Amenazas de muerte que no tardan en convertirse en asesinatos. Investigaciones por actos de corrupción que misteriosamente son archivadas tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Y como velo de esta trama, el presidente regional de Áncash, César Álvarez, burlándose de los asesinatos y atentados contra sus opositores.  

La muerte del ex consejero regional de esta región, Ezequiel Nolasco Campos, a manos de un sicario ocurrida hace dos semanas, remeció al Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial que hasta entonces habían archivado cuanta denuncia de corrupción pesaba sobre la gestión de Álvarez. 

Nolasco se había convertido en el rostro visible de la oposición y ya había anunciado su intención de candidatear a la presidencia regional, hasta que le llegó la muerte. Son nueve en total los opositores políticos del presidente regional de Áncash asesinados.

El testimonio de Nolasco había sido clave en el informe que el legislador de Perú Posible Modesto Julca presentó, en julio pasado, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendado al Ministerio Público iniciar una investigación contra Álvarez. Este informe fue inexplicablemente archivado a no ser por el respaldo a la gestión del presidente regional de Áncash de legisladores como Víctor Crisólogo (Perú Posible), y Heriberto Benitez (Solidaridad Nacional).

Áncash es una región con presupuesto elevadísimo. Entre el 2005 y el primer cuatrimestre del 2013 recibió 6,868 millones de soles por concepto de canon minero, el monto más alto en el país debido a que en la región operan empresas como Barrick Misquichilca (Mina Pierina) y Antamina.

Si hay algo que sobra en las arcas del gobierno regional es dinero. Éste le ha servido, por ejemplo, para pagar la capacitación a 12 magistrados de la Corte del Santa en los Estados Unidos con un costo total de 47 mil 472.80 soles.  (Estos magistrado son: Nicolás Ticona Carbajal, Linda Vanini Chang, Carlos Maya Espinoza, Eloy Sotelo Mateo, Roma Cruz Avilés, Pedro Rodríguez Huayaney, Mardelí Carrasco Rosas, Richard Concepción Carhuancho, Walter Sánchez, Daniel Vásquez Cárdenas, Frey Tolentino, Ángela Cárdenas)

Pero no para ocultar una serie de denuncias por corrupción entre las que resaltan: 1) El caso de las 79 ambulancias presuntamente sobrevaloradas, según un informe de la Contraloría. 2) La presunta sobrevalorización del canal de wecrococha presupuestado en 4 millones de soles. 3)  La rehabilitación, mejoramiento y construcción de 99 kilómetros de la carretera Callejón Huaylas, Chacas, San Luis presuntamente presuntamente sobrevalorada en 3 millones de soles. 4) El suspendido convenio entre el Gobierno Regional de Áncash y  la cuestionada Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por un valor de 849 millones de soles, que dos especialistas en contrataciones con el Estado calificaron de irregular, entre las principales. 

TOMAN LA BATUTA

A estas alturas la ola de corrupción y actos delictivos que apuntan al presidente regional de Áncash es tan evidente que al Congreso de la República no le ha quedado más camino que formar una nueva comisión especial  que investigue las irregularidades en la gestión de Álvarez.

En tanto, desde el Poder Judicial se solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que “se proceda a la revisión de expedientes vinculados, directa o indirectamente, con el ex consejero regional Ezequiel Nolasco, en donde, presuntamente se habrían excluido a varias personas involucradas en hechos delictivos”.

Además, la Contraloría de la República anunció una auditoria a la gestión de Álvarez y el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, dispuso el cambio inmediato del titular de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa Hugo farro Murillo por la fiscal superior Nancy Tereza Moreno, sobre quien desde el año pasado pesan diversas amenazas de muerte.

“Ni sus amenazas ni sus balas me harán claudicar en la lucha contra la corrupción. No voy a acusar a nadie, pero a aquellos que no quieren que se les investigue y están tratando de amedrentarme les digo que no les tengo miedo", declaró valientemente la fiscal Moreno.

Asimismo, diversos parlamentarios han solicitado la intervención directa del Poder Ejecutivo. Sin embargo, poco o nada puede hacer desde el Gobierno central. El catedrático de derecho constitucional de la Universidad Católica, Joel Campos, sostiene que la Ley de Gobiernos Regionales establece para éstos autonomía política, administrativa y económica, y por tanto el Ejecutivo está impedido de actuar.  

“Si hay indicios de corrupción o una red criminal enquistada en el Gobierno regional, el primero en decir o actuar es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y, por supuesto, el Congreso como parte de sus facultades de fiscalización”. Es decir, lo que ya se ha hecho.

Sin embargo, hay otros mecanismos que posee el Poder Ejecutivo para “ahogar” a un gobierno regional, explica el economista Jorge González Izquierdo. “Se puede recortar las transferencias presupuestales, regular o espaciar los depósitos del canon o congelar los depósitos que posee el gobierno regional en el Banco de la Nación”.

Por ahora, todo esta en las manos del Congreso, Ministerio Público y el Poder Judicial.