El 9 de abril fueron encontradas siete fosas con restos humanos en la localidad de Pangoa, provincia de Satipo (Junín). Más de 100 asháninkas habrían sido víctimas de una matanza sistemática perpetrada en esa zona por Sendero Luminoso a inicios de los años noventa. 

Un informe del diario La República, en 2007 los asháninkas sobrevivientes de la matanza hicieron un registro de los nombres y apellidos de 94 víctimas, lamentablemente sus cuerpos hasta hoy no son recuperados y esta lista nunca formó parte del Registro Único de Víctimas (RUV), salvo el nombre de cinco comuneros. El diario precisa que actualmente se conoce los nombres de 112 víctimas reportadas.

Como se sabe, Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas durante los años de violencia armada que vivió el país, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), creada por mujeres ayacuchanas, lleva más de 30 años en busca de justicia y de sus seres queridos.

"Busco los restos de mis hermanos para darles su cristiana sepultura, de repente en algún momento voy a encontrar, voy a enterrarlos en un cementerio, voy a llevar flor", comenta Juana Carrión Jaulis en el reportaje “Los 30 años de Anfasep”, recordando a sus dos hermanos desaparecidos por los militares en los años ochenta.

Los casos mencionados son solo una muestra de las 15 mil víctimas que dejó el conflicto interno (1980 – 2000), según el Ministerio Público. Sin embargo, entre 2002 y 2011 solo se recuperaron 2, 027 cuerpos y se identificaron a 1, 008 personas. 

Para la directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Gisela Ortiz, esto demuestra que no existió una verdadera preocupación del Estado por implementar un plan de búsqueda que permita ubicar e identificar a las víctimas, para luego entregárselas a sus familiares.

“Del poco más de 2 mil cuerpos que el Estado, a través del Equipo Forense Especializado, ha exhumado, cerca de mil no han sido identificados, es decir, del esfuerzo y la plata que cuesta ir a exhumar para guardarlos luego en un almacén siendo NN, continúan como desaparecidos”, indica a LaMula.pe.

Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta y uno de los rostros más representativos en esta búsqueda, recordó que ya pasaron más de 10 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó al Estado la elaboración de un plan de búsqueda de desaparecidos, pero hasta hoy no existe.

La defensora de derechos humanos indicó que el Estado tiene la obligación de responder a los familiares, a la sociedad y a la comunidad, y “parte de esa justicia es también la restitución de los cuerpos y que el familiar pueda descansar sabiendo que ya enterró a su ser querido”.

¿Por qué el Estado peruano no avanza en este tema?

El antropólogo Rafael Barrantes, responsable del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Perú, hasta el momento la política de Estado para hacer frente a lo que pasó en esos años, se enfocó en priorizar los procesos judiciales - que suelen ser engorrosos y durar muchos años- y no puso igual interés en la búsqueda de los desaparecidos.

En su opinión, si bien existen legítimos reclamos de los familiares de lograr sanciones penales contra los responsables de las desapariciones, también es muy importante adelantar la búsqueda porque no “todos los familiares están interesados en involucrarse en procesos judiciales, pero sí hay mucha expectativa sobre la ubicación y restitución de los restos”.

Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja se lleva a cabo varias acciones destinadas a dar respuestas a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas, como la coordinación entre distintas instituciones y sectores involucrados en el tema; capacita en acompañamiento psicosocial a personal de salud, trabaja empoderando a asociaciones de familiares, entre otras.

Primeros pasos

En octubre de 2012 el Ministerio de Justicia junto a diversas organizaciones civiles como la Coordinadora de Derechos Humanos (CDHH), la CICR, el EPAF, entre otras, coincidieron en que se requiere de una política de Estado orientado a la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto, de una oficina especializada que desde el Poder Ejecutivo organice y coordine las acciones con todos los ministerios e instituciones involucradas, y que ésta debe crearse a través de una ley para darle sostenibilidad en el tiempo.

Desde entonces se llevó a cabo múltiples mesas de trabajo (la última el 11 de abril), que dieron origen al borrador del proyecto de ley que está próximo a ser presentado por el Ministerio de Justicia.

Según el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, este proyecto legislativo “tiene un carácter humanitario y un importante contenido ético”. Explicó que permitirá ubicar, rescatar, identificar y entregar los cuerpos a sus familiares, quienes contarán con acompañamiento y asistencia psicosocial para afrontar todo el proceso. También facilitará el proceso de recojo de información, los familiares podrán brindar datos sobre los desaparecidos sin que esto, si así lo desean, les involucre en un proceso judicial.

Ávila precisó que este plan de búsqueda, además de ser una respuesta para los familiares de las víctimas, permitirá conocer con mayor exactitud el número de personas desaparecidas que hay en el Perú y derivar los casos identificados para que aporten en los procesos de judicialización.

No generar falsas expectativas

Para la congresista Marisol Pérez Tello, ex presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, este plan de búsqueda de desaparecidos es muy importante. “Es un mandato de la CVR y de los organismos internacionales como parte de los planes de reparación” que el Estado peruano debe cumplir, dice. Sin embargo, le preocupa que este plan solo genere falsas expectativas, como las que se crearon con las reparaciones colectivas y las reparaciones individuales.

"Mi temor en este plan es ese, que se generen expectativas en un plan serio de búsqueda como el que se recomendó en la CVR, pero que este plan solo sean buenas intenciones y no vengan acompañadas de presupuesto", señala a LaMula.pe.

La congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), quien participó en varias mesas de trabajo con familiares de desaparecidos, recordó que la más clara muestra de voluntad política que puede dar el gobierno es la asignación de recursos. “En la práctica, la voluntad del Estado no se ve en los proyectos que manda sino en los recursos que asigna, si esto no tiene recursos, será una buena intención, pero es más de lo mismo".

Al cierre de esta nota, el viceministro Ávila adelantó que en las próximas dos semanas el proyecto legislativo podría pasar al Congreso de la República para que sea evaluado y posteriormente, si cuenta con el respaldo necesario, aprobado.