“La conflictividad para ciertas personas es un negocio, por eso nosotros miramos con mucho cuidado cuando se da informes de conflictividades que no tienen sustento”. Estas declaraciones del presidente Regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz, hacen referencia al Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo del mes de marzo, que otorga a su departamento la medalla de oro en número de conflictos a nivel nacional (24).

La cosa no queda allí. Ni corto ni perezoso, Segovia no dudó en seguir con su crítica: “La Defensoría tiene la obsesión de hacer aparecer conflictos para hacer creer al gobierno central que es la que soluciona los problemas, exagera en su información y le reto a demostrarme que existen esos 24 conflictos”, declaró.

A pesar de que muchos coinciden que los reportes de la Defensoría son de alta credibilidad, las polémicas palabras del presidente regional sacan a la luz un importante y necesario debate en nuestro país: ¿qué es un conflicto y qué no?

Contando conflictos: DP vs. PCM

Dos instituciones son las encargadas de realizar un seguimiento de los conflictos sociales en el Perú: la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad desde el año 2004, y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que realiza acciones de prevención y seguimiento desde 2012.

Lo primero que llama la atención es la diferencia numérica en los conflictos: mientras la ONDS señala en su último informe Willaqniki (“el que avisa”) que en marzo se manifestaron 55 conflictos, la Defensoría sostiene que hay un total de 211 (134 casos de conflictos socioambientales). ¿Cómo es posible una diferencia tan abismal?

Para entenderlo, debemos examinar qué entiende por conflicto cada una de las instituciones. Con base a los lineamientos aprobados en el 2011 por la PCM, la ONDS, liderada por el doctor Vladimiro Huaroc, define el conflicto como “un proceso dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas y objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos”.

Si comparamos esta definición con la que presenta la Defensoría: “un conflicto debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”, no encontramos diferencias sustanciales.

Entonces, ¿qué hay detrás?

- En primer lugar, mientras la ONDS se centra en la gestión del Ejecutivo -buscando el mantenimiento de la gobernabilidad democrática-, la preocupación de la Defensoría es “garantista” preocupada por los derechos ciudadanos. Por tanto, queda clara la lógica en la tipología de la PCM, que clasifica los conflictos por sectores: agrario, minero, energético, etc.

- En segundo lugar, la Defensoría cataloga como conflicto a los denominados casos latentes o de etapa temprana, además de definir como activos aquellos que, habiendo alcanzado una crisis, o parte de su demanda, continúan en proceso de diálogo.

Por el contrario, para la PCM el conflicto se inicia con una “amenaza a la gobernabilidad o el orden público”. Al respecto, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, indica los riesgos de esta visión:

“Según la ONDS, el conflicto se inicia con una amenaza a la gobernabilidad o el orden público”. Esta afirmación traducida a hechos coloca a la violencia como elemento definitorio del conflicto; algo que no compartimos. La violencia es la expresión perversa del conflicto, pero no es constitutiva del conflicto mismo sino una posibilidad. En el Perú más de la mitad de los conflictos se han manifestado de manera pacífica”.

- En tercer lugar, como señala Javier Torres, la clasificación de la PCM basada en “diferencias, controversias y conflictos sociales” otorga tres nombres a elementos que son parte del desarrollo de un conflicto. Y por ello se pregunta: “¿Tiene sentido esta clasificación, sobre todo cuando uno de los significados de la palabra diferencia es “controversia, disensión u oposición de dos o más personas entre sí”, y que la definición de la palabra controversia es “discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas”?”

Pero también existen críticas al Informe de la Defensoría, principalmente por la ambigüedad del término socioambiental. Así el Observatorio de Tierras plantea revisar la tipología porque “no aporta a identificar el origen real de las disputas existentes y tampoco permite conocer los verdaderos rostros e intereses que están en juego”. Además, el término es tan amplio que engloba desde la falta de agua potable en la Comunidad San Agustín de Huaychao, hasta los impactos que generaría el proyecto minero Conga. 

¿Por el desarrollo del país?

Pero en el fondo, la diferencia central es que el trabajo de la PCM busca generar confianza en el empresariado y para ello nada mejor que “reducir” el número de conflictos. 

Las declaraciones del “alto comisionado” de la ONDS no dejan lugar a dudas: “Los inversionistas saben de la preocupación del Gobierno por cuidar del desarrollo de los proyectos mineros. Además, hemos terminado el año 2013 con casi US$ 10,000 millones en inversión solo en el sector minero, lo que estimo que se incrementará este año”, señaló a Gestión. 

Está claro, la prioridad de la ONDS es la misma que han tenido todos los gobiernos desde hace veinte años: antes que los derechos de la gente o la preservación del medio ambiente, está la inversión privada.

Información relacionada:

Informe n° 17 de Willaqniki

Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo n° 121