El lunes 5 de mayo, Ruth Buendía Mestoquiari tuvo un encuentro con la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, a propósito del reciente reconocimiento internacional que recibió la líder asháninka, el Premio Ambiental Goldman.

Cabe recordar que Buendía fue reconocida por frenar los proyectos hidroeléctricos (Pakitzapango y Tambo 40) que amenazaban territorios asháninkas, y por su exigencia al gobierno peruano: respetar el derecho de las comunidades a la Consulta Previa y a no ser desplazadas sin su consentimiento, tal como informa Actualidad Ambiental.

En este video, Ruth Buendía habla de su lucha contra la intervención privada en el territorio que ella representa, y cómo los megaproyectos que reciben la venia del gobierno central, en este caso, no beneficiaban del todo a las comunidades indígenas, por afectar directamente derechos socioeconómicos y ambientales. 

La ministra Omonte obvia esta crítica de Buendía. En los tres primeros minutos de su declaración, podemos apreciar los puntos ciegos, la falta de autocrítica, y el aire de piloto automático con que funciona gran parte del aparato discursivo del gobierno. La ministra habla de la lucha con la que tiene que enfrentarse la comunidad asháninka, el narcotráfico, el olvido, cosas que son ciertas, pero no habla de los acuerdos energéticos entre Perú y Brasil que afectan directamente a la comunidad que lidera Buendía.

Ver a un gobierno que celebra el galardón recibido por Buendía, es ver al gobierno esconder la mano luego de tirar la piedra.

Lo que vemos es el abismo que existe entre los intereses estatales y los de los ciudadanos asháninkas, y en general de las comunidades indígenas. Es como si el gobierno victimizara a estas comunidades ("los gobiernos anteriores no les han prestado atención"), pero negando su resistencia a proyectos que afectan sus intereses ambientales.

En nombre del Estado y su potestad sobre el territorio "de todos los peruanos", poco importan los colectivos que se ven afectados por una inversión que contamina o destruye ecosistemas. Más fácil es ejercer represión bruta contra los mineros informales por destruir y contaminar espacios naturales -aclaremos: estamos en contra de la minería informal e ilegal-, que regular o sancionar a aquellas empresas formales que reciben el espaldarazo gubernamental por destruir, desequilibrar y contaminar a favor del eriario.

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