Imaginemos a Eduardo. Eduardo no es un santo, tampoco es un demonio, es simplemente uno más de los 1827 concesionarios que se dedican a la minería del oro en Madre de Dios.

Eduardo ya no quiere más interdicciones y está dispuesto a formalizarse. Presentó en diciembre su declaratoria de compromiso y tiene en regla los documentos que lo acreditan como concesionario minero, es decir, ha cumplido con los pasos 1 y 2 del proceso. Sin embargo, no puede cumplir con el tercero. Sobre su concesión minera, hay otros derecho–habientes con los que, durante estos años del boom aurífero, ha tenido que lidiar.

 En la parte Norte de su concesión, hay un aguajal, y allí está Alberto, que sobre esa porción de tierra minera tiene una concesión para la explotación de la palmera del aguaje. Eduardo, digamos, no ha sido amable con Alberto. Ha invadido directamente el pantano, puesto que en cuerpos de agua como aquél es donde suele concentrarse el oro aluvial. Alberto ha sido expulsado de su concesión, pero los derechos sobre aquel aguajal, continúan siendo suyos. 

Al Este de la concesión minera de Eduardo, está Frisancho. Frisancho es un conspicuo conservacionista, un agricultor con ideales que ha aprendido técnicas de agro–forestería con el transcurrir de los años y ahora se siente orgulloso de ello: en su chacra hay combinados palos de cedro, café, árboles frutales, yuca, mokuna, y hasta tiene una parcelita de arroz. Eduardo habría querido hacer con Frisancho lo mismo que hizo con Alberto, pero no ha podido. Frisancho tiene un montón de hijos, gente que ha crecido en el monte, con un buen manejo de la escopeta y el arco y las flechas. A ver anda métete con ellos. Así que Eduardo ha tenido que negociar, y entrega a Frisancho el 10% del oro de todo el oro que extrae. 

En un rinconcito de la concesión minera, casi tocando ya la Reserva Nacional del Tambopata, está Edwin. Edwin es el vecino hipster de Eduardo, un gentrificador amazónico que había venido desarrollando un pequeño proyecto ecoturístico antes de la radical subida de los precios del oro. Su proyecto, por supuesto, ha fracasado. ¿Qué turista quiere ir a ver a cuatro tipos con una chupadora, deforestando y escarbando en los aguajales? Ningún turista quiere, tampoco, ir al pequeño prostibar que Teresa ha colocado dentro de la concesión minera para satisfacer los deseos alcohólicos y libidinosos que urgen a Eduardo y sus trabajadores durante los fines de semana. Así que Edwin también ha sido expulsado de su concesión pero, a diferencia de Alberto, no se ha quedado de manos cruzadas: ha interpuesto a Eduardo una denuncia en la Corte Superior de Justicia de Puerto Maldonado. 

Y para terminar de complicar la vida de Eduardo, casi la tercera parte de su concesión minera está sobre una comunidad nativa amarakaeri llamada Las Vírgenes del Sol . Jeni, Dany, Gianmarco, Tamara, Víctor, Ginno, Daniel, todos recuerdan haber ido desnudos por el monte cazando sachavacas durante su infancia. Todos ellos han impedido a Eduardo la entrada, y visto como se enriquecía en poco tiempo. Por eso, optaron por explotar ellos mismos el mineral que se encuentra bajo la comunidad. Pero los derechos para hacer minería en ese lugar no los tiene la comunidad. Los tiene Eduardo. Se trata de una relación tensa: a veces la comunidad paga a Eduardo unas regalías por la explotación del oro, a veces Gianmarco y sus patas, los jóvenes guerreros, se masatean y recuerdan que los abuelos les decían que todo aquello era territorio amarakaeri, entonces, salen a dar caza al minero, y Eduardo y sus trabajadores, que deben huir despavoridos, temporalmente. 

Ahora bien, Eduardo necesita el permiso sobre el uso superficial del suelo para poder formalizarse. Es decir, tiene que pedir a Alberto, Edwin, Frisancho, y a toda la comunidad de las Vírgenes del Sol, la autorización para usar la superficie a porciones que les corresponden o que tienen concesionadas para fines distintos a la minería. ¿Qué ha pasado? Alberto ha pedido a Eduardo unos cuarenta millones de dólares, una suma descabellada, por haber venido operando en su aguajal desde hace años. Frisancho no quiere saber nada del tema, el quiere seguir en lo suyo, quiere seguir cobrando sus regalías y dedicándose a la agro–forestería y  la conservación. Edwin ha recordado a Eduardo que tienen un proceso abierto en el Poder Judicial, y aprovechará para pedir una reparación civil. Y la gente en las Vírgenes del Sol, han optado por no dar a Eduardo la autorización porque ellos mismos quieren ser los concesionarios mineros, es decir, quieren arrebatar a Eduardo de la tercera parte de su concesión para realizar allí minería. 

El resultado: Eduardo no puede avanzar más allá del paso 3 de la formalización. Y así como la suya, en Madre de Dios existen 1116 concesiones que presentan problemas similares. ¿Cómo solucionarlos?

