Desde que en febrero de 2012 el Congreso de la República delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en temas de formalización minera e interdicción de la minería ilegal, la PCM impulsó la emisión de un paquete de normas que comienza con el D.S. 1100, de interdicción de la minería ilegal, y que luego proseguiría, entre otras, con el D.S. 1105, que establece los pasos que un minero informal debe seguir para alcanzar la formalización: el primero de ellos, la suscripción de una declaratoria de compromiso con la que se da inicio al trámite.

Posteriormente, entre agosto y diciembre de 2013 se cancelarían las declaraciones de compromiso que no se adecuaban al Anexo 1 del D.S.1100, es decir, de todos aquellos mineros que habían solicitado formalizar sus actividades en zonas en las que está prohibida la minería.

Hasta marzo de este año, nadie sabía cómo haría la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre de Dios para formalizar al 19 de abril a 3077 mineros, que firmaron su declaratoria de compromiso, con S/.1’556,763 de presupuesto anual para el 2013 y tres funcionarios en la Ventanilla Única. Lejos de lo que el gobierno propaló en diversos medios de comunicación respecto de la poca voluntad de los mineros para formalizarse, ni el Ejecutivo ni el gobierno regional habían apostado por un proceso de formalización minera que hoy es percibido en la región como una verdadera estafa.

Les mueven el piso

Todas las alarmas se encendieron en Madre de Dios cuando se emitió la R.D. 025–2014–MEM/DGFM, el 19 de marzo, que establece los lineamientos de cancelación de las declaratorias de compromiso con las que se inicia el trámite de formalización minera. Con ella, las actividades de un minero con una declaratoria de compromiso cancelada pasan directamente a la ilegalidad.

¿Por qué anunciar cuáles son las causales de anulación de una declaratoria de compromiso recién un mes antes de que termine el proceso de formalización minera ? ¿Lo transparente no habría sido poner sobre la mesa las causales desde el principio, para que cada minero pudiera saber de antemano si era elegible o no para el proceso de formalización?

Luego de esa R.D. los mineros de Huepetuhe sintieron que el Ejecutivo les cambiaba las reglas del juego en los descuentos del partido.Si antes había entre las asociaciones de mineros de Madre de Dios y el Ejecutivo una relación tirante, luego de las interdicciones del 28 y el 30 de abril en Huepetuhe, la relación ahora está rota y sin visos de poder recuperarse.

Urresti sorprendió a propios y extraños con esos operativos. Cuando todo hacía suponer que se venía la gran interdicción en La Pampa –en particular, de campamentos como Mega 11 o Mega 13, dentro del área de influencia de la Reserva Nacional del Tambopata y foco de la minería ilegal en la región– las fuerzas del orden enfilaron hacia Huepetuhe, y lo que siguió a continuación fue el terror. La situación incluso forzó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a escribir un comunicado y a su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban, a dedicarle al tema su Kolumna Okupa de los martes en La República. 

¿No debió ser al revés?

La pregunta saltaba por los aires como un frejolito mexicano, esperando que alguien la calzara de una patada: ¿por qué interdictar antes Huepetuhe que La Pampa? Para los mineros la respuesta es clarísima: porque el Lote 76 se superpone a sus concesiones mineras. Para ellos, el proceso de formalización minera es equivalente al proceso de saneamiento de tierras de un lote que, según lo anunciado por Hunt Oil, podría llegar a contener en gas el equivalente a tres Camiseas.

Lo que la gente de esta región siente por el Ejecutivo, y muy especialmente, lo que se sienten en poblados como Mazuko y Huepetuhe por la PCM y el general Urresti, es un odio jarocho. Allí, la sola mención de la palabras Urresti y Hunt Oil hace que les salten las venas del cuello.

Pero más importante que eso es que la desconfianza que el proceso de formalización ha generado por allá,  podría socavar la licencia social del proyecto de explotación del gas que la empresa ha anunciado para finales de este año en el Lote 76.

Por eso, cuando Urresti dice que, amparado en la Resolución 025, no se interdictó en Huepetuhe a mineros en vías de formalización, no miente, pero tampoco dice toda la verdad. No dice que todos esos mineros habían, efectivamente, iniciado sus trámites de formalización, que para ellos, la 025 supuso un cambio unilateral en las reglas del juego, cuando el partido estaba jugándose en los descuentos ni que, ahora, no sólo no tienen ninguna posibilidad de formalizarse sino que sus actividades han pasado directamente a la ilegalidad.

Inmediatamente después de las interdicciones hubo varias reacciones en el Congreso. Se registraron tuits de las parlamentarias Martha Chávez y Verónika Mendoza. 

En La República aparecieron sendos artículos de los congresistas Eulogio Amado Romero –que, según cuentan por ahí, habría renunciado a su cargo público frente los ciudadanos de Madre de Dios, aunque todavía no ha presentado dicha renuncia al pleno del Congreso– y Néstor Valqui; mientras que  Ángel Neyra viajó a Huepetuhe a recoger un pliego de reclamos que ya quemaba en manos de los mineros. Días después, Neyra exponía ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso las denuncias que había recibido, y el Facebook de su despacho publicaba esta foto, con la subsiguiente leyenda:

“Este es el equipo del fracaso del propósito de la formalización por consecuencias de las facultades legislativas que el Congreso de la República dio al Ejecutivo” […]¿Por qué no ha desaparecido La Pampa? ¿Por qué Urresti, asesor de la PCM no quiere interdictarla? ¿Cuál es su objetivo? ¿Exterminar pueblos para dejar el campo libre al Lote 76?"

Late el conflicto social

Lo que nos devuelve al principio: la facultad que el Congreso dio al Ejecutivo para legislar sobre temas de formalización minera e interdicción de la minería ilegal, y los resultados que hasta el momento se han conseguido.

Han pasado dos años desde que comenzó el proceso de formalización. Y a menos de 120 días de la etapa de saneamiento que anunció el Ejecutivo, hay unos 100 mineros formalizados en todo el país de los más de 76 mil que originalmente presentaron sus cartas de compromiso.

Mientras tanto, la minería informal y la ilegal han devastado más de 50 mil hectáreas de bosque primario amazónico.  Al 2011 se estima que se habían vertido 32 Tn de mercurio a los ríos de Madre de Dios, hay un número aún indeterminado de víctimas de trata de personas (en la fiscalía de Madre de Dios había 27 casos de trata, mientras que la Asociación Huarayo registró 59 víctimas sólo en el 2013), y se ha tejido una red de corrupción que involucra a la policía, funcionarios del Estado y mineros ilegales a la que faltarían las palabras del diccionario para describirla.

Ninguno de estos problemas tiene aun visos de resolverse.

¿Aló, con el presidente Humala por favor?

Fotos de portada y carrusel: Rodrigo Abd. AP