Ayer domingo 27 de abril, llegaron las primeras noticias del arribo del general (r) Daniel Urresti a Madre de Dios, acompañado de veinte fiscales, doce periodistas de canales de televisión de la capital, y personal especializado en operaciones especiales del ejército.

Todo hacía suponer que intervendrían en La Pampa, corazón de la minería ilegal en Madre de Dios. Sin embargo, la mañana del lunes llegaron a LaMula.pe las primeras imágenes de la maquinaria destruida: correspondían a la zona de Huepetuhe. 

De acuerdo a la información consignada en la Web de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el operativo participaron más de 1500 miembros de la Marina, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú, que habrían recorrido los ríos Madre de Dios e Inambari, y el centro poblado Huepetuhe. En la interdicción contó con fiscales especializados en delitos ambientales de la procuraduría del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. 

Urresti, quién monitoreó las acciones de interdicción, declaró que no se intervino a los mineros en proceso de formalización, "sino a aquellos ilegales que vienen realizando esta actividad hace más de 40 años en la zona". “En este lugar se ha identificado a siete personas que encabezan estas ilícitas actividades”, continuó, para luego apostillar que la familia Baca–Casas dirige y financia el 80%, aproximadamente, de la actividad minera ilegal en Huepetuhe. Cabe señalar que en Huepetuhe, buena parte de los mineros en proceso de formalización se apellidan Baca, sin ser familiares directos de Gregoria Casas y Cecilio Baca y sin que ello suponga necesariamente vínculo con los negocios de este 'clan familiar'.

Según la Fedemin, para el mediodía del hoy las fuerzas del orden dinamitaron cinco campamentos mineros, dos excavadoras y varios motores. Testigos reportaron haber sido amenazados con armas de fuego por el ejército, y que los gases lacrimógenos utilizados para dispersarlos llegaron hasta la escuela.

Hasta el momento no se reportan detenciones ni heridos.

LaMula.pe conversó Walter Baca, presidente de la asociación de mineros de Huepetuhe. Baca critica que el gobierno haya iniciado las interdicciones en el denominado "corredor minero" –donde el Estado previamente había autorizado la actividad minera, y hay varios mineros en vías de formalizarse– y no en la zona de La Pampa, donde se concentra casi toda la minería ilegal en Madre de Dios, y que hasta el momento, sigue operando con normalidad.

Según Katty Bernaola, una de las testigos de los hechos, las maquinarias estaban paralizadas desde hacía semanas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo tercero del D.L. 1100, sobre la autorización de inicio/reinicio de las operaciones mineras, y con el paso último de la formalización establecido con el D.L. 1605. De acuerdo a la versión de esta informante, la maquinaria volada no se encontraba sobre cuerpos de agua, donde está prohibida la actividad de los pequeños mineros y mineros artesanales. Según esta versión, los mineros habrían estado esperando a que se iniciara la etapa de saneamiento anunciada por el Alto Comisionado para la formalización minera, Daniel Urresti.

Maruja Baca, titular de la empresa minera Bramath, y una de las mayores perjudicadas por la voladura de maquinarias durante este operativo, denunció a LaMula.pe los obstáculos que el gobierno ha puesto a la formalización de su empresa. Para ella, el principio de la realidad que la vincularía a las empresas de su madre (Gregoria Casas Huamanhuillca), su padre (Gregorio Baca) y sus hermanos, es ilegal. Baca denunció haber sido retirada del registro de pequeños mineros en formalización, sin que el Estado hasta el momento haya podido demostrar qué vínculos financieros unen a su empresa con las empresas del resto de su familia, símbolo ya de la minería informal en Madre de Dios, ni la cantidad de tierra que se remueve dentro de su concesión. 

Baca agrega que se le ha impedido formalizarse, y que luego de ello, el gobierno ha dinamitado su maquinaria e interdictado su campamento. Según el gobierno, las operaciones y el volumen de tierra removido en esta concesión en particular, corresponden a las dimensiones de la mediana minería y no a una pequeña operación minera o a de minería artesanal. 

De acuerdo a varios mineros de Huepetuhe consultados por LaMula.pe, este operativo ha incumplido el artículo séptimo del D.L. 1100, que regula las interdicciones. Dicho artículo establece que toda maquinaria, equipo e insumos que puedan ser decomisados tienen que ser puestos a disposición del gobierno regional. Los mineros afirmaron que la maquinaria e insumos interdictados hoy cumplían con este requisito, es decir, hubiesen podido ser trasladados por tierra y puestos a disposición del gobierno regional. Decidimos entonces llamar a su presidente, el Sr. Jorge Aldazábal, a preguntar cuánta de la maquinaria y los insumos interdictados durante los últimos años han sido puestos bajo su disposición años. Su respuesta fue categórica: nada, ninguno.

Pese a que la norma indica lo contrario, el Estado ha optado por el camino más espectacular: la voladura de maquinarias e insumos, antes que ponerlos a disposición del gobierno regional para que se utilicen con otros fines, distintos a la minería.