Entre las páginas de los diarios La Primera, La República, Perú21, Correo y Diario16 aparece hoy (28/05/14) un aviso pagado, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional de Solidaridad Nacional, el partido liderado por Luis Castañeda Lossío, ex alcalde de Lima. 

La fiscalía anticorrupción presume la comisión de delito "contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado y ha formalizado la acusación contra Castañeda, quién cobró, además de su sueldo como alcalde, un sueldo como presidente regional -sus defensores lo llaman "bonificación"-.

¿Qué es lo que intenta 'aclarar' el aviso de Solidaridad Nacional? Uno, advierten que no se trata de una remuneración, sino de una bonificación, porque "no tiene carácter pensionable en el sector público". 

Dos, Solidaridad Nacional nos recuerda que darle esta bonificación a Castañeda fue un acuerdo en el que participaron las bancadas municipales de Somos Perú, PPC, Diálogo Vecinal y Perú Posible. Lo explica en La República el comentarista político Carlín:

Tres, "la remuneración que percibió en aquel entonces el alcalde Castañeda metropolitano era uno de los más bajos [sic] en comparación con los que percibieron [sic] los Presidentes regionales y algunos alcaldes distritales". Es decir, Solidaridad Nacional sugiere que se produjo un acuerdo entre bancadas para nivelar los ingresos de Castañeda, pues eran bajos respecto a otras autoridades de similar rango. 

El punto es que formalmente, la justificación de la llamada "bonificación" es que Castañeda tenía funciones de presidente regional (digamos tenía, y no "cumplía", o "asumía"). Como afirma el propio abogado de Castañeda, Boris Barco:

“Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Consejo Metropolitano acuerda, con la nueva función que se le otorgó al doctor Castañeda, ponerle una bonificación permitida por ley. Esa bonificación fue aprobada por 39 regidores. Se pueden haber equivocado, pero jamás hubo dolo, mala fe, concertación o algún acuerdo subalterno”

Como vemos, la defensa legal no plantea que la bonificación se haya acordaddo porque el sueldo de Castañeda era bajo o que se buscaba homologar o aproximar sus ingresos respecto a otros presidentes regionales/alcaldes de distrito. Su defensa "política" sí. Una vergüenza.

Finalmente, me permito una rápida explicación del trasfondo de este cobro doble "como alcalde" y "como presidente regional".

De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, Lima Metropolitana debe gobernarse mediante un “régimen especial” en tanto el área metropolitana es a la vez territorio de un gobierno regional y de una municipalidad provincial. Según eso:

- El Alcalde de Lima Metropolitana ejerce atribuciones de Presidente Regional, como órgano ejecutivo.

- El Concejo Metropolitano de Lima ejerce atribuciones del Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador.

- La Asamblea Metropolitana de Lima ejerce competencias y funciones de Consejo de Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación.

Más allá de esto, ese régimen especial no tiene una forma orgánica definida en la ley, ni tuvo como modelo el funcionamiento de los 24 gobiernos regionales existentes en el Perú desde 2002. Es una "creación heróica" del primer equipo de Castañeda (edicto 254, de mayo de 2003), que interpretó el mandato de la ley (implementar un régimen especial que conciliara las competencias sobre el territorio metropolitano) generando una burocracia adicional (el "programa de gobierno regional de Lima Metropolitana") que durante todo su mandato se mantuvo apartada de la estructura gerencial municipal. 

Esta situación distorsionada  produjo dos efectos: duplicidad de acciones municipales (un presupuesto participativo "metropolitano", y un presupuesto participativo "regional", para el mismo territorio, por ejemplo) y ausencia de Lima Metropolitana en toda la primera década de implementación de la principal reforma del estado peruano, la descentralización. 

El peso de esta indefinición, que Castañeda y su equipo se negaron sistemáticamente a solucionar aún lo carga la actual administración, que ha debido emprender una reforma orgánica que, como varias de las promesas electorales e iniciativas de primera hora, ha demorado más de lo previsto, y difícilmente culmine en diciembre de 2014. 

Castañeda nunca reclamó que se le transfieran funciones o presupuesto de carácter regional (a diferencia de los otros 24 presidentes regionales). Nunca participó en los espacios de concertación abiertos con miras al fortalecimiento del poder político regional, y más allá de lo que diga el papel por el que le pagaron un extra, nunca, nunca fue presidente Regional de Lima. 

Pero sí cobró como tal. 189 mil soles.