Una noche de diciembre del 2011, pocos días antes de año nuevo, Luis Miguel Llanos, un empresario y peleador de artes marciales mixtas, observó que su novia de aquel entonces, la hija de un embajador peruano, forcejeaba contra dos sujetos que intentaban robarle la camioneta, una Kia Sportage. Era tarde, pero algunas personas aún merodeaban por la segunda cuadra de la oscura calle Trípoli, en Miraflores, ubicada muy cerca del malecón. Llanos desenfundó su arma y no dudó un instante. El primer delincuente se desplomó con una bala en la frente y dos en el estómago. Al otro la suerte le jugó en contra. Cuando intentó disparar mientras huía, la bala se atracó en la antecámara. Entonces, Llanos volvió a descerrajar su arma. Al segundo delincuente el disparó le penetró en la cabeza. Murió en el acto. Llanos tenía licencia para portar armas y arguyó que su acción se produjo en legítima defensa. La Fiscalía no estuvo de acuerdo y lo denunció por homicidio simple y abuso de su derecho de legítima defensa. Para la Fiscalía, Llanos había hecho abuso excesivo de la fuerza.

El caso concitó la atención de todos los medios. En un contexto creciente de robos, asaltos y crímenes, Llanos se convirtió en una especie de justiciero colectivo. Era el hombre en quien miles de víctimas veían cristalizado su deseo de justicia o venganza. Si hubo sevicia de parte de Llanos era lo de menos, total, la gente comentaba en las calles: “Acaso los delincuentes tienen piedad”. Un año después un juzgado de la Corte Superior de Lima desestimó la acusación fiscal contra Llanos. El empresario quedó libre y su caso, un hecho aislado, pasó a ser motivo de estudio en los cursos de derecho penal de las universidades: el uso de la legítima defensa en tiempos en los que la Policía parece perder la batalla contra la delincuencia.

El 14 de marzo, el congresista del PPC, Juan Carlos Eguren, presentó un proyecto de ley para reducir los excesivos trámites que tienen que padecer las personas que desean portar armas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Según el legislador, la defensa legítima es solo un fundamento anexo del proyecto, el principal es la formalización del mercado de armas y, por añadidura, combatir el mercado ilegal que provee a la delincuencia. Sin embargo, un proyecto de estas características, en el actual panorama en el que las personas empiezan a sentirse inseguras hasta dentro de sus propias casas, no podía ser recibido sino como una solución perentoria frente a la ineficiencia de la Policía: si ellos no pueden defendernos de la delincuencia, entonces tendremos que hacerlo nosotros. En la anarquía surge el Leviatán.  

El diario El Comercio respaldó el proyecto en su editorial del pasado 28 de abril titulada: “En legítima defensa”. Tras detallar los alcances de la iniciativa legal concluye: “Durante este gobierno el número de personas que ha denunciado delitos violentos ha aumentado en 37% y, según el mismo ministro del Interior, este es un problema que no se solucionará en el futuro cercano. En estas circunstancias, es vergonzoso que el propio Estado dificulte que los individuos se procuren a sí mismos la protección que él se muestra incapaz de otorgarles. El proyecto en cuestión sería una manera de detener esta injusticia”.

Eguren reafirma que la lucha contra la delincuencia “no le corresponde a los ciudadanos de a pie, sino a la Policía Nacional y marginalmente a Serenazgo”, y que su proyecto solo contribuirá a “reducir el mercado negro de armas”. “Vamos a cerrar el abastecimiento de armas en el mercado negro”, asegura el legislador quien agrega, además, que contrario a lo que se presume, su iniciativa legal plantea que las pruebas para obtener la licencia sean más rigurosas, pero una vez conseguida está no se complique la vida de los tenedores de armas. “Será más difícil entrar, pero será también más fácil quedarse en la legalidad”, dice.

El proyecto Eguren, en realidad, es una corrección a los cambios que se hicieron en la “Ley sobre fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas que no son de guerra” introducidos con la Ley 29954 en diciembre del 2012. El Gobierno de Humala endureció con esta ley los requisitos y trámites para las personas que deseen portar armas, con la puesta fin de sumar un grano de arena más para disminuir crímenes ligados a las armas de fuego. El proyecto, según el legislador, busca cambiar 180 grados el perfil de la norma actual la cual, señala,  invita a los tenedores de armas a la informalidad. 

Entre los principales puntos de la ley están: la renovación de la licencia cada cinco años y no cada año como es actualmente, permitir que los tenedores posean armas con calibres iguales o mayores a 9 milímetros, abolir el límite de dos armas por individuo, autorizar la venta de armas usadas en armerías, crear una tarjeta de propiedad del arma diferente de la licencia de porte y uso; y establecer un registro único para los policías y miembros de las fuerzas armadas retirados, que según el proyecto suman el 60% de civiles que poseen armas de fuego.

Pero hay aspecto de esta iniciativa legal que preocupan a organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), una organización especializada en temas de seguridad ciudadana. Jorge Levaggi, investigador de IDL, señala dos: la aplicación de silencio administrativo positivo para todos los trámites que se realizan en la Sucamec y el uso de arma de fuego para la defensa personal en el ámbito doméstico. En la actualidad, en ningún trámite de la Sucamec se puede aplicar el silencio administrativo positivo, lo que plantea  el proyecto es revertir esta situación: así si la Sucamec no te responde a tiempo, entonces automáticamente das por sentado que tienes permiso para usar y portar el arma. El proyecto justifica esta medida arguyendo que “se busca solucionar una de las quejas reiterativas de los usuarios legales respecto a la renovación de licencias, que teniendo el precedente de años de renovaciones sin incidentes, muchos usuarios se ven imposibilitadas de hacerlo por la demora en los trámites o en la justificación que SUCAMEC ahora solicita”. Pero el remedio podría ser peor que la enfermedad. “Es un tema peligroso que se presta a la corrupción de funcionarios o ineficiencia de los operadores de la Sucamec. No puedes pensar en un límite de tiempo cuando está en juego una licencia para armas de fuego”, fustiga Levaggi.

