Casi tres años después, el Tribunal Constitucional devolvió los derechos a la empresa canadiense Bear Creek para operar en las concesiones mineras Santa Ana en el distrito de Huacullani en la provincia de Chucuito, Puno. 

El organismo declaró inconstitucional el Decreto Supremo Nro. 032-2011-EM que impedía los trabajos de la minera en la zona ubicada a 50 kilómetros de la zona de frontera con Bolivia, ratificándola como la titular de Santa Ana y declarando el proyecto de explotación de plata de interés nacional.

"El fallo es muy claro. Deja sin efecto el decreto supremo que anulaba los trabajos que se hacían o que se podían hacer en la zona", señaló a la agencia Reuters el vicepresidente de desarrollo corporativo de la empresa, Andrés Franco, que preciso, sin embargo, que antes de continuar con el desarrollo del proyecto deberán conseguir el visto bueno de las comunidades aledañas.

Precisamente, fueron las protestas y manifestaciones ambientales de los habitantes las que consiguieron que se cancelará la explotación. En julio de 2011, Bear Creek interpondría el recurso legal buscando recuperar sus derechos a continuar con el proyecto.

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