En abril pasado se lanzó la publicación Propuesta de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (Propuesta Ciudadana y Red Muqui, Lima, 2014) que incluye un artículo titulado "Pequeña minería, minería artesanal e ilegal" de la investigadora Julia Cuadros.

Con datos actualizados a agosto de 2013, Cuadros sentaba el estado de la cuestión en cuanto a las características de la pequeña minería y la minería artesanal e ilegal, un problema que, a su entender en aquel momento, "no tenía visos de solución" en tanto las respuestas del Estado habían sido "unilaterales y sin una visión integral que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural".

En aquel momento ya se sabía que las normas para ajustar las prácticas de pequeños mineros y mineros artesanales a la formalidad no se correspondían del todo con la realidad que están normando, que los trámites de la formalización eran costosos y que los permisos sobre el uso del terreno superficial de las concesiones mineras se habían convertido en uno de los principales cuellos de botella del proceso.

Pero lo más importante de todo, es que el artículo de Cuadros ya ofrecía un diagnóstico de los principales problemas que venía enfrentando, y enfrenta todavía, el proceso de formalización, problemas que han dejado al descubierto tres aspectos políticos centrales que se oponen y seguramente se opondrán a una intervención eficaz y eficiente del Estado en materia de desarrollo en este u otros aspectos.

Una lectura sintética del texto nos dice que los principales obstáculos políticos al proceso han sido los siguientes:

El Estado amarrete

Las normas emitidas para ordenar la actividad minera (se refiere a los DS. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107) no había sido acompañada con otras que permitieran apoyar el proceso de formalización y ayudarlo a conseguir sus objetivos, en lo social y lo económico. Recién el domingo pasado la PCM reaccionó a esta demanda, en el caso de Madre de Dios, sacando el D.S. 033-2014-PCM, el "Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios" en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Pero, ¿y qué pasa con el resto de las regiones? En el Estado hay una lectura verdaderamente pobre de las causas que originaron este estallido en la minería artesanal y la pequeña minería. Un profundo desconocimiento de hasta qué punto la ausencia de inversión social estuvo entre sus disparadores más potentes; en particular de las regiones más deprimidas, como Abancay, Ayacucho, y las partes altoandinas de Cusco y Puno, cuya gente migra estacionalmente a los campamentos de minería informal en gran medida expulsados por las condiciones de pobreza que encuentran en sus lugares de origen. Tampoco hay una lectura sólida por parte del Estado respecto de qué tanto incide la pequeña minería y la minería artesanal en los índices de desarollo de las regiones donde se la encuentra, comparados, por ejemplo, con aquellas regiones donde se practica la gran minería. Dice Cuadros que la respuesta del Estado a los conflictos que origina la pequeña minería y la minería artesanal por lo general ha sido "tardía, represiva, y resistente abordar las causas de los conflictos".

Una política de formalización minera que no incluya una potente inversión social difícilmente podrá ser exitosa.

La descentralización fallida.

Los gobiernos regionales no tenían , y no tienen todavía, los recursos y las capacidades para hacer frente al enorme reto que supone la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. No cuentan con instrumentos de gestión del territorio, sobre todo aquellas regiones que no han logrado preparar una zonificación económica y ecológica, ni tampoco con los recursos y las capaciades suficientes. Respecto de eso, luego de Semana Santa el Ejecutivo reaccionó publicando la Estrategia de Saneamiento, que vendría a subsanar buena parte de los problemas que el proceso había expresado en el camino. Sin embargo, en este tema es elocuente y nada ocioso citar lo que Cuadros manifiesta acerca de la descentralización: 

 "O se transfieren competencias sobre pequeña minería y minería artesanal –acompañadas de recursos humanos, capacidades, logística, presupuestos, acordes con la magnitud de la tarea– o no se hace, y se sincera el hecho de que el gobierno central continua teniendo la última palabra en lo que se refiere a la inversión en minería, sin importar el tamaño de ésta"

El especulador feliz

Más allá de los aspectos técnicos de superposición de derechos y otorgamiento de uso del terreno superficial, que ya han aparecido varias veces en la cobertura de LaMula.pe sobre el tema de la minería informal, Cuadros hace referencia a dos de los más grandes temas políticos que la formalización minera ha desnudado.

El primero tiene que ver con la especulación y acaparamiento de derechos mineros sobre concesiones que se encuentran ociosas;  con la vigencia de esas concesiones que no se usan, esperando, precisamente, el mejor momento para vender o traspasar. Los plazos de caducidad para una concesión que no viene siendo trabajada son peligrosamente extensos, se trata de unos términos de vencimiento que precisamente avalan la especulación

Ambas cosas, lógicamente, producenla presión de pequeños mineros y mineros artesanales sobre porciones ociosas de subsuelo ya concesionadas, y, por tanto, es una de las razones por las que invaden tierras y usurpan terrenos.

Visto así, no se trata únicamente de ordenamientos territoriales regionales, sino de una voluntad, a veces expresa, a veces casi podría decirse que inconsciente, del Estado central por mantener el statu quo: el principal obstáculo político que tiene la formalización de la minería artesanal y la pequeña minería en el Perú es la conformación de nuestro Estado central, amarrete y centralista por vocación, e instrumento grandes intereses extractivos por conveniencia.