El investigador de IDL quien calificó el proyecto de Eguren como “populista”, juzga más grave incluso la flexibilidad que se plantea para el uso de armas para defensa personal en el ámbito doméstico. “La licencia está a tu nombre, pero toda persona cuyo domicilio legal sea el mismo que el tuyo puede usarla en caso de defensa personal, así no tengan licencia de uso. Ampliar así la potestad para utilizar un arma de fuego tiene un altísimo riesgo”, advierte. Levaggi coincide con Eguren en que existe en la actualidad una sobrerregulación, es decir una política errada, pero agrega que el proyecto del legislador del PPC peca pues casi conduce a la otra orilla y no aborda los temas de fondo como: exigir un examen psicológico más riguroso, en reemplazo de las pruebas de personalidad proyectiva, capacitación y pruebas de acción efectiva del uso del armas, entre otros. “Este proyecto surge porque la ley actual es bastante restrictiva. El proyecto es bastante popular en un contexto de violencia ciudadana. Pero abre muchas puertas y termina siendo riesgoso”, concluye.

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El proyecto de Eguren  ha abierto un debate más amplio que la mera normatividad sobre el uso de armas. Han surgido preguntas como: ¿el arma de fuego es la mejor y más eficiente manera de un ciudadano de defenderse de un delincuente? ¿Disminuye la criminalidad una sociedad donde por cultura y norma los ciudadanos usan armas de fuego? O  ¿Se incrementa los decibeles de la violencia?

Algunos estudios señalan que la restricción en la posesión de armas de fuego en los civiles no reduce el crimen (véase “¿Prohibir las armas de fuego reducirá homicidios y suicidios?” de Don Kates y Gary Mauser), pero de allí a inferir que la tenencia de armas ayudar a combatirlo hay una gran distancia. Ciertamente, en Perú la Policía no está en condiciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En Lima Metropolitana solo hay un efectivo por cada 953 habitantes. La ONU recomienda que haya un policía por cada 250 personas, para cumplir con esta Lima debería tener 36 mil policías en promedio, cuando hoy solo cuenta con 9 621. Más aún las comisarias se encuentran desabastecidas no solo de policías sino de pertrechos, vehículos y sistemas de comunicación.  

Diversos estudios y especialistas sostienen también que el uso de armas de fuego lejos de disminuir la ola de asaltos y crímenes en las ciudades provoca una escalada en los decibeles de la violencia pues los delincuentes no suelen intimidarse porque los ciudadanos porten armas de fuego. De hecho, en la región países como Argentina, Brasil o Uruguay asisten a una campaña voluntarias de desarme de la sociedad civil con diferentes resultados.

Y aún conclusiones como las del estudio de Don Kates y Gary Mauser pueden rebatirse. El documental “Bowling For Columbine” con el que el director estadounidense Michael Moore ganó el Óscar en el 2002, reflexiona a partir de los hechos producidos en Columbine High School, donde dos adolescentes asesinaron a 12 alumnos y un profesor e hirieron a otros 24, antes de suicidarse; sobre temas como la violencia en las escuelas estadounidenses, el uso de armas por parte de civiles y lo que él llama la "Teoría del miedo". La “Teoría del miedo” de Moore es un recuento histórico de cómo el temor acompañó el desarrollo de la sociedad estadounidense (miedo a los ingleses, a los indios, a los negros, etc.) y la respuesta armada que éste produjo. Moore dice que los ciudadanos estadounidenses viven absortos en el miedo y la ignorancia. La realidad peruana parece bastante distante de la estadounidense y guarda dramáticas diferencias, sin embargo el psicólogo social y psicoanalista, Carlos Flores Galindo, afirma que no estamos muy alejados de esa realidad.  

La peruana es una sociedad violenta la cual hace no muchos años estaba inmersa en un proceso de violencia política donde los cochebombas (autos que eran llenados de bombas para hacerlos estallar en instituciones públicas y privadas) eran moneda corriente y que alguien muriera en un hecho violento no era extraño, recuerda Flores. Si bien ahora tenemos una “sensibilidad particular” frente a la violencia asociada a la delincuencia común, la sociedad peruana y Lima en particular es una ciudad “muy violenta” sin la necesidad de armas. “En este contexto, tenemos un país en el que pueden ocurrir cosas como Columbine, jóvenes escolares en contexto de abusos descarguen sus frustraciones mediante la violencia, hechos con esos extremos no han ocurrido todavía, puede que generalizar el uso de armas permitan que sucedan”, advierte Flores Galindo.

En definitiva, todos los especialistas sostienen en que se requiere modificar la actual "Ley sobre fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas que no son de guerra”, así como fortalecer a la Sucamec, una institución que opera en la actualidad deficientemente, de tal modo que no se obligue a los tenedores de armas a pasar a la ilegalidad, pero que el control y la supervisión de armas no se flexibilice. Quizá convenga recordar que las armas que usaron los asesinos de Columbine, fueron, algunas, legalmente adquiridas por la novia de uno de los homicidas en una feria de armas y otras compradas a un amigo. Así como también que por estar armados no estamos necesariamente más protegidos frente a la delincuencia.