- A cinco años de lo ocurrido en Bagua, estamos como al principio
- No se ha avanzado como debió ser, y no hay nada concreto desde lo penal. El Baguazo fue un operativo totalmente errático, fruto de la ignorancia y soberbia de quienes estaban en las más altas esferas gubernamentales y que no están siendo investigadas ni juzgadas por sus actos. Esto es inaudito, porque por un lado se pretende sancionar a los líderes nativos a cadena perpetua, y –en contraste– a los responsables políticos no se les incluye en ninguna investigación, a pesar de que hubo informes que señalaban el nivel de responsabilidad de los funcionarios públicos, incluidos ministros y el propio presidente de la República de entonces. Para quienes hemos seguido el tema es evidente que la ministra del Interior de entonces, Mercedes Cabanillas, fue irresponsable al ordenar el desalojo sabiendo que la situación era crítica, teniendo conocimiento de que los indígenas estaban en las afueras de la Estación 6, y más aún cuando los nativos habían anunciado su retiro de la Curva del Diablo.
- ¿Este conflicto fue consecuencia de la filosofía del perro del hortelano impulsada por Alan García?
- Alan García tiene la mayor responsabilidad. Su discurso racista y discriminatorio dio origen al conflicto y al desenlace de la masacre. Un presidente que no supo entender –y hasta ahora no entiende– lo que es el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que no supo comprender su cosmovisión, su relación especial con el territorio que no sólo es de propiedad sino también resulta indispensable para su supervivencia y su cultura. Él fue el principal instigador del conflicto y, por tanto, de las muertes.
- Pero esa filosofía continúa en estos días...
- Así es, sigue vigente. Cuando se dice en el actual gobierno que la consulta previa es una traba para las inversiones, es una forma más diplomática pero en el fondo es lo mismo, se pretende ningunear los derechos de los pueblos indígenas. Es un reflejo de que aún hay una enorme resistencia del Estado peruano de implementar la consulta previa, luego de más de dos años de haber sido promulgada. No se quiere reconocer a cabalidad el derecho de los nativos.
- Pasan los años y las causas de los conflictos son casi las mismas. ¿Por qué falta voluntad política para cambiar este accionar del Estado?
- El Estado peruano siempre ha estado de espaldas a la realidad de las comunidades indígenas y campesinas, no conoce la cultura de estos pueblos, mucho menos su cosmovisión y hace pocos esfuerzos por remediarlo. Y, claro, falta voluntad política en tanto se sigue privilegiando un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción indiscriminada de nuestros recursos naturales, que se encuentran en la mayor parte de las veces en territorios de pueblos indígenas, y éstos no son consultados ni reciben beneficios. La realidad muestra que los proyectos que se han desarrollado en estas tierras no han beneficiado a los indígenas; hay contaminación como consecuencia de las actividades petroleras y mineras, por ejemplo. Hay problemas vigentes como el de las cuatro cuencas de Loreto – Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón– que aún no tienen una respuesta concreta del Estado luego de 40 años de explotación petrolera que le han significado aguas contaminadas con metales pesados. Y el Estado no aprende la lección y pretende seguir imponiendo proyectos extractivos sin consultas, sin participación.
- A pesar de reconocerse que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta, hay empresarios que rechazan esta participación (tenemos las recientes declaraciones de un funcionario de Buenaventura)
Es penoso y da vergüenza ajena que haya empresarios con un discurso tan discriminatorio, racista e ignorante, pero es el Estado el que debe hacer entender a las empresas que la consulta previa de ninguna manera se constituye en una traba para las inversiones, y que más bien es un mecanismo de diálogo, inherente a la democracia y esencial para ella. Debe tomar un papel más activo en comunicar y garantizar en que la consulta previa permita que todas las partes sean beneficiadas, pero cuando son los propios funcionarios del Estado los que dicen que la consulta es una traba o cuando el mismo jefe de Estado niega que existan los pueblos indígenas en la zona andina o señala que indígenas sólo son los que viven en aislamiento voluntario entonces es difícil que podamos revertir el discurso del sector empresarial. Queda pendiente una tarea de reconocimiento y entendimiento de la situación de los pueblos y que no se puede impulsar un modelo de desarrollo a costa de los derechos de los ciudadanos. Tampoco ayuda considerar a quienes protestan y se oponen a estos proyectos como antisistemas o delincuentes. Los conflictos ya han generado muertos y el Estado ni siquiera ha pedido disculpas por ello.
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Publicado: 2014-06-05
El simple hecho de que después de cinco años de los sucesos en la Curva del Diablo y en la Estación 6 aún no se haya conocido toda la verdad y no haya justicia ni reparación para todas las víctimas –nativos, mestizos y policías– demuestra que no estamos avanzando adecuadamente, dice la congresista Verónika Mendoza a LaMula.pe. En su opinión, el ex mandatario, con su discurso discriminatorio e ignorante, propició el conflicto en Bagua y lamenta que el gobierno actual y la clase empresarial hagan poco por entender los derechos de los pueblos indígenas. La consulta previa no es una traba para las inversiones –afirma–, sino un mecanismo de diálogo, de democracia.
Escrito por
ALBERTO ÑIQUEN G.
Editor en La Mula. Antropólogo, periodista, melómano, viajero, culturoso, lector, curioso ... @tinkueditores
Publicado en
Redacción mulera
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