Cuando en junio del 2010 la editorial de El Comercio recordaba el primer año del 'Baguazo' reclamaba diálogo entre el Estado y las poblaciones nativas y criticaba el papel del gobierno aprista que originó el conflicto del 5 de junio del 2009. "Hay que repensar seriamente las características del Estado peruano moderno que queremos refundar y que debiera compaginar la tradición democrática con la economía social de mercado, pero también con los derechos ancestrales de los peruanos originarios. Tenemos que mirar aquí el desarrollo de otros estados con situaciones similares, en lo que pueda servirnos y aplicar a nuestra peculiar realidad", decía.

Pero ya sabemos que en política se suele cambiar de opinión y hoy, cinco años después de los sangrientos acontecimientos de la Curva del Diablo y la Estación 6, su editorial –bajo la conducción 'interna' de Martha Meier– pareciera que buscara desviar las expectativas y críticas de la sociedad civil que se ha manifestado por que los responsables políticos de lo ocurrido sean investigados e incluso vayan a juicio. Mientras nativos, familiares de los policías, congresistas y algunos analistas coinciden en que el ex mandatario Alan García y su ministra del Interior de entonces, Mercedes Cabanillas tienen responsabilidad en los hechos, el Decano también exige que no solamente sean los nativos los enjuiciados por la muerte de los policías. Pero no habla de funcionarios apristas, sino de otros 'actores': Aidesep y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“No figuran en el proceso ... los responsables indirectos de la matanza... Nos referimos, desde luego, a quienes sembraron en la zona las insidiosas mentiras que permitieron que las cosas escalaran al nivel de beligerancia que desembocó en la matanza... [los nativos] estaban en pie de guerra porque entendían que los decretos en cuestión [1090 y 1064] los despojarían de sus tierras y depredarían sus bosques por intermedio de voraces multinacionales y otros agentes. ¿De dónde vino esa idea? ... ahí estaban la Aidesep y varias otras ONG, los obispos de la Amazonía ... y ... la Defensoría del Pueblo [sostuvo] que el 1090 excluía de la condición de recursos forestales –es decir, naturales– a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor fuese forestal...”, dice el texto de hoy en la página A28 de El Comercio.

Cambiaron los 'protagonistas'. Ya no repite su demanda por hallar a los responsables políticos dentro del gobierno aprista, ahora son otros los que están en su mira en este caso. ¿Por qué?

Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad y al momento del Baguazo funcionario de la Defensoría del Pueblo, ha publicado en su cuenta de Facebook una respuesta a las acusaciones de El Comercio: 

"El 20 de octubre de 2008 la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre el D. Leg. 1090. Ahí afirmó que el art. 2° de dicho decreto, a diferencia de la Ley Forestal que derogaba, no consideraba como 'recursos forestales' ni a las plantaciones forestales ni a las tierras de capacidad cuya capacidad de uso mayor sea forestal. Posteriormente la Ley 29317, del 14 de enero de 2009, modificó dicho artículo señalando que los segundos son recursos forestales. Pero seguía excluyendo a las plantaciones forestales. El D. Leg. 1090 fue derogado tras la tragedia de Bagua. La actual Ley Forestal, Ley 29763, define como 'recurso forestal' a las plantaciones forestales (artículos 4 y 5). 

¿A qué viene esta larga explicación? A que el editorial de El Comercio acusa a la Defensoría del Pueblo de ser "otra autora" del 'Baguazo' por haber argumentado 'falazmente' que el 1090 excluía de la condición de recursos forestales a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor fuese forestal. Lo único falaz es aquí un editorial que es realmente una vergüenza. Y no lo digo solo por lo que explico. Parece escrito para exculpar a los autores de los decretos legislativos y para decir que la falta de consulta previa no era realmente el problema. Terrible". 

Lanegra amplía su respuesta en conversación con LaMula.pe: “Lo que queda claro del editorial es el argumento de que las críticas al contenido de los decretos legislativos eran infundadas. Eso, desde luego, minimiza la responsabilidad de quienes los promulgaron –los defendieron– sin consultarlos antes”.

