La policía brasileña detuvo hoy a Paulo Roberto Costa, un exdirector de Refino y Abastecimiento de la petrolera estatal Petrobras por su supuesta vinculación con una banda dedicada al lavado de recursos de procedencia ilícita que fue desarticulada esta semana, informaron fuentes oficiales. 

Costa fue durante muchos años uno de los principales ejecutivos de la mayor empresa de Brasil y también es acusado acusado de destrucción de prueba, ya que de acuerdo con los investigadores, sus familiares destruyeron documentos de la empresa de consultoría que el ejecutivo abrió tras su salida de la petrolera y que supuestamente lo vincularían con la organización criminal.

Versiones de prensa no confirmadas indican que Costa recibió un vehículo todoterreno como regalo del propietario de una casa de cambio integrante del grupo acusado de lavado de dinero.

La citada organización, desmontada el lunes en una operación que terminó con la detención de 24 personas, es acusada de haber lavado cerca de 10.000 millones de reales (unos 4.350 millones de dólares) de recursos de origen ilegal.

La policía, que movilizó a cerca de 400 agentes para detener a los acusados de integrar la banda, también acusa a sus miembros de desvío de recursos públicos, evasión de divisas, corrupción, contrabando de piedras preciosas y tráfico de drogas, entre otros delitos.

Los miembros de la organización están acusados de utilizar lavanderías y puestos de abastecimiento de combustibles como fachada para ofrecer operaciones clandestinas de cambio y de envío de recursos al exterior.

Piden investigar a Rousseff

Cinco senadores brasileños anunciaron que solicitarán formalmente a la Procuraduría General (Fiscalía) que investigue a la presidenta, Dilma Rousseff, por su papel en un mal negocio realizado en 2006 por la estatal Petrobras.

Rousseff, en calidad de ministra de la Presidencia e integrante del Consejo de Administración de Petrobras, autorizó a la estatal a comprar parte de una refinería en Texas (EE.UU.), que rindió grandes pérdidas a la empresa y ahora ha sido cuestionada por supuestas irregularidades.

Según un comunicado, la pretensión de los senadores es que la fiscalía investigue "especialmente" la reunión del Consejo de Administración de Petrobras de 2006 en la que fue aprobada la compra de la refinería, operación que está siendo investigada por la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas de la Unión, el Ministerio Público (fiscalía) y el Congreso.

Rousseff afirmó el martes, por medio de un comunicado, que la decisión de la compra de la refinería se basó en un informe ejecutivo elaborado por un director de Petrobras que era "jurídicamente viciado", ya que el documento omitía supuestamente informaciones sobre cláusulas que eran perjudiciales para la empresa brasileña, que pagó en varios plazos un total de 1.180 millones de dólares por la compra de la refinería.

La planta había sido comprada en 2005 por 42,5 millones de dólares por la belga Astro Oil, que inicialmente mantuvo su participación del 50 % en la refinería y después la vendió esa parte a Petrobras a un precio significativamente superior.

El Consejo de Administración de Petrobras cuestionó el contrato en 2008, pero cuatro años después, tras ser derrotada en un proceso arbitral en Estados Unidos, fue forzada a cumplir las cláusulas por orden judicial y a comprar la parte de Astra Oil por el precio exigido por el socio.

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