Que estas dos instituciones hayan sido registradas en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, les da la facultad de, por ejemplo, acceder a los borradores de resoluciones o resoluciones adoptadas por la Asamblea General y hacer observaciones de éstos, así como también solicitar financiamiento para sus actividades.

El Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) fue creado en el 2009, y, desde entonces sus objetivos centrales han sido el planteamiento, el debate, la propuesta y la incidencia en políticas públicas de reforma legal en materia de control de drogas y lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, como ya lo habíamos notado antes, el sector oficial que lleva y pone en práctica las políticas contra las drogas nunca se ha prestado al debate con un sector sociedad civil especializado. Para el caso, esta ONG parece ser la flor en la maleza de la cerrazón política, pues, lo que quieren, según Juan Manuel Torres, politólogo especialista en narcotráfico y coordinador del área de Política Exterior y Relaciones Internacionales del CIDDH, es "tratar de abrir el debate". Hasta ahora, éste ha sido cerrado, tal como lo demostró el último foro de drogas, donde estuvo Devida, Cedro y otras organizaciones de corte oficialista.

"En el Perú nuestra labor es bastante limitada, porque somos la única ONG que vela por el tema de reforma en materia de políticas de drogas y derechos humanos", contó Torres en entrevista para Lamula.pe. Aun cuando se muestre realista sobre la situación de la ONG en la que participa, también es consciente del poder que le da esta nueva inscripción en la OEA. "Nos da más capacidad para convocar", dice.

Esta inscripción además les permitirá entrar en contacto con otros sectores de la sociedad civil en Latinoamérica abocados a la misma causa. El especialista en narcotráfico opina que este hecho "nos logra articular como región un poco más".

El caso peruano

Cabe mencionar que el acercamiento de esta institución es desde los derechos humanos, de ahí que Torres pueda decir que el caso peruano "tiene serias deficiencia en torno a la aplicación de la ley en el tema drogas. Hay un montón de vulneraciones a los derechos de los campesinos, a los usuarios de drogas que portan menos de la cantidad establecida".

Claro, pensemos en la ineptitud de las fuerzas militares en Mazángaro. A finales de octubre del 2013, un bombardeo disuasivo en el distrito de Pangoa, en Junín, afectó a los pobladores civiles -destruyó sus casas- y causó la muerte de uno de ellos. No dieron en el blanco. 

Es por eso que Juan Manuel Torres insiste en la perspectiva de los DD.HH. para aliviar los riesgos sobre la población del narcotráfico y su lucha en contra. "Lo ideal es que sea abordado desde los derechos humanos, como cualquier problema, y acorde a eso, la responsabilidad por ley recae sobre la Policía Nacional del Perú, para luchar contra las drogas", dice.

El enfoque de la Policía Nacional es distinto al de los militares que "entran como si fuera a una guerra a matar" y además "no tienen la cuestión de prevención, de acompañamiento que podría sí tener la Policía, pero los tienen actualmente en menor medida, pero puede ser reforzada", afirma consciente de que las cosas pueden mejorarse. 

Sin embargo, es importante saber que para cada región del país el narcotráfico se manifiesta de distinta manera, y el VRAEM es un caso crítico. "El VRAEM es una situación complicada, tienes esta simbiosis entre Sendero y narcotráfico, y cómo estos se relacionan", cuenta. Ahí se da y debe darse "una acción coordinada, pero debería estar bajo el mando de la Policía", aclara.

Desconocimiento de las dinámicas e inercia 

Para Torres, en el Gobierno existe una inercia en sus políticas contra las drogas y el narcotráfico, pero también un desconocimiento de las dinámicas y de la movilidad de los narcotraficantes. "Tiene un poco de las dos" ya que las dinámicas de los narcos son cambiantes, pues, siempre evoluciona con el tiempo. "Los narcotraficantes siempre tienen nuevas formas", asegura.

Un ejemplo de ello es el efecto globo, fruto de las políticas de erradicación de cultivos de coca. Presionan aquí, pero se infla allá, y esto ya no solo afecta a nivel interno, sino a otros países, como a Bolivia y Brasil. "Erradican a un lado, pero el cultivo se mueve a otro lugar donde no hay control policial. Es una falta de atención acerca de las dinamicas, que podría bien trabajarse desde una estrategia que tenga en consideración ese punto. Lamentablemente, la estrategias actuales no tienen ese punto muy bien en claro, y dejan huecos para que el narcotráfico siga creciendo", sentencia.

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