¿Es realmente la minería informal un problema similar al del transporte público, la justicia popular de los linchamientos, la invasión de terrenos y demás que caracterizaron a la migración de los Andes a la costa durante los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta? ¿Se reduce todo a un Estado mercantilista que no es capaz de incluir a estos emprendedores en el sistema? ¿Es posible interpretar el fenómeno de la minería informal desde esta suerte de liberalismo popular que propone Hernando de Soto en El otro sendero?

Ayer, el géologo Rafael Belaúnde hacía las veces de portavoz de De Soto en el programa de Jaime de Althaus, y dejaba para la discusión algunos interesantes problemas. 

Comencemos con los consensos. 

Consensos

1. El sistema de concesiones mineras

Parece haber un sólido acuerdo sobre lo central del sistema de concesiones mineras como causa primera de los problemas que ocasiona la actual minería informal. Así lo han expresado Pedro Solano y Carmen Heck, en un artículo publicado para la SPDA; Javier Torres Seoane en una columna editorial para Noticias Ser, así se ha dicho aquí, en LaMula.pe; y así lo ha expresado anoche Rafael Beláunde: el sistema de concesiones mineras funciona mal. 

No sólo está en el origen de los conflictos ambientales provocados en Madre de Dios por la minería informal e ilegal, también es una de las causas de buena parte de los conflictos sociales que crepitan como champiñones a lo largo del país. 

Existen, tal como afirmó Belaúnde ayer, especuladores que acumulan concesiones y se sientan sobre ellas sin explotarlas, esperando el mejor momento para traspasarlas, venderlas o alquilarlas. Es en muchas de esas concesiones que se encuentran vetas cuya explotación no sería rentable para las grandes compañías pero sí para los pequeños mineros que las invaden. ¿Por qué no cambiar ese sistema de concesiones para que estos pequeños mineros puedan trabajar como trabajan los grandes capitales?

De acuerdo. 

Beláunde afirmaba, además, la necesidad de recortar el tamaño de las concesiones mineras, y de acrecentar gradualmente el costo de mantener los derechos anuales sobre ellas a medida que aumentaba su número de hectáreas. 

De acuerdo. Porque definitivamente el actual sistema de concesiones no es ni liberal, ni neoliberal, ni nada. Es mercantilismo puro y duro. 

 Ahora: cambiar el sistema de concesiones requiere cambiar algunas reglas de juego para la gran minería formal. 

¿Qué dirán de esto la Confiep o el diario Gestión?

Para solucionar los problemas que ocasiona la minería informal, ¿están dispuestos a alterar una parte de las reglas del juego? ¿O arrugarán frente a la minería informal e ilegal, con tal de mantener el statu quo?

2. Un consenso a medias: el apartheid legal

Tal como se ha llevado a cabo el proceso de formalización, efectivamente, las normas creadas han conformado una tela de araña legal, por usar el mismo término que usa Vargas Llosa en el prólogo de El otro sendero, aparentemente destinada antes a excluir a los mineros de la legalidad que ha incluirlos dentro del sistema.Puesto de otra manera: las demandas de las federaciones mineras son irrepresentables en el actual proceso de formalización. 

La exclusión de los mineros de la formalización estaría, además, respaldada por una consistente campaña de satanización de los mineros en los medios de comunicación de la capital. Para muestra sólo un botón: el último y efectista titular de Caretas respecto de la marcha minera en Lima: "Minería infernal". Zambullidos en el pasado, la cantidad de titulares como éste se multiplican exponencialmente. 

Pero, cuidado. 

Anoche Belaúnde cuestionaba los requerimientos ambientales con los que tendrían que cumplir los mineros para formalizarse. Son irrealizables, decía, para operaciones, a veces, de un sólo trabajador. Y añadió que ellos suponían el mayor des–incentivo para la formalización. 

Esto, naturalmente, es falso. 

No porque supongan o no un des–incentivo, por usar su neologismo, sino porque la principal traba que han encontrado los mineros para formalizarse no han sido las regulaciones ambientales sino los permisos sobre el uso superficial del suelo. Ayer, precisamente, como durante la semana pasada, en la Mula.pe hemos venido repasando este problema para el caso de Madre de Dios. Es un tema que, de nuevo, apunta al actual sistema de concesiones. 

Cuidado también con la utilización de la problemática de la minería informal para rebajar los estándares ambientales que deben mantener y aumentar las grandes empresas mineras y petroleras, puesto que algunas de ellas, como Plus Petrol, son corresponsables ya, junto con el Estado, de desastres ambientales como el de la cuenca de río Marañón. 

Disensos

Nada más fácil que rebatir los argumentos de un libro que apareció hace casi veinte años, más aún si, a lo largo de este tiempo, su autor no ha modificado un ápice su línea de argumentación. Así que eso es lo que voy a hacer. 

1. El tema social: patrones y empresas

Si Hernando de Soto esta suponiendo, como hizo ya con el desborde del Estado en los ochenta, que los mineros informales son emprendedores similares a los que originaron la revolución industrial en Inglaterra y Francia, estaría metiendo la pata, pero así, hasta el fondo. 

Un minero no equivale a una empresa. Equivale a una lealtad. Lejos de los análisis de costo beneficio de un individuo racional operando en el vacío, buena parte de los mineros establecen relaciones verticales de solidaridad en torno a un patrón. Las caras visibles de estas relaciones de patronazgo son conocidas ya por todos: el congresista Eulogio Amado Romero, el clan Baca–Casas en Huepetuhe, el presidente de la Fedemin, Luis Otzuka, por hablar sólo de Madre de Dios. Porque si hay algo que precisamente se resiste a la burocratización racional de la empresa, y lo hace, además, de la manera más específica, son este tipo de lealtades clientelísticas hacia los patrones. 

Nuevamente, cuidado. 

Porque hay patrones que operan dentro de los márgenes de la legalidad, pero hay otros que se mueven muy peligrosamente de la informalidad al crimen; y, puesto que no existe manera de incorporarlo a la ley, el crimen no se formaliza, se sanciona. Me refiero, por supuesto, a los delitos conexos a la minería del oro, sobre todo, al lavado de activos, que a su vez tienden puentes entre la minería informal y el narcotráfico. 

2. El tema ambiental: 

La actividad minera en lugares como Madre de Dios no sólo no es compatible con el ecosistema, sino que tampoco es compatible con varias de las otras actividades económicas de la región, especialmente, con las que le son vecinas. 

El ejemplo que esgrime Beláunde está situado en el Yukón, entre Canadá y Alaska. Pero, para bien o para mal, esto es el Perú, y aquí nuestras instituciones no son las mismas ni funcionan igual de bien (y a veces no funcionan en lo absoluto) que las estadounidenses o las canadienses. 

Por otra parte, ni aquel ejemplo ni los casos concretos que vemos en el Perú, explican la manera como la minería informal se vincula a otras actividades económicas. Una concesión minera bajo explotación en la Amazonía no es compatible en lo absoluto con una concesión de ecoturismo, conservación o agro–forestería y, más aún, no es compatible con aquellos derecho habientes que han sido expulsados de sus concesiones sea por la invasión directa de mineros o por la destrucción ambiental a la que sus terrenos han sido sometidos.