Ya muchos lo han dicho, incluido el Presidente de Uruguay, José Mujica: la regularización del mercado de la marihuana es un experimento social. Sin duda es un salto cualitativo para comprender las relaciones entre la producción de drogas y la sociedad. Significa también una invitación a dejar atrás muchos de los presupuestos sobre el cannabis y las visiones moralistas y criminalizadoras que permeaban muchas de las investigaciones científicas y sociales sobre su consumo.

Con un líder como José Mujica, es muy fácil idealizar lo que sucede en Uruguay. Pero en ese país hay un importante sector que está en contra de la regularización del mercado de cannabis. Veamos.

Quimicofarmacéuticos

La primera partida de marihuana saldrá a distribución entre noviembre y diciembre de 2014. El Centro de Farmacias de Uruguay se toma el plazo con reserva: su representante ha dicho el 5 de mayo que no harán ninguna declaración pública al respecto. 

Cabe recordar que las farmacias no están obligadas a vender. La Asociación de Química y Farmacia uruguaya, por su parte, rechaza la posibilidad de expender marihuana en las farmacias. "Basado en evidencia científica no es de primera elección en el tratamiento de patologías para las que podría tener uso terapéutico", señaló la organización en un comunicado. Detallaron al respecto que la planta "no presenta usos terapéuticos tan difundidos ni tan específicos que justifiquen su comercialización generalizada, sobre todo en Uruguay". 

Cámara de Comercio

El senado uruguayo aprobó el 6 de mayo endurecer las medidas antitabaco, el mismo día que entró en vigor la reglamentación que autoriza el cultivo y la comercialización de la marihuana. Los empresarios protestaron al hacerse públicos los detalles del reglamento, y hablaron de un doble discurso del Gobierno del presidente José Mujica, según precisa EFE. 

El caso de la tabacalera Philip Morris y su demanda del 2010 contra el gobierno uruguayo es representativo de las tensiones que existen entre los intereses privados y las políticas públicas asociadas a la salud, las que han recibido el apoyo de la OMS, y otros agentes internacionales y jurídicos.

La reforma antitabaco tiene entre sus medidas prohibir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como impedir su exhibición en los puntos de venta, similares a las medidas que deben tomar las farmacias con la marihuana. El gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Uruguay, Claudio Piacenza, dijo a EFE que con el tema de la marihuana las autoridades uruguayas "son mucho menos restrictivas" que con el tabaco o el alcohol.

Ejemplo de ello que es que los cigarrillos y refrescos y cervezas serán gravados con el Impuesto Específico Interno (impuesto para productos suntuarios), mas no la marihuana. Los productores de marihuana también están exonerados del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios. El único impuesto que deberán pagar los empresarios cannábicos es el IVA a los productos agropecuarios en su estado natural, también conocido como IVA en suspenso, según informa El Observador de Uruguay.

Más allá del negocio

Por su parte, la asociación civil Proderechos criticó el centralismo de la regularización del mercado. Hernán Delgado, su representante, se mostró en desacuerdo con el artículo 23 de la ley, que establece que las actividades de los clubes cannábicos -modalidad especificada en la reglamentación- están dirigidas exclusivamente a sus integrantes. 

"El Estado pierde así una oportunidad de que los clubes se abran a toda la ciudadanía para educar en prácticas de consumo responsable o reducción de daños", dijo.

A finales de abril el legislador del Partido Nacional, Javier García, dijo que la legalización de la marihuana en dicho país es una improvisación para cumplir una promesa electoral. Este es un argumento que viene desde la oposición. También desde un sector de la prensa. Basta con ver la editorial de hoy del diario El País de Uruguay, titulado "Marihuana y politiquería", un texto bastante crítico, que no otorga ninguna concesión al gobierno de José Mujica, y en el que se intenta desbaratar los presupuestos por los que se promovió la legalización.

"Una de las primeras cosas que se dijo se buscaba con esta ley era reducir el consumo de drogas en general. Nada ni en la ley ni el la reglamentación lleva a eso por ningún lado. El costo del producto que supuestamente venderá el estado es ridículamente bajo, ya que se lo exonerará de impuestos que sí tienen otros consumos como el alcohol y el tabaco. Parece poco creíble que suministrar una droga a precio vil, sea una estrategia razonable para bajar su uso." 

"Se dijo que se iba a competir con el narcotráfico y tampoco eso parece nada claro. Primero, porque el gran narcotráfico hace tiempo que dejó la marihuana (basta preguntar por la calle o a la policía) para dedicarse a otras drogas que dejan márgenes de ganancia cientos de veces más altos. Segundo, porque la estructura pesada que estipula la ley para los cultivadores, hace poco atractivo que se sometan a la ley. Desde el riesgo de los registros, pasando por los controles burocráticos, hasta el precio tarifado. Mientras que en Estados Unidos, en el mercado legal, 1 gramo de marihuana cuesta unos 230 pesos (se ve fácil en internet), acá se pretende vender a 20 pesos. Además, de eso hay un 30% que queda para las farmacias, y otro tanto que se destina a pagar un canon. ¿Quién podrá cultivar rentablemente un producto no autóctono, complejo, cuando el margen es tan chico?"

Lo cierto es que Uruguay es un ejemplo de innovación en políticas públicas. Los resultados, los dirán el tiempo y los agentes encargados de supervisar y medir todos los efectos que tendrá en la sociedad uruguaya la regularización del mercado de la marihuana.

Aunque la legalización no es algo nuevo -Estados Unidos, España, Holanda-, lo que significa este proyecto es ir contra la corriente mundial, y aunque decir esto sea un lugar común, nos da indicios sobre por qué todo el mundo está pendiente de lo que suceda en tierras uruguayas.

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