La teoría política moderna más elemental dice que el Estado es la única institución que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Sin embargo, cuando ese monopolio es ejercido, la legitimidad del Estado frente a sus ciudadanos y, en particular, frente a quienes son receptores de esa violencia, se ve gravemente menoscabada.

Esto es lo que ha pasado en Madre de Dios.

El miércoles 8 de marzo, en Mazuko, una turba de personas comenzó a lanzar piedras contra la policía, una vez que intentaran dar pase a los autobuses de transporte de pasajeros. Los policías, protegiéndose con los escudos, respondieron con las mismas piedras que les lanzaron, y a palos, con bombas lacrimógenas, escopetas de perdigones y, también a balazos.

Interrogado sobre esto, el general Daniel Urresti contestó que aún era muy pronto para determinar si había sido la policía, que había que esperar a la necropsia de ley del muerto de un balazo en la cabeza, el mecánico electricista Américo Laura, y a los informes de balística.

Pues bien, La Mula viajó a Madre de Dios a averiguar qué cosa, realmente, había pasado. Para comenzar, dimos con que al cuerpo de Américo Laura no se le había realizado necropsia alguna. Tan pronto como pudieron, la policía sacó el cadáver en un transporte facilitados por ellos mismos, para que fuera enterrado por sus familiares en Quillabamba. Por otra parte, un informe de balística en este caso no habría servido de nada, puesto que, como demuestran las fotos del Colectivo Om, tomadas en los mismos instantes de los hechos, varios policías no cargaban con armas reglamentarias, sino con fusiles de caza y escopetas de calibre .12. En todo caso, si se realizara un estudio de balística, aquellas serían las municiones que deberían buscarse en los heridos.

El viernes pasado, entrevistamos a dos de los heridos de bala que llegaron evacuados de Mazuko al hospital Santa Rosa, de Puerto Maldonado. Se logró averiguar que el mismo día de los enfrentamientos, en el hospital, la policía no facilitó el acceso a los heridos ni a los familiares ni a la prensa. Y nosotros mismos debimos escabullirnos hasta las habitaciones de cirugía y traumatología, respectivamente, para conversar con los baleados que aún seguían guardando reposo.

Ambos confirmaron que los impactos de bala que recibieron, uno en el abdomen, el otro en el fémur, habían sido disparados por la policía, ambos orificios eran de entrada y salida.

A Nicanor Mamani una bala le entró por el abdomen y le salió por la espalda, muy cerca de los riñones, mientras huía de la carga policial. Mamani dice que Américo Laura primero habría sido herido por detrás, en el hombro, y luego en la cabeza, a una distancia de no más de cinco metros.

Yahir Sánchez  recibió el balazo mientras huía de la carga de la policía. Sintió que su pierna derecha dejaba de responderle, y luego de caer al suelo, fue pateado por varios agentes de las fuerzas del orden.

Al ser consultados sobre los autores del disparo, ambos heridos respondieron que quienes dispararon las armas de fuego fueron los policías.

En el hospital tuvimos acceso a la radiografía y al diagnóstico de Sánchez. La radiografía muestra dos ángulos de su pierna derecha, con un balazo que aparentemente entró de forma oblicua, trazando una diagonal a través del fémur. Su diagnóstico indica que fue llevado al hospital por la misma policía, e indica también que está herido por el proyectil de un arma de fuego.

¿Por qué la policía lleva esas armas a una manifestación y, lo que es peor, por qué las dispara contra los propios ciudadanos a los que debería proteger? ¿Por qué no se ordenó retirar a la efectivos cuando el enfrentamiento se calentó? ¿Quién ordenó a los efectivos que abrieran fuego?

El general Urresti contestó que debía mantenerse el principio de autoridad. Olvidó, sin embargo, que el principio de autoridad acaba allí donde comienzan los derechos ciudadanos, en particular, uno muy simple, el derecho a la vida. Por otra parte, puede intuirse una cierta voluntad de desaparición y ocultamiento, en la rauda evacuación del cuerpo para ser enterrado, sin hacerle una autopsia de ley.

Dentro de algunos logros innegables en la persecución del delito de la minería ilegal, hay también que distinguir una cosa en la que las declaraciones de Urresti se ha extra limitado, y con él, están equivocadas muchísimas otras personas: el proceso de formalización de la minería no es una guerra contra los mineros. Planteado como una guerra, la formalización no es un proceso de integración, sino todo lo contrario, una radial medida de exclusión. La formalización debería implicar la integración de los mineros que laboran en la informalidad al sistema democrático, y eso no se va lograr a balazos.

Este es un proceso que tiene que llevarse por lo civil, no por lo militar.

Sin embargo, de este grave equívoco, que atenta contra todos los principios de la democracia, ha hecho eco, primero, una larga satanización de los mineros y pobladores en general de Madre de Dios (como si todos fueran mineros ilegales), en los medios de comunicación masivos, que se nutren del sensacionalismo y de la desinformación de la ciudadanía en general respecto de lo que ocurre en Madre de Dios.

Y luego, de esta visión militar de la formalización, la misma que nos sitúa en término de, o ellos o nosotros, también se ha hecho eco campañas apoyadas por ONG ambientalistas, como #NoValeArrugar. Ambas cosas optan por apuntar la responsabilidad de los balazos a los mismos heridos: porque son mineros ilegales, porque una banda de mafiosos les ha pagado para salir a manifestarse, porque destruyen el medio ambiente, porque algunos de ellos son delincuentes, porque ellos provocaron a la policía. Todo esto puede ser cierto, lo más probable es que lo sea, pero no fueron ellos los que jalaron el gatillo. Se trata del  mismo tipo de criminalización de la protesta que se ve en muchos de los medios de comunicación masivos que cubren los conflictos ambientales que burbujean alrededor de las minas y los pozos petroleros del país.

No se puede defender al medio ambiente vulnerando derechos humanos y, muy en particular, vulnerando el derecho a la vida de los ciudadanos.

Un Estado sin legitimidad sólo puede afirmarse mediante la violencia. Aquí radica la absoluta pérdida de legitimidad de este gobierno entre los pobladores de Madre de Dios. Una pérdida de legitimidad que el viernes pasado se veía representada por el entierro simbólico del presidente Ollanta Humala en la plaza de armas de Puerto Maldonado, la farsa de una viuda representando a la primera dama, Nadine Heredia, llorando sobre el rústico ataúd, y la foto del ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal al lado de una esvástica y un retrato de Hitler.