Revertir el dominio casi monopólico de ventas de diarios impresos que ha conseguido el Grupo El Comercio (GEC) tras comprar Epensa es una batalla legal que resolverá la justicia peruana en los próximos meses o años. El Tribunal Constitucional (TC) será quien tenga la última palabra, y el jueves de la semana pasada dos de sus expresidentes debatieron sobre la acción de amparo presentada por ocho periodistas que busca la nulidad de la compra hecha por el GEC.  

A FAVOR: 

El constitucionalista Cesar Landa explicó que si un solo medio domina el 78% del mercado de diarios impresos se pone en riesgo la pluralidad informativa y derechos como la libertad de expresión e información de los cuales nace “la vida pública” y, por ende, son fundamentales para la democracia. 

Está claro que los programas políticos de la televisión y la radio, así como la prensa escrita componen la agenda pública de un país,  y es allí donde reside su poder más allá de su capacidad de influir en las personas, direcciona la mirada de la ciudadanía hacia determinados asuntos. 

Landa, además, indicó que la aparente contradicción en la Constitución entre la protección de libertad de expresión y la libertad de empresa que es uno de los argumentos para defender la adquisición de Epensa, debe ser resuelta en favor de la primera, pues su valor es mayor en tanto es indispensable para salvaguardar el sistema democrático. "La democracia tiene sus libertades preferidas", dijo Landa.

Recayó en que el Artículo 61 de la Constitución Política que indica que los medios de comunicación "no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares". 

Argumentó que si bien para el caso de la prensa escrita ninguna ley, como si ocurre con la Ley de Radio y Televisión, establece un límite específico, el juez que dirima la causa debe “administrar justicia” es decir hacer uso de su criterio basado en el derecho para establecer un tope.  

Landa habló de interpretar los mandatos legales basado en el Artículo 139, Numeral 8 de la Constitución que dice lo siguiente:

“El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario”.

Cimentó su posición al afirmar que  países democráticos como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia han prohibido la adquisición de medios de comunicación por parte de otro porque afecta el derecho a la competencia (EE.UU.) o se han impuesto límites a la participación de un medio en el mercado de prensa escrita (Francia).

Agregó que el propio TC ha establecido jurisprudencia sobre la materia en los últimos diez años con tres sentencias en las que se ha establecido que la libertad de empresa no puede ser absoluta, que se debe salvaguardar la pluralidad informativa pues es constitutiva de la democracia, así también se ha ratificado los limites de participación en los mercados de los medios de comunicación al rechazar la demanda de una radioemisora para abolir el límite del 30% en la propiedad de las frecuencias radioeléctricas.  

EN CONTRA:

En tanto, Víctor García Toma opinó que la acción de amparo debería ser rechazada por el Poder Judicial pues no cumple con lo que estipula la ley para admitir este mecanismo legal, que es que no exista otra forma de resolver el conflicto. Explicó que el Código Civil plantea para este tipo de controversia la figura del "proceso de conocimiento" o la formulación de una denuncia ante Indecopi por abuso de posición de dominio.  

Agregó que es falso, además, como asegura la demanda de que ya en la actualidad se esté violando la libertad de expresión e información. Si así fuera, dijo, cualquier persona jurídica no podría fundar un diario y competir como lo ha hecho recientemente "el nuevo Diario Exitosa o la revista Impacto"

"Nadie ha sido impedido de ofertar y comercializar un diario nacional y la gente tiene libertad de elegir, según su preferencia, determinado diario”, dijo. Rechazó por tanto que exista un acaparamiento o lo que llamó un “totalitarismo periodístico”. 

Además, y en este punto se enfrenta a la tesis de Landa, rechazó que el Artículo 61 de la Constitución que prohíbe que los medios de comunicación sean objeto de “exclusividad monopolio y acaparamiento” pueda ser interpretad, y se basó también en un artículo de la Constitución y otro del Código Civil.

García Toma se basa en el Artículo 139 Numeral 9 de la Constitución que dice lo siguiente:

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

Y en el articulo 4 del título Preliminar del Código Civil que dice lo siguiente:

Artículo IV.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico

Reiteró que por estas razones la acción de amparo deber ser rechazada, y añadió que el único Poder del Estado que puede resolver los vacíos de la ley es el Congreso de la República y no el Poder Judicial. 

 "Los precedentes constitucionales no se refieren a los medios de comunicación. En la actualidad existe una pluralidad de fuentes de información en el Perú, hoy se mantiene el acceso a la información", dijo.

De todos modos, el director del Grupo La República Gustavo Mohme, uno de los demandantes en la acción de amparo ya ha señalado la intención de llevar el asunto hasta tribunales internacionales.

Cabe indicar que este debate fue el primero de los tres que organizarán el centro LIBER, el IPYS y la PUCP. El próximo debate será el 15 de mayo, donde Alfredo Bullard y José Távara discutirán si el Estado debe regular o no la concentración de los medios de comunicación para preservar la libre competencia y el debate democrático. 

Y el último se realizará el 11 de junio, entre Enrique Ghersi y Danilo Arbilla quienes polemizarán sobre los límites a la propiedad de los medios de comunicación desde el Estado.