“El reglamento de la Ley Servir es una porquería. Va más allá de la ley y desconoce derechos fundamentales de los trabajadores”, dice Domingo Cabrera, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales (CTE) al otro lado del teléfono.  

Dos días después que Servir publicó el proyecto de reglamento, los sindicatos laborales han convocado a un paro nacional de 48 horas, los próximos 22 y 23 de abril. “Estamos en pie de lucha”, reafirma Cabrera.

De acuerdo a los sindicatos, el gobierno incumplió el acuerdo discutir un proyecto de ley que derogara los artículos más cuestionables de la Ley Servir (como es el referido a la negociación colectiva), antes de iniciar el proceso de reglamentación.

El gobierno, en cambio, ha procedido con publicación del proyecto y ha otorgado un plazo de 20 días a los gremios sindicales, especialistas y la ciudadanía en general para recoger sus sugerencias u observaciones.

El documento publicado el martes detalla aspectos de la ley que concentraban los temores de los trabajadores estatales como es abrir la puerta a los despidos masivos.

El reglamento consigna que serán despedidos los trabajadores que postulen al concurso para pasar al nuevo régimen de servicio civil,  y desaprueben dos evaluaciones consecutivos o en el plazo de cinco años.  Cabe indicar que el reglamento establece un proceso de capacitación previo p

En el caso de los 218 mil contratados bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), alrededor del 40% de la planilla estatal, de no aprobar el primer examen serán cesados cuando venzan sus respectivos contratos. ¿Se abre, entonces, la puerta a los despidos masivos? No necesariamente.

EVALUACIÓN SOBRE CAPACIDADES

Es decir, el temor de los servidores públicos se funda en el recuerdo de los despidos masivos que se produjeron en la década del gobierno de Fujimori. Como explica el exministro de Trabajo Javier Neves Mujica en aquella oportunidad se realizaron absurdas pruebas de “conocimiento general”.

Más se trató de un pantomima cuya finalidad si era despedir a los trabajadores. En cambio, la evaluación que planea Servir —a la que se someterán todos los trabajadores decidan o no postular al nuevo régimen— será sobre las competencias de los profesionales en sus respectivas áreas de trabajo.

“Si ahora va a ser el propio rendimiento de la persona en su puesto no tendrían necesariamente que resultar en despidos masivo como piensan las centrales”, anota Neves. Empero si señala que atenta contra el derecho de los trabajadores que tanto la ley como el reglamento no estipulen la compensación económica que los servidores públicos cesados recibirán.

Desde Servir anotan que el objetivo no es despedir a los trabajadores de los regímenes 728 o 276, pues eso significaría “bombardear” la propia reforma. Por ello, “cada institución verá la forma de cómo realizar el concurso a efectos de que el trabajador obtenga el perfil requerido”, explica el presidente de Servir Juan Carlos Cortez.

En cualquiera de los casos, la migración será un proceso lento. Antes del primer concurso, cada institución realizará un mapeo de los recursos y puestos, elaborará los perfiles técnicos de cada puesto y se realizará una valorización de los puestos.

Una vez que se cumpla ese largo preámbulo, cada institución convocará a concurso. El primer concurso será semicerrado (90% de las plazas podrán ser copadas solo por los trabajadores que ya laboran en el Estado) y el segundo, que se producirá en caso no se haya cubierto las plazas con trabajadores del Estado, sí será abierto al público, en general.

En la actualidad, son 50 instituciones públicas que viene recibiendo asistencia técnica de Servir para implementar la ley y podrían hacerlo, según Cortez, a partir del segundo semestre del año, fecha en la que espera ya se haya aprobado el reglamento.

LA AGONÍA DE LOS DERECHOS LABORALES

Sin embargo, esta reforma del aparato público no solo es cuestionada por las evaluaciones. Los sindicatos advierten que el reglamento ratifica que se “arrasará” con derechos como “la estabilidad laboral, seguridad jurídica en el trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva remunerativa”, entre otros.

Neves Mujica considera que el reglamento no introduce nuevos perjuicios. “Es difícil empeorar algo que ya es pésimo en materia de derechos laborales. ¿Cómo puedes empeorar que se impida negociar colectivamente las remuneraciones?”.

Cortez, en cambio, pide ver esta reforma no solo como una unificación del régimen laboral, sino como un cambio profundo en el funcionamiento de las instituciones públicas. El funcionario explica que en la actualidad, las dependencias públicas no están organizadas en función de procesos, por ello el servicio final es de “mala calidad”.

“No es solo un cambio de régimen laboral es un cambio más profundo. No se trata de un cuantos derechos tengo y cuántos dejo de tener, sino es un cambio institucional”, refiere.

LA DECISIÓN DEL TC

Mientras esto sucede en el Tribunal Constitucional (TC) siguen su curso dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Servir que podrían, en caso el tribunal convalide la demanda, derogar algunos artículos de la ley que presuntamente vulneran el derecho de negociación colectiva.

Según la Defensoría del Pueblo estos artículos serían el 42°, 43° y 44°. Sin embargo, Neves Mujica considera poco probable que el TC admita cualquiera de las demandas. “Me temo que el TC va a convalidar la ley porque hubo una sentencia en un proceso de amparo en el caso Sunat, en la que el TC dijo que la prohibición de negociar remuneraciones de manera colectiva era compatible con la Constitución; entonces es probable que repita ese mismo criterio”.

Paradójicamente, con la casi consumada exoneración de los trabajadores judiciales marcha un proyecto del TC para autoexonerarse bajo el argumento de que poseen autonomía. 

Según Servir y diversos laboralistas no existen razones para que tanto el Congreso, como el Poder Judicial o el TC queden al margen de Servir pues la ley no implica una interferencia con la autonomía de estos poderes del Estado.

EL REGLAMENTO EN PUNTOS

1)  Doscientas sesenta y cinco artículos y treinta y cinco disposiciones complementarias, en total 114 páginas constituyen el cuerpo del reglamento de la Ley de Servicio Civil.

2)  El primer concurso será semicerrado, solo el 10% de las plazas serán abiertas al público en general. Los funcionarios podrán postular a un puesto dentro de su institución o en otra entidad pública.

3)  El reglamento establece un 5% para personal de confianza. Sin embargo, estos puestos también tendrán un perfil técnico que los funcionarios elegidos deberán cumplir.

4)  Las instituciones desarrollarán el perfil con apoyo técnico de Servir. Al final el perfil que se desarrolle será evaluado por la misma Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas.

5)  Se elabora un reglamento de compensaciones que elaborará una metodología de valorización para que cada funcionario tenga un adecuado monto de remuneración. El reglamento lo viene trabajando el MEF.

6)  Al 750 gobiernos locales cuenta con menos de 20 trabajadores y la mitad, es decir 350 tienen menos de diez; para ellas se elaboró un reglamento especial. “Es importante que tenga un tratamiento especial porque es imposible que puedan realizar todas las cosas que se le exigen a las empresas grandes”, explicó el presidente de Servir. 

7)  Los comentarios y sugerencias que se recibirán en los próximos 20 días serán sistematizados y publicados por Servir en un documento, en el que se explicará por qué si o por qué no se incluyeron en el reglamento.

8)  Los servidores que obtenga una calificación de personal de rendimiento sujeto a observación, tendrán derecho y prioridad a la capacitación para la formación laboral en los temas considerados en su respectivo plan de mejora.