El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) entrevistó al procurador anticorrupción, Christian Salas, sobre su labor al frente de la institución, de las vicisitudes, inconvenientes y sus avances.
Salas Beteta asumió el cargo en enero de este año, tras la renuncia del exprocurador Julio Arbizu, desde entonces a continuado con el proceso iniciado por Arbizu de reestructuración interna de la institución con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
A continuación la entrevista:
- GTCC: ¿Cuál era el panorama cuando ingresó a la Procuraduría Anticorrupción?
- Al inicio de la gestión (con Julio Arbizu) no se conocía qué pasaba en provincias. Por ello se reestructuró la institución de forma tripartita, conformada por la Unidad de Análisis de Información (Observatorio Anticorrupción), la Unidad de Litigio y la Unidad de Análisis Financiero. A fin de conseguir eficiencia se elaboraron perfiles del personal de cada área, se reclasificaron los casos por niveles y se uniformizaron los criterios de trabajo, así como los fundamentos jurídicos.
- ¿Se han formalizado estos cambios?
- Estamos a espera que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apruebe los instrumentos de gestión (MOF; ROF; etc.) presentados. Organizacional y administrativamente, dependemos del Ministerio, empero gozamos de autonomía funcional. El cargo de procurador anticorrupción, conforme a ley, es de confianza y es otorgado por el Presidente de la República, lo que genera muchas críticas politizadas. Considero que, a futuro, el cargo podría ser fruto de un concurso o de elección consensuada por el Congreso u otra forma que evite ese tipo de críticas. No siempre tendremos de un gobierno como el actual, que nos permite trabajar sin intromisión alguna. Todo procurador anticorrupción tiene que tener claro que no es abogado del gobierno de turno, es abogado del Estado.
- ¿Qué casos ha denunciado la Procuraduría Anticorrupción en su gestión?
- Desde el inicio de la gestión denunciamos hechos como el de la organización criminal por los narcoindultos, contra el ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor por tráfico de influencias, contra el Congresista Gagó y Copy Depot, contra el Congresista Urtecho y otros. Ya en mi gestión, solicitamos a la fiscalía las indagaciones de hechos en los que se vinculó a congresistas nacionalistas como Uribe, Reynaga y Molina, y, recientemente, el caso del presunto mal uso de los gobernadores. Asimismo, venimos impulsado muchos casos en provincias, como los casos vinculados a los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Ancash, Tumbes, Callao, etc. Es lógico que algunos casos se archiven, estableciéndose la inocencia de los funcionarios públicos denunciados y que otros prosigan judicialmente, pero la única forma de esclarecer sospechas es a través de una investigación fiscal. Todo funcionario y servidor público debe saber que en cualquier momento estará expuesto a una investigación (de índole administrativo o penal) por cualquier sospecha, así sea mínima. Es la consecuencia de todo cargo público.
- ¿Cómo percibe la institucionalidad del país respecto a la lucha contra la corrupción?
- Aún no existe un sistema articulado de lucha contra la corrupción eficiente y eficaz. Estamos en ese esfuerzo, pero notamos que las instituciones vinculadas a esta lucha se personalizan y no todas funcionan basadas en una estructura dinámica y normativa. La idea del fortalecimiento institucional es que cada entidad (policía, fiscalías y juzgados especializados) funcione y cumpla sus objetivos independientemente del funcionario de turno. Sin coordinación la corrupción nos ganará la batalla, esta lucha la tenemos que ganar como sociedad. Estoy seguro que eso constituirá un reforzamiento de esta lucha contra la corrupción y hará más fuerte la democracia.
- ¿Qué retos o dificultades ha encontrado en el ejercicio de la lucha contra la corrupción?
Actualmente, sólo existe un juzgado anticorrupción a cargo de la recuperación del dinero sustraído por la corrupción, que está a cargo de una jueza y tres asistentes administrativos. Otros dos juzgados se han desactivado por un criterio administrativo, relacionado a la carga procesal sin considerar la complejidad de los casos. En este único juzgado además, no tienen experiencia y lo que es grave no conocen los casos. Esto afecta el cobro de reparaciones civiles.
De otro lado, en el trabajo con las fiscalías hemos notado que no todos los fiscales que llevan casos de corrupción se encuentran debidamente especializados, existe cierto celo con la investigación e, incluso, algunos (felizmente pocos) ven al procurador como un invasor de su espacio, lo cual genera, como es obvio, una ausencia de trabajo en conjunto. No obstante, también hemos encontrado, con satisfacción, otros fiscales muy bien capacitados, con convicción en su función y valientes. Todos los días litigamos codo a codo con ellos y contra la corrupción.
- ¿Cómo cree que la ciudadanía debe percibir a la Procuraduría Anticorrupción?
- Como una entidad que lidera la lucha contra la corrupción, sobre todo ahora, en el contexto actual, en el que hay una preocupante crisis institucional y desconfianza de la población en sus autoridades. La Procuraduría Anticorrupción no se limita a ser un ente de cobro. Recibimos denuncias de los ciudadanos (incluso anónimas), las analizamos y las derivamos al Ministerio Público; coadyuvamos al fiscal en su labor de investigación; solicitamos medidas de coerción, embargos, nulidades de transferencias; nos encargamos de sustentar la pretensión civil para que se repare el daño causado al Estado; y colaboramos para el debido esclarecimiento de los hechos. En suma, litigamos desde nuestro rol en el proceso. Nuestra labor es legal, no política.
- ¿Cuánto dinero se ha logrado recuperar de la corrupción desde el inicio de la gestión?
- Cuando hablamos de nuestra gestión, hago referencia al período de trabajo que iniciamos a finales del 2011, bajo la dirección de Julio Arbizu, pues todo esto es parte de un proyecto planificado y con objetivos claros que confío cumplir. Bueno, en el 2011, se recuperó S/.1´338,994; en el 2012, recuperamos S/.2´597,149; en el 2013, S/.2´649,090; y en lo que va del 2014, S/.400,000. Espero que en diciembre ya hayamos superado la cifra del año pasado.
- ¿Qué cree que debe suceder con dos temas coyunturales como son los resultados de la Megacomisión y lo que sucede en las regiones?
En el primero, el tema está en el ámbito político del Congreso, espero que el debate de los informes no se demore más. Por nuestra parte estamos litigando, ante la fiscalía y el poder judicial, los casos que están vinculados a algunos de los informes, como son narcoindultos y petroaudios.
En el caso de las regiones, el nivel de corrupción es bastante peligroso. Algunas han pasado a ser una especie de mini-dictaduras regionales con control de la prensa, empresarios, policías, etc. Siendo los delitos de corrupción más frecuentes los de colusión y peculado. Podríamos decir que ahora es más rentable ser Presidente Regional que Congresista de la República o cualquier otro alto cargo.
Agradezco la entrevista y los felicito por la labor de concientización que realizan. Compartimos el mismo deseo de luchar hoy por una sociedad más justa mañana.
