En el ejemplo de Madre de Dios, los datos dicen que la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional  (DREM–MDD) ha cedido un total de 1827 derechos a personas naturales o jurídicas para la realización de actividades mineras. Entre estos, 1116 derechos mineros están superpuestos con algún otro tipo de derecho sobre el uso del suelo, léase: concesiones de ecoturismo, conservación, concesiones forestales o predios agrícolas; 711 de esos derechos no presentan superposición alguna. Vale remarcar que no en todas las concesiones es posible hallar oro, y que no todas se encuentran bajo explotación.

Ahora bien, existen 5 requisitos con los que todo minero (informal o ilegal) debe cumplir para formalizarse:

1. La presentación de una declaración de compromiso

2. La presentación del documento que acredite la titularidad, el contrato de cesión, el acuerdo o contrato de explotación, sobre la concesión minera correspondiente.

3. La acreditación de la propiedad o autorización del uso del terreno superficial

4. La presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)

5. La autorización para el inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y o beneficio de minerales.

Al 11 de febrero de 2014, de las 1827 concesiones mineras sobre el territorio de la región tan sólo 289 habían presentado un IGAC a la DREM–MDD  , es decir, tan sólo el 16% de los concesionarios mineros había iniciado el trámite de formalización; y entre éstos,  sólo 21 han cumplido con presentar toda la documentación necesaria correspondiente a los 5 pasos requeridos para formalizarse.

¿Qué significan los datos?

1. Los mineros se han abstenido en masa de iniciar el proceso de formalización. ¿Significa eso que no tienen voluntad de formalizarse? No necesariamente. Ahora veremos por qué.

2. Si hay un dato que apoye la tesis de que los mineros no se han formalizado porque no han querido, ése es que 711 de los 1827 derechos mineros no presentan superposición alguna con otros derechos sobre el uso superficial de los terrenos. Es decir, casi el 40% de los concesionarios mineros de Madre de Dios podrían, al menos, haber cumplido sin problemas con presentar toda la documentación requerida por el IGAC. Y sólo 21 lo han hecho.

3. Pero ahora, veamos: que ninguno de esos 21 derechos mineros se superponga sobre otros derechos sobre el uso superficial de la tierra significa que otras 268 de las 289 solicitudes presentadas sí presentan este problema. Y todas ellas quedaron entrampadas en el Paso 3 de la formalización, es decir no lograron obtener la autorización de los demás derecho habientes sobre aquella porción del suelo para realizar minería . 

El Paso 3 claramente es el cuello de botella en el proceso de la formalización.

4. El Estado está interpretando que de los 1827 personas jurídicas o naturales con derechos para realizar minería, sólo 289 ha expresado su voluntad de formalizarse. Un número bajísimo. El caso es que esta interpretación no es empíricamente cierta.

5. Uno puede entender que tan sólo el 15% de los mineros madrediosenses  han iniciado el trámite de formalización, o puede encontrar que la FEDEMIN (una institución  capaz de movilizar a contingentes de mineros por bases distritales, y con amplios recursos económicos) tiene 268 ejemplos con qué argumentar al Estado que el Paso 3 de la formalización no funciona, y que, por tanto, no vale la pena que los demás miles de mineros sigan con un proceso de formalización que los terminará por entrampar. Puesto de otra forma, la FEDEMIN tiene 268 casos que demuestran a sus miles de afiliados que este paso del proceso de la formalización no funciona. Y, ¿saben una cosa? En este punto los mineros tienen razón. NO funciona. Yo estuve la semana pasada en la DREM de Puerto Maldonado.y pude comprobar que a los funcionarios que representan a las diversas instancias del Estado que deberían atender simultáneamente a los mineros en la Ventanilla Única, difícilmente se los encuentra juntos.

6. En una entrevista hecha por La Mula, el General Urresti declaró que precisamente para solucionar el problema del Paso 3 de la formalización se había creado la Ventanilla Única, y que como consecuencia, los mineros ya no tenían excusas para no formalizarse. Pues bien, que de los casos de concesiones con superposición de derechos de uso sobre el terreno superficial no se haya solucionado uno solo, nuevamente, significa que la Ventanilla Única NO está funcionando. 

En el proceso de formalización no ha funcionado la etapa donde se deberían enmendar las contradicciones entre los diversos derechos de uso cedidos por el Estado sobre la tierra. 

Y este no es un problema sólo de la minería ilegal. El sistema de concesiones que tiene el Estado peruano es desastroso. En primer lugar, no existe un uso uniformado de medidas de georreferenciación entre los distintos ministerios, de energía y minas, de ambiente, de agricultura, etc. Así, bajo un sistema, una concesión puede presentar superposición de derechos con otra y, bajo el el sistema que usa el otro ministerio, no presentar superposición alguna. Este es el mismo sistema de concesiones que está detrás de todos los conflictos sociales generados alrededor de la minería formal y legal, es decir, de la gran minería: Conga, Las Bambas, ustedes nómbrenlo. 

7. Hay un tema del que hasta ahora no se ha hablado, que es fundamental para solucionar los problemas ocasionados por la minería ilegal, y que la Ventanilla Única ha sacado a la luz de manera no intencionada:  entrar al profundo proceso de saneamiento y ordenamiento territorial que el Perú necesita, implica también cambiar las reglas del juego para la gran minería y para la exploración petrolera y gasífera. De emprender el Estado esta reforma tan necesaria,  ¿no sospecharían, ustedes lectores, grandes intereses moviéndose para garantizar el statu quo y poniendo, desgarrados, el grito en el cielo? Que tenemos un Estado demasiado pesado, que hay que eliminar las reglas que impiden el libre mercado, que se ponen trabas a la inversión, el libreto lo conocemos todos. 

8. El Estado no ha invertido la misma cantidad de dinero en las interdicciones que en el proceso de formalización. Ha favorecido el aspecto punitivo de la estrategia de su lucha contra la minería ilegal, pero no ha abierto un camino por el que los mineros puedan transitar hacia la formalización: de allí la gran presión que hay ahora sobre las federaciones mineras, y las últimas marchas. El Estado tiene que dar salida a esa presión mediante la mejora del proceso de formalización. 

9. En el contexto del plazo último para la presentación del IGAC, el próximo 19 de abril, el Estado debió supervisar el correcto funcionamiento de la Ventanilla Única si no quería, como no quiere todavía, reprogramar este plazo, tal como solicitan las marchas mineras de los últimos días. 

Se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario y arreglar los problemas de la Ventanilla Única ¡YA! 

10.  Además, tendría que invertir en enviar a los funcionarios de las ventanillas únicas a que solucionen los problemas de superposición de derechos, concesión por concesión. Esto cuesta un dinero que en un principio no estuvo dispuesto a invertir, pero, sobre todo, toma tiempo. Que ahora lo haga en menos de un mes parece casi imposible. 

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