Esta mañana en el diario Gestión apareció un contrapunto entre el alto comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal, el general (r) Daniel Urresti; y la directora de CooperAcción, Julia Cuadros, respecto del proceso de formalización de la minería y el conflicto social que subsiste tras ella. 

En este post presentamos los principales argumentos que esgrimieron uno y otro. 

Daniel Urresti: esfuerzo conjunto frente a la minería ilegal

1. El proceso de formalización estableció una línea de procedimientos. 

2. Se ha establecido la distinción entre minería ilegal y minería informal

3. Los gobiernos regionales han tenido limitaciones para el cumplimiento de sus obligaciones

4. El poder Ejecutivo ha suplido el vacío de los gobiernos regionales aprobando un conjunto de normas complementarias y medidas para proscribir la minería ilegal. 

5. Se ha asumido el reto de formalizar a la minería informal y luchar contra la ilegal como una cruzada nacional. 

6. En esta nueva fase de saneamiento hay 270 mineros en la etapa final del proceso de formalización.

7. Se siguen implementando ventanillas únicas en Piura, Cajamarca, Ucayali, que se suman a las catorce que ya estaban en funcionamiento. 

8. Al Ejecutivo –en este proceso de formalización de la minería– se han sumado el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo

9. Existe una actuación coordinada, planificada y articulada de las labores de formalización e interdicción desde la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Julia Cuadros: ¿Estrategias serias o más de lo mismo?

1. Hay problemas de fondo que el proceso de formalización no está tocando: ordenamiento territorial, política de concesiones, institucionalidad pública, gestión ambiental y fortalecimiento de los gobiernos regionales. 

2. No se ha diferenciado a la minería aluvial de la filoneana. 

3. No se ha identificado a los actores que participan de las cadenas de valor de la minería ilegal. La estrategia de interdicción tiene la virtud de actuar directamente contra los mineros ilegales, pero adolece de no enfocar su acción en los corresponsables de la ilegalidad: proveedores de explosivos, químicos, maquinarias, y plantas formales de procesamiento. 

4. La respuesta del Estado ha sido errática

5. La estrategia de saneamiento en la práctica amplía los plazos hasta el 2016, con metas ambiciosas para el corto plazo que se ha fijado. 

6. No existe una estrategia de desarrollo sostenible que acompañe el proceso de formalización y facilite que los mineros puedan acceder a otros medios de vida. 

7. Una estrategia seria convocaría a todos los implicados para establecer pasos concretos (una hoja de ruta) para romper la cadena de la ilegalidad. 

8. Las interdicciones son insuficientes para resolver el problema, y atacar su fondo.