno en función de intereses ocultos para evitar que se sigan haciendo interdicciones exitosas”

La mano visible del Estado

Conformes con estas declaraciones, en los últimos días han continuado los operativos de interdicción en varios lugares del país, dirigidos tanto a campamentos de minería metálica como no-metálica (canteras).

El 6 de junio se interdictó tres canteras no–metálicas dentro del perímetro de la zona arqueológica de Nasca, en terrenos llamados “Gamero”, Joselito” y Legüita”, aledaños al distrito de Vista Alegre. La operación involucró a más de 600 policías que desbarataron campamentos en donde se extraían materiales para la construcción, en particular, arena. En acciones similares a las intervenciones de canteras en San Bartolo, en Lima, aquí también se hicieron estallar las maquinarias: 18 fajas transportadoras y 18 motores, además de 400 galones de combustible. 

Por otro lado, el 9 de junio se realizó el operativo Principio de Autoridad IV, nuevamente en la zona conocida como La Pampa, en el distrito de Tambopata, en Madre de Dios. Según el general (r) Daniel Urresti, alto comisionado para la formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal, el gobierno ha recuperado ya completamente esta zona, “bastión de la minería ilegal”. En este operativo de destrucción de campamentos secundarios en el que participaron 850 efectivos de la policía y fuerzas armadas, 18 fiscales ambientales y representantes del ministerio del ambiente, la PCM y el ministerio de energía y minas, se destruyeron 48 motores, 13150 metros de mangueras, 33 tolvas, 52 dragas, 2379 galones de combustible, y muchos otros materiales utilizados por los mineros ilegales.

Urresti además anunció que se establecerán dos puestos de control de la policía en el Km. 107 de la Interoceánica, punto de entrada a La Pampa y al campamento conocido como Mega 14. Allí trabajarán 300 policías que rotarán cada dos meses, con el objeto de reducir la actividad minera al 70% para finales de junio. Desde allí se vigilará que otros mineros ilegales no ingresen al área de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata. Una iniciativa que sin duda hay que felicitar, pero que podría mejorarse si los puestos de control se pusieran bajo la disposición del SERNANP, organismo encargado de la administración y protección de las áreas naturales protegidas del país. Eso sería institucionalidad.

Y hablamos de institucionalidad porque si bien el despliegue del Estado en las acciones de interdicción es espectacular y costoso  -se habla de unos 300 millones de soles en operativos– las direcciones regionales de minería - el Estado que 'queda' luego de las explosiones- tienen que cumplir con los objetivos de nuevas normativas sin que se destine nuevo presupuesto y con una cantidad de personal ridícula para la ambición y las dimensiones de la tarea. 

Formalización minera, ¿una historia de éxito?

Las interdicciones sin duda han logrado disminuir el número de operadores, y han evitado el ingreso de nuevos operadores de la minería ilegal, como declara Pulgar Vidal. Entre otros de sus éxitos se encuentra que la exportación de oro ilegal ha sido frenada, al punto que la balanza comercial del Perú resultó negativa el primer trimestre, debido a la caída de los precios de los metales, pero también al menor volumen de oro exportado con origen en la minería ilegal. 

Mientras se desarrollan los operativos correspondientes a esta 'etapa de saneamiento', el Estado aún no logra resolver las trabas burocráticas que deben superar los mineros en vías de formalizarse. En Puno tan sólo 17 empresas han logrado insertarse dentro del cauce de la ley, mientras  más de 5 mil mineros reclaman que encuentran dificultosos los trámites de formalización.  Otro tanto sucede en Madre de Dios, donde todavía no hay noticias de algún minero formalizado.  

¿Qué ha llevado al Estado a conseguir estos magros resultados respecto a formalización?

Hay un factor de fondo: el posicionamiento político del Ministerio del Ambiente respecto de los mineros. Muchos de los funcionarios, incluido el actual ministro, llegaron al Minam provenientes de ONG ecologistas y se encontraron con una institución nueva y sin peso dentro del aparato del Estado, una situación que se había hecho evidente con las observaciones al EIA de Conga que hizo el anterior ministro, Ricardo Giesecke. Fuentes allegadas al Minam explican a LaMula.pe que la lucha contra la minería informal e ilegal era un 'campo de batalla' en el que podían fortalecer el ministerio nuevo. El argumento principal para ganar legitimidad era evidente: luchar contra la depredación del medio ambiente. Esa decisión, a la luz de los resultados, ha tenido sus complicaciones.

Enemigo mío

Este posicionamiento ha hecho políticamente inviable cualquier grado de negociación para resolver una intrincada madeja en cuyo centro está el propio Estado, responsable del sistema de otorgamiento de concesiones, y principal facilitador de la minería tal como la conocemos hoy, en las imágenes de la devastación ambiental con que el Ministerio de ambiente surte a la prensa regularmente. De manera análoga a lo que ocurre con los cocaleros, declarados los mineros como 'enemigos', ningún proceso de regularización tiene arraigo en las sociedades locales, cuya economía, por lo demás, es altamente dependiente de la actividad informal e ilegal.

Mientras tanto, el poder de los mineros informales e ilegales no se detiene y se hará sentir en las próximas elecciones regionales y municipales. Para calentar más el ambiente, el viernes de la semana pasada una denuncia periodística en el semanario Hildebrandt en sus Trece señalaba al propio presidente Ollanta Humala como receptor, a través del congresista Abugattás, de unos cincuenta mil dólares que mineros ilegales aportaron a su campaña electoral. Un dirigente minero sostiene que se habrían entregado 900 mil soles adicionales al nacionalismo. 

El dirigente minero Víctor Chanduvi –con antecedentes tanto en el nacionalismo como en el aprismo– explica a El Comercio el por qué de esta contribución al entonces candidato Humala:

“[Hicimos aportes de dinero y lo apoyamos porque Humala] prometió aplicar el plan nacional de formalización, crear el banco minero e insertarnos en la economía nacional en un proceso de formalización, pero nada de eso ha cumplido”.

Finalmente, el Estado no ataca las causas de la problemática social que suponen la minería ilegal e informal. Sin convocar a los propios mineros ni a instituciones o estudiosos de la problemática,  su aproximación al conflicto es más bien superficial. 

¿Por qué la minería ilegal se erradica en La Pampa pero rebrota en el Purús, o en Puno? ¿Por qué se encuentra a mineros en las listas de tantos movimientos políticos de provincias? ¿Es que todos son delincuentes, mafiosos, corruptos, y hay que meterlos a todos a la cárcel, o es que hay un problema social mucho más profundo? Mientras este gobierno no pueda responder a estas cuestiones, difícilmente se podrá pensar en un proceso exitoso de formalización de la minería, que además sea llevado a cabo democráticamente. 

Es también necesario transparentar los intereses de grandes empresas mineras y petroleras tras el proceso de formalización e interdicción de la minería ilegal, pues son muchos los mineros "hormiga" que invaden sus concesiones (buena parte de ellas ociosas). En el país de los lobbys, no es buscarle 'cinco patas al gato' estar atentos a un eventual cabildeo dentro del Ministerio de Energía y Minas, en particular, respecto del Lote 76, inversión de Hunt Oil que se superpone con la Reserva Comunal Amarakaeri, y miles de derechos forestales  y mineros concesionados en Madre de Dios.