En la Defensoría, iniciamos una discusión interna en el 2003 que planteaba si deberíamos convertir el monitoreo de los conflictos sociales en una política institucional. En marzo de 2004 empezamos a emitir reportes en todo el país, a través de las 38 oficinas a nivel nacional. El asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles nos indicó que podían estar incubándose situaciones de violencia muy graves. El Estado, desde la centralidad del poder, no prestaba interés ni estaba capacitado para intervenir de manera preventiva. Esto llevó a la Defensoría a intervenir. Se creó una Unidad de Conflictos Sociales, luego una Dirección de Conflictos y finalmente la Adjuntía, que es el nivel más alto dentro de esta institución. 

En el 2003 había un comité de crisis en el ministerio de interior que tenía dos funciones básicas: reaccionar frente a los hechos de violencia y poner el acento en el tema de seguridad.

Las nociones y herramientas sobre gestión de transformación y resolución de conflictos eran prácticamente inexistentes y nuestro primer buen resultado fue poner en evidencia una problemática compleja, extendida en todo el país y que requiere una atención profesional especializada.

En el 2005 se creó el CEPLAN , con un componente de investigación que mostraba una preocupación por organizar la información sobre conflictividad en el Perú, pero esa intención se fue diluyendo. El 2006 se crea en la secretaria de coordinación de la PCM, un equipo de trabajo que se denominó unidad de conflictos sociales y que después se convierte en la oficina de prevención de conflictos sociales hasta la creación de la oficina nacional de diálogo y sostenibilidad.

Dos cosas importantes: Había un esfuerzo desde el poder ejecutivo de trabajar este tema de manera especializada pero los equipos eran pequeños, no había tantos especialistas y además la atención de los conflictos estaba protagonizada en muchos casos por el propio Presidente del Consejo de Ministros. Esto suponía riesgos, ya que todos querían que el presidente solucionara los conflictos, lo que en términos prácticos no era posible, y se debilitaba la institucionalidad intermedia Además, se sumaba el riesgo de qué ocurría si el presidente no lograba resolver el conflicto, ¿quién seguía?. Ese modelo poco institucionalizado -donde había elementos incipientes de cómo manejar la conflictividad- llegó a su límite en 2011 cuando se crea la ONDS con más recursos, autonomía y una organización mejor articulada con la intención de llegar a más sectores del país.

Jorge Santistevan, el primer defensor, utilizaba una expresión: la Defensoría del Pueblo es una institución que en determinados momentos da clarinadas. Nosotros dimos una clarinada en el 2003 de que había algo muy serio que estaba ocurriendo en el Perú y que había que entender. Esta clarinada se escuchó poco a poco. Nos costó mucho trabajo que el poder ejecutivo, y ahora los gobiernos regionales, entiendan la necesidad de contar con capacidad para gestionar los conflictos sociales en el Perú.

Las críticas son resultado de una absoluta desinformación del presidente regional de Apurímac que no se ha molestado en revisar el informe de la Defensoría. En esa región el año 2010 hicimos un trabajo especial, proporcionándoles un modelo de ordenanza para que creen su unidad de conflictos, hicimos una capacitación presencial de varios días al personal del gobierno regional, les dejamos un software para que hicieran su propio monitoreo y les ofrecimos acompañamiento. 

Esto se interrumpió porque el actual presidente no tuvo interés en continuar. Además, en todos los casos de conflictos solo uno que es la construcción del hospital de Cotabambas tiene que ver con la competencia del gobierno regional exclusivamente. Hay 6 casos que tienen que ver con minería informal e ilegal y en esos casos la competencia es compartida entre el gobierno nacional y regionales. Los demás casos tienen que ver con gobierno nacional. Es un malentendido por parte de presidente que esté gratuitamente responsabilizándose de conflictos que no son de su competencia, aunque al ocurrir en su jurisdicción tiene la responsabilidad moral de contribuir en su solución. 

El reporte es un instrumento muy sólido que se somete a críticas permanentes dentro y fuera de la Defensoría. Estamos trabajando en la implementación del nuevo sistema de monitoreo con la ayuda de la cooperación alemana y en condiciones de debatir y explicar cada una de las cifras y datos del reporte. Nuestra metodología es transparente. 

Algo de lo que podemos sentirnos modestamente orgullosos es que el modelo de atención de la conflictividad en el Perú ha generado mucho interés en las defensorías del pueblo de la región que no tienen una Adjuntía de conflictos como la nuestra. El caso peruano es peculiar, cuando empezamos a trabajar el tema, ninguna Defensoría en Iberoamérica tenía unidad de conflictos ni interés por ingresar en el tema. Hoy Bolivia tiene una unidad de conflictos con la que hemos contribuido a su creación, y Colombia, Ecuador, Argentina están solicitando la colaboración de la defensoría para la creación de sus unidades cosa que vamos a hacer en el corto plazo con la ayuda de la cooperación alemana.

En nuestro caso somos una institución de defensa de derechos y de supervisión de la administración estatal. Estamos comprometidos con la gobernabilidad democrática y con el desarrollo y hemos diseñado nuestra tipología con ese objetivo. 

La tipología no es otra cosa que clasificar los objetos de la realidad en base a determinados criterios. Nosotros tenemos una tipología temática y por competencias. Lo inteligente en materia de conflictos, dada la complejidad, es cruzar información de varias tipologías, combinarlas. Pero a la vez necesitamos actuar de inmediato, puesto que la Defensoría es requerida para intervenir, crear condiciones para el dialogo, controlar la violencia haciendo llamados, exhortaciones, denuncias públicas, violaciones de DDHH por el estado etc.

La denominación de conflicto socioambiental la hemos tomado de varias instituciones que intencionalmente la usan para denotar que se trata de conflictos que tienen que ver con el uso y disposición de recursos naturales, pueden ser por acción de una industria extractiva o por disposición de residuos sólidos que también afectan al ambiente. El concepto es lo que importa a condición de que esté bien definido para hacer un buen uso. Dicen que es extenso algo vago, pero la definición es clara.

Hay diferencia claras entre los reportes. No son totalmente comparables, primero porque la extensión de nuestro reporte implica el recojo de información a nivel nacional y de 8 tipos de conflictos donde está el gobierno regional local, conflictos entre comunidades, conflictos que tienen que ver con procesos electorales.. y en el caso de la PCM su reporte se restringe a los casos que tienen que ver con la competencia del poder ejecutivo, eso se explica en su propio reporte. Además, dentro de la PCM el énfasis está puesto en aquellos que tienen que ver con industrias extractivas y con inversiones. 

La segunda diferencia es que nosotros no hacemos distinción entre conflicto y controversia. Aquí se considera controversia al conjunto de casos que están en la etapa temprana de conflicto o en situación de latencia. En lo mejor de la bibliografía no encontrará ninguna diferencia entre controversia y conflicto, por lo tanto es un cambio sobre papel, no en la realidad. 

La tercera es que la definición de conflicto está claramente orientada a establecer que este empieza con una afectación al orden público o a la gobernabilidad y esto solo pueden ser acciones de violencia: alteraciones del orden público, movilizaciones de gente que se llevan a la escalada y a la crisis. Nosotros no compartimos esa definición, es más, si uno tiene un enfoque preventivo no puede colocar a la violencia como constitutiva: prevenir es justamente una de las formas de no llegar a la violencia. Para nosotros el conflicto es anterior a los hechos de violencia. 

Es más, en el 50% de los casos no tiene que ver con violencia sino con movilizaciones pacíficas. De hecho, uno lo puede encontrar en algunas cifras de los últimos años: el número de protestas desde el 2011 se ha incrementado de 607 a 1101 y el 2013 a 1104. Y en lo que va de año ya se han producido 472 protestas sociales, sin embargo, ha descendido el número de personas fallecidas y heridas en conflictos sociales, esto también muestra que los conflictos pueden expresarse y empiezan de manera pacífica. Sin embargo, el tema de violencia es muy preocupante porque cada vida es una vida y de agosto de 2011 hasta mayo de 2014 se han producido 40 muertos en conflictos sociales y en el caso de los heridos estamos hablando de 1360 personas.

La mesa de desarrollo es un esfuerzo de crear un espacio que vaya más allá del caso particular donde se pueda en reuniones multipartes pensar en el mediano plazo, llegar a algún plan concertado de desarrollo en la zona con contribuciones de la inversión pública y la empresa, y con modalidades de gestión más efectivas. 

En el Perú las empresas no pueden limitarse al pago de los impuestos ya que así lo demanda la realidad histórica del Perú. Las empresas deben comprometerse con el mediano plazo que es importante porque suelda una relación duradera y estrecha con la comunidad tiene que ver con las vocaciones productivas de la zona.

Para ser exactos el pico más alto de conflictividad social se presentó en 2009 con 267 conflictos a partir de allí se ha producido una disminución del 21% hasta el 2014. En el último año hay un 12% de menos de casos nuevos que se presentan y 6% más de casos de han resulto en comparación con al año interior. Es más, hay 12% de casos que han pasado a observación, que no están en la estadística principal pero no están resueltos pues las partes han perdido interés en el objeto de controversia. 

Los datos indican este descenso y que las cosas se están manejando mejor. Sin embargo, no podemos afirmar que ya tengamos prácticas consolidadas de gestión y transformación de conflictos. No hay que transmitirle al país la idea de que la conflictividad social es un asunto del pasado. Incluso se dice que ya no es noticia, solo hay que ver la huelga médica. Todos los meses se presentan 5 o 7 conflictos nuevos grandes, se han registrado unas 500 protestas en lo que va del año. Tenemos todavía un país agitado.

En los peores momentos de la conflictividad social las inversiones han seguido creciendo en el Perú. Donde sí hay un descenso o se prevé un descenso es en inversiones de exploración. En el grupo de casos de conflictos en los que la población se opone al inicio del proyecto: Conga, Santa Ana, Shawindo, Águila Dorada o Tía María y otros proyectos más que se han ido quedando en el camino, se encuentra un volumen enorme de dinero que forma parte de la cartera de inversiones de minería en el Perú. Pero en muchos casos, los proyectos no se quedan por los conflictos sociales se quedan en el camino por la baja de los precios internacionales, por las dificultades que tienen de acceder a créditos en el sistema financiero internacional y también porque hay una serie de trámites que son señalados como innecesario o dilatorios para sacar adelante un proyecto. Nosotros somos partidarios de que se agilice pero cuidado, se simplifica para eliminar lo innecesario no para afectar derechos.