Para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, actualmente hay 55 conflictos sociales en el Perú. De estos, 6 corresponden a la región Arequipa.

César Chávez Arévalo, comisionado regional para Arequipa, señaló que se trata del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, la exigencia de los pobladores de Umachulco (Castilla) a la minera Buenaventura, el conflicto de la población con la minera Arcata (Caylloma), el tema de inundación provocado por el proyecto Majes I, el tema de las invasiones y la formalización de los mineros. Por ello, indicó se han conformado mesas de trabajo para promover el diálogo e intentar llegar a un acuerdo.

Al respecto, el exviceministro de Desarrollo Social, Eduardo Ballón, considera que "el eventual conflicto sobre Tia María es distinto a los otros por la envergadura del proyecto y la inversión, pero también por la historia previa".

En este sentido, señaló que "en teoría el EIA está virtualmente aprobado". El problema, indica es que "dicen que usarán agua de mar pero no les creen". Explica, además, que el conflicto es con pequeños agricultores arequipeños, lo cual es diferente a lo ocurrido en Cajamarca.

Por otro lado, indica que el tema de las invasiones consiste en la "ocupación de tierras del proyecto en Caylloma". Indica que producto de este conflicto fallecieron dos personas en febrero. "Son pobres contra el Estado e importan menos que la inversión minera", dijo en referencia a la importancia que le da la PCM a los conflictos relacionados a la minera Buenaventura y Majes I.

Además, Ballón sostiene que el caso de los mineros informales en Arequipa es distinto al de otras regiones. "El Gobierno Regional de Arequipa es de los más proactivos y razonables en esta materia e intervino "calmando las aguas". Los artesanales de Chala y Caravelí no son los de Madre de Dios o La Rinconada", afirmó.

Cabe señalar que los criterios que manejan la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que dirige el Alto Comisionado Vladimiro Huaroc, toma en cuenta criterios distintos a los de la Defensoría del Pueblo para identificar conflictos sociales. Para la PCM, se trata de "diferencias y controversias".

Por ejemplo, mientras que para la ONDS-PCM, en abril hay 55 diferencias y controversias, 69 casos en prevención y 3 casos resueltos; para la Defensoría, en el mismo mes, se registraron 161 conflictos activos, 51 conflictos latentes y 69 casos tratados mediante procesos de diálogo.

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