René Cornejo en el banquillo
Ministro será citado por la Comisión de Fiscalización la segunda semana de abril. Denuncia en su contra fue archivada en julio del 2013 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Tras haber alcanzado apenas el voto de confianza en el Congreso, después de una primera jornada en la que los votos de abstención fueron mayoría, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, debe ahora afrontar una vieja denuncia en su contra, reavivada por el congresista de Víctor Andrés García Belaunde.
Ocurre que Cornejo se habría desligado de la empresa Corporación Helios recién el 25 de octubre del 2012, es decir 15 meses después de ser nombrado titular de Vivienda. Durante ese período, la empresa ganó diversas licitaciones en los tres niveles del Estado.
En mayo del 2013 se inscribió ante la Sunarp una acta de la Junta General de Accionistas de Helios en la que se aseveró que la revocación de los poderes de Cornejo sobre la empresa, en realidad, se dio en el 2010, señala una nota aparecida hoy en Perú 21.
Según el acta, Cornejo le vendió sus acciones a su esposa Araceli Rita Basurco Neumann, “y ésta a su vez las transfirió a la presidenta y secretaria de Helios”, indica el diario.
Este nuevo entuerto político se destapó el pasado viernes durante la primera presentación del gabinete Cornejo. Fue el congresista García Belaunde quien recordó la denuncia que pesaba sobre el primer ministro.
El diario El Comercio recogió la denuncia en su edición del domingo —un día antes de que el gabinete obtuviera el voto de confianza— señalando que “entre noviembre del 2011 y setiembre del 2012, Corporación Helios “recibió miles de soles de parte del Gobierno Regional de Arequipa (S/ 4.672), la Municipalidad de Corani (Puno) (S/. 37.170), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (S./ 21.600) y la Municipalidad de La Molina (S/. 39.000)”.
Asimismo, apunta que: «la corporación facturó S/.415.124 por un estudio de factibilidad que fue presentado y evaluado hasta en tres oportunidades en un mismo día. Se aprobó en tan solo ocho horas. En la página 240 de ese estudio se lee que “El financiamiento del proyecto estaría a cargo de los recursos o transferencia del Ministerio de Vivienda y de la Municipalidad Provincial de Huaral”».
Otro aspecto de la denuncia es que Cornejo habría utilizado su posición como miembro del directorio de Fonafe, que le correspondía por ser ministro de Vivienda, para “nombrar” a Ana Inés Reátegui como titular de Electro Oriente y a Martha Cecilia Esteves como integrante del directorio de Perupetro, ambas directoras de la citada Corporación Helios.
Sin embargo, aunque no deja de ser suspicaz el nombramiento de las dos funcionarias cabe precisar que tanto los directores de Electro Oriente como Perupetro son nombrados por el ministerio del sector, en este caso el despacho de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
A raíz de estos hechos, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Zeballos, adelantó hoy que se abrió una investigación y que citarán al primer ministro para que dé sus descargos la segunda semana de abril.
Historia de una denuncia
Sin embargo, esta historia no empieza recién ahora. Casi dos años antes, el 19 de julio del 2012, la revista Caretas -al informar sobre los cambios ministeriales del entonces gabinete Valdés- advertía que ante los rumores de que Cornejo reemplazaría a Valdés, los opositores a esta posibilidad ya empezaban a recopilar “el material referido a su consultora Helios, fundada en 2008”.
Además recordaba que Helios asesoró al consorcio español Montealto-Exeteco-Eulen que ganó la buena pro para construir el primer penal totalmente privado. Esta licitación quedó congelada luego de que la ministra de Justicia de ese entonces, Rosario Fernández, despidiera a la esposa de René Cornejo, Araceli Basurco, “al considerar que accedió a información privilegiada que benefició a Cornejo para hacerse de la