Los falaces

Por su parte, el antropólogo Alberto Chirif –quien en su momento dijo que los decretos en cuestión eran anticonstitucionales– señala a LaMula.pe que “es poco inteligente decir que en ninguna parte de los decretos dice que se les va a quitar las tierras. Ningún gobernante es tan estúpido como para plantear las cosas de esta manera en una ley. Pero lo cierto es que la intención de los decretos era esa a través de diferentes estrategias”.

En su opinión, el D. Leg. 1064, de nombre "Aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario" en la práctica promovía cosas muy distintas y extremadamente negativas para las comunidades, entre ellas, la eliminación del requisito de acuerdo previo para uso de superficie de tierras comunales para actividades mineras y de hidrocarburos. “Allí se indica que todo lo no titulado es propiedad del Estado, con lo que se atenta contra del derecho de posesión de comunidades a las que el Estado no les ha garantizado su derecho mediante un título. Además, atenta contra derechos ya adquiridos por las comunidades. Los casos más graves son establecer 'que los predios de propiedad de terceros amparados en títulos legítimamente obtenidos' se exceptúan de la propiedad comunal (Art. 7º). ¿Cómo diablos se puede adquirir legítimamente propiedad sobre tierras que desde 1920, y de manera continua en el proceso constitucional son imprescriptibles?”, señala.

Para él, había otros decretos que igual vulneraban los derechos indígenas. Por ejemplo el 1015, que violaba la autonomía comunal para decidir acerca de cuestiones internas; o el 994, para promover la inversión privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola en tierras eriazas, concepto que incluye a las tierras con aptitud agrícola no explotadas por falta o exceso de agua, con lo que se deja sin piso a las comunidades campesinas y nativas que poseen tierras pero que hasta el momento no han sido tituladas.

Consulta previa

La nota editorial de El Comercio deja en el limbo el tema de la consulta a los pueblos nativos. “La soslaya. No niega que era necesaria, lo que dice es que no era lo más relevante. Que el problema es que [los nativos] pensaban que las normas los amenazaban, y no era verdad", comenta Lanegra.

"El argumento en realidad se muerde la cola -dice Lanegra a LaMula.pe-  ¿Por qué? Si el problema no era la norma, y los pueblos indígenas fueron engañados, con mayor razón había que consultar dichas normas antes, para destruir los 'falaces argumentos' y ganar la confianza de los pueblos indígenas. Pero como no se hizo eso, los 'falaces' ganaron”.

Lo que los indígenas querían –ha apuntado Chirif– era que el Estado reconociera sus derechos. Así, el 'Baguazo' fue “resultado de la agresión de un gobierno que no quiso dialogar, que se negó a respetar derechos reconocidos y que engañó, porque el día anterior a la invasión armada de la policía, voceros del partido gobernante dijeron que la decisión de derogar los decretos se paralizaba hasta que las partes llegaran a un acuerdo”.

¿Y el papel de la Defensoría del Pueblo? 

“La experiencia de la Defensoría para detectar y desactivar conflictos tiene que llevarlos a entender que la responsabilidad social con las comunidades, más allá de una obligación ética y 'políticamente correcta', es un eje fundamental del emprendimiento económico, tan necesario para crear riqueza en el país”, dijo El Comercio el 4 de junio del 2010. ¿Qué pasó para que cambiara de opinión cuatro años después?

Cabe recordar que en 2010, la Defensoría, a través de su titular de entonces, Beatriz Merino, recomendó la necesidad de desarrollar el diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena. También indicó que era necesario contar con un Estado inclusivo, dialogante e intercultural.

Lo que le preocupa a Lanegra es que el 'Baguazo' no haya servido de nada. “Los sucesos trágicos de Bagua generaron condiciones para algunos cambios sobre cómo entender nuestra relación con los pueblos indígenas. Con el tiempo, esas condiciones han ido debilitándose por diversas razones. Mi temor es ahora que se produzca una regresión completa al punto previo al 5 de junio. Eso sería terrible. Es crucial defender los avances para evitar un escenario que sería lamentable para los pueblos indígenas y para el país”, finaliza.

Cinco años después de la tragedia, ¿tenemos un estado inclusivo, intercultural? ¿Los medios de comunicación ayudan a ello? Parece que no tanto.

Bonus track:

¿Cómo informó el embajador de EEUU en el Perú a su gobierno? ('Cortesía': Wikileaks)

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