Lo primero: ordenamiento territorial. Hay un tema previo al de la formalización. El Estado y el gobierno regional deben reconocer que hay actividades económicas que no son compatibles ambiental ni socialmente unas con otras. Es decir, así la concesión para ecoturismo de Edwin no estuviera superpuesta con la de Eduardo, aun si sólo fueran vecinos, la actividad del primero afectaría negativamente a la del segundo. Y lo mismo es posible que pase con Frisancho, Edwin y Alberto. Es decir: el Estado y el gobierno regional deben (¡DE UNA UNA VEZ!), emprender con seriedad con ordenamiento territorial y ordenar las actividades económicas de la región. Aun si Eduardo estuviera formalizado, su operación haría fracasar los proyectos de todos los demás derecho–habientes del suelo. Esto implica que el Estado invierta en investigación, que los ingenieros del Minem hagan prospecciones o proyecciones sobre los lugares donde es posible hallar oro, y los lugares donde ello es poco probable, o los lugares donde la realización de la actividad minera es menos problemática, ambientalmente hablando. 

Lo segundo: el mercado negro y los testaferros de concesiones. Tienen que desaparecer. Esto tiene una consecuencia para el resto del país, puesto que implicaría cambiar el sistema nacional de concesiones: el mismo sistema de concesiones que es uno de los orígenes del actual desastre ambiental de Madre de Dios, es el que funda la actividad de las mineras y petroleras formales. Empresas como Yanacocha, Barrick, Antamina, Buenaventura, Repsol, PlusPetrol, etc., y sus lobbies (la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, etc.) tienen que abrirse públicamente a que las reglas de su juego se modifiquen, deben posicionarse claramente a favor de la formalización antes que significar un obstáculo para ella. Si no se cambia el sistema nacional de concesiones, el ordenamiento territorial de Madre de Dios es sencillamente inviable. 

Lo tercero: el saneamiento de la tierra. El Estado y el gobierno regional de Madre de Dios deben decidir los criterios que definirán la prioridad sobre el uso de la superficie. Brack hizo un amago de ordenamiento territorial con la creación del corredor minero. Pero aún es necesario decidir qué actividad primará en este corredor. Si prima el sentido de la realidad, deberían anularse todas las demás concesiones sobre el suelo en aquél lugar, es decir, tendrían que salir concesionarios forestales, castañeros, propietarios de predios agrícolas, o, para entendernos: Edwin, Frisancho y Alberto perderían los derechos que tienen sobre sus respectivas concesiones, de tal forma que Eduardo ya sólo tendría que negociar con la comunidad de Las Vírgenes del Sol. Si priman la jurisprudencia y la justicia, tendrían que ser los concesionarios más antiguos quienes tengan la prioridad sobre el uso del suelo, siempre de acuerdo con un ordenamiento territorial previamente consensuado.  Los mineros que hayan ganado la prioridad sobre el uso del suelo a la fuerza, no sólo deberían ser expulsados de los terrenos que invadieron, tienen que ser interdictados y sancionados. 

Lo cuarto: presupuesto. La plata para invertir en el proceso de formalización está en manos de no más de 6 personas. El presidente, Ollanta Humala; el ministro de economía, Luis Miguel Castilla: el ministro del ambiente, Manuel Pulgar–Vidal; el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga; el ministro de agricultura, Juan Manuel Benites, el presidente del gobierno regional de Madre de Dios, Jorge Alberto Aldazabal. Todos ellos tienen que comprometerse públicamente a que el Estado invertirá en un proceso que este mismo gobierno emprendió. No se puede esperar, como dicta la norma, que parte del dinero para la formalización salga de las ONG, es decir, de la sociedad civil. Eso es una paparruchada. El Estado (y los gobiernos de Fujimori, en particular) es responsable directo del desastre ambiental de Madre de Dios: porque liberó el comercio del oro en los 90, porque promovió la minería artesanal, y porque, durante el boom del oro de los años pasados, se distinguió por su impasibilidad. Ahora, pues, que tome responsabilidad y se haga cargo. 

Lo quinto: la parte técnica. Los funcionarios de la Ventanilla Única deben visitar in situ el corredor minero, deben ir, concesión por concesión, resolviendo los conflictos entre los diversos usos del suelo cedidos por el Estado, además de sancionar otras prácticas que enredan aún más el problema.  Para eso, nuevamente, se necesita que el Estado asigne un presupuesto real, que permita se aumente el número de funcionarios de la DREMH–MDD y que se les asignen recursos acordes con la tarea que tienen que realizar. Nuevamente: el ministro de Economía tiene que comprometerse públicamente a que asignará recursos al proceso de formalización en Madre de Dios.  

Lo sexto: los mineros. La Fedemin tienen que comenzar a aceptar y explicar a sus asociados que no todos van a poder ser formalizados. 

No como periodista, como ciudadano, exijo que esto se haga ya. 

Así, que, señores, esto era para ayer. ¡Qué esperan!

El dato

Según la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios (DREMH–MDD) existen un total de 1827 derechos mineros en la región. Entre ellos, algo menos de la tercera parte (711) no registra ningún tipo de superposición con algún otro derecho sobre el uso del suelo. El resto, esta superpuesto a uno o más derecho–habientes, sean concesionarios forestales, predios agrícolas, o para la conservación y el ecoturismo. Esto, sin contar que el Lote 76, hasta el fin de semana pasado en manos de Hunt Oil, está superpuesto con casi la totalidad del corredor minero de Madre de Dios.