En una columna de opinión difundida ayer, el economista Óscar Ugarteche explora la posibilidad de que el narcotráfico esté en proceso de copar, desde dentro, el estado peruano, con la complicidad de algunos actores políticos y también la anuencia de grupos financieros y mediáticos. Ugarteche toma evidencias que van desde la época del ex presidente Alberto Fujimori, durante la cual se encontró un avión estatal lleno de toneladas de cocaína, hasta los resultados de la denominada Megacomisión que investigó al ex mandatario Alan García y que revela los aparentes nexos del líder aprista con el narcotráfico, evidenciados en los llamados 'narcoindultos'.

A continuación, El narco Estado, artículo escrito por Óscar Ugarteche y publicado Agencia Latinoamericana de Información.

El narco Estado

En tema recurrente de los últimos veinte años en el análisis político latinoamericano ha sido si existen los narco estados y qué los define. Está el marco referencial de México y lo que parece como un antiguo acuerdo de pase de drogas. El narcotraficante iba con el seudónimo de El Señor de los Cielos y pasaba la droga por aire en un acuerdo con un ministro de Estado del PRI de los años 50 que era vecino de su casa de campo. En México no hay nadie de alto nivel en la cárcel por narcotráfico y el control del territorio se perdió en varios estados.   

Luego está el caso colombiano donde hay financiamiento de los carteles de las drogas a los partidos políticos. El caso más ruidoso fue el financiamiento de Ernesto Samper a la Presidencia de la República siendo puente del dinero Fernando Botero, hijo del pintor y Ministro de Estado. Samper mismo quedó impoluto y Botero en la cárcel con un grupo grande de su partido político. El siguiente caso importante fue el escándalo de la venta de armas a las FARC a cambio de drogas donde el ministro de Defensa de Colombia acusó a Fujimori y Montesinos en el 2000, pocos meses antes de la caída de Montesinos[i] y luego de Fujimori. Esto fue acompañado de eventos aislados durante el fujimorismo de naves del Estado peruano llenas de toneladas de cocaína, tanto barcos de la Marina de Guerra como el avión presidencial. En los casos peruanos no cayó ningún responsable político a pesar de las acusaciones. El poder judicial eximió en todos los casos tanto a Montesinos como a Fujimori.

El caso más nuevo y complicado es el del ex presidente Alan García donde el mismo parece ser cómplice del narcotráfico en el “sólido norte”, área geográfica donde su partido político ha predominado históricamente. El APRA se fundó en Trujillo en la costa norte. La complicidad parece tener la forma de indultos a sentenciados por narcotráfico. Esto no tendría cariz de complicidad si no se tratara de números masivos de narcos dejados libres y de los procedimientos empleados.

En el semanario limeño Hildebrandt en sus Trece del 28 de marzo del 2014, el periodista Carlos León Moya señala varias cosas. El informe de la Megacomisión “da cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.

En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”. Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.

A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.

Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas. Hasta acá la cita del artículo del semanario.

Todo parece sugerir que el ex presidente García sería cómplice de los narcoraficantes en general y de los mexicanos en especial que operan en el Perú donde han traslado algunas de las técnicas que usan en su país, incluyendo el sicariato, los secuestros y los infalibles dedos y orejas cortados. El tipo de violencia del narcotráfico desalienta tanto a los inversionistas como a los ciudadanos en este buen momento de la economía peruana. La relación del ex Presidente con el narcotráfico es una mala noticia para el país. Que no se juzgue el caso será una peor noticia.

La interrogante, dado que se trata de un ex jefe de estado, es lo que implica para los que están detrás de él en la vida política. Por ejemplo, ¿los grupos financieros y mineros que lo sostienen sabían de esta complicidad? ¿El diario donde escribe el ex Presidente jurando su inocencia tiene conocimiento de estas operaciones? Al margen de lo que ocurra con el informe en la vía penal, la información hecha pública indica que hay complicidad presidencial con el narcotráfico por al menos segunda vez en el Perú a nivel presidencial: primero Fujimori y después García.

¿Cómo son las reacciones institucionales internas como son? ¿Qué piensa la Policía Nacional sobre la captura de narcos, al riesgo de sus vidas y la de sus familias, que luego su presidente liberó? ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas ante esta información? Al fin y al cabo quedaron muy afectadas por el narcotráfico en los años de Fujimori y el general Malca sigue prófugo teóricamente en México donde fue embajador hasta el 2000. Las Fuerzas Armadas están en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) peleando contra el narcotráfico, pero, ¿luego de capturados los narcos eran igualmente liberados? El juicio de la opinión pública en el caso de los narco indultos presidenciales es muy pesado, otra carrera a la presidencia de García pondría en claro quiénes son sus patrocinadores. Ahora sí, nadie puede decir que no sabían en que anda y con quien el ex presidente.

La violencia en el sólido norte creció en los años de García y la nueva captura de los mismos liberados hace pensar que operan libremente con la confianza de tener influencia al más alto nivel. Este caso ya no se trata de administración del Estado sino simple y llanamente de narcotráfico, que por cierto puede ser denunciado ante un tribunal internacional, en caso que no prosperen los procedimientos internos peruanos. Como corresponde a este nivel de corrupción, se está entorpeciendo al más alto nivel la lectura del informe. Incluso, durante el proceso de investigación, el presidente y los miembros de la comisión fueron amenazados repetidamente y los prestigios de sus familias puestos en cuestión, como evidencia que lo hallado es verdad. García ha hecho que la Corte Suprema anule todo lo actuado en la comisión el día mismo que apareció el informe. Como no puede haber interferencias entre poderes del Estado, lo que corresponde es que se presente el informe completo ante el pleno del Congreso peruano para que luego de ser aprobado pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales.

El trabajo de la comisión ya está hecho y debe ser publicado a la brevedad para que se comience la búsqueda de la articulación del narcotráfico peruano con el mexicano para acabar con esta lacra. Eso ya le corresponde a inteligencia y a la DEA que se tienen que dar por informados ahora. El congresista Sergio Tejada y todos los comisionados merecen una felicitación por este extraordinario trabajo hecho bajo amenaza de muerte, que ahora se puede ver que es posible hacerlo. Si algo le ocurre a alguno de los miembros de la comisión estará claro quién fue.

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