En enero de este año, el fiscal Marco Guzmán Baca decidió archivar parcialmente el caso de las esterilizaciones forzadas que se efectuaron en la dictadura de los noventa.

De acuerdo con esta resolución fiscal, no habían razones suficientes para denunciar penalmente al exdictador Fujimori por los delitos de lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y delito de exposición al peligro. , los cuales podrían ser calificados también como delitos de lesa humanidad.

Para el exprocurador Julio Arbizu, este archivamiento parcial es nefasto. "Ahí ha ocurrido algo que me parece nefasto, que es el archivo de la investigación que se había abierto recientemente en el 2013", afirmó.

En entrevista al Diario La Primera, Arbizu dijo que los argumentos presentados por la fiscalía eran "absolutamente denigrables". "La defensa de las víctimas interpuso un recurso de queja y cuando estaba a punto de resolverse en una fiscalía superior, el fiscal Peláez antes de irse, como uno de sus últimos actos de gestión, retira de la competencia a la fiscal que debió conocer la queja por turno y se la concede a otro fiscal", afirma el abogado.

Además, señala que esto sería una "vulneración del principio de fiscal natural". "Yo creo que hay muchas resistencias frente al caso de esterilizaciones forzadas, y es lamentable porque es un caso de gravísima violación a los derechos humanos que afectó a 13 mil mujeres", agregó.

Como se recuerda, durante la dictadura de Fujimori, 272 mil 28 mujeres fueron esterilizadas por el Ministerio de Salud, como parte de una campaña dirigida desde Palacio de Gobierno.

Además, se debe considerar que esta campaña se enfocó en los sectores más pobres del Perú. Por ello, se acusa que estos constituyen "delitos de lesa humanidad" porque atacan a un sector específico de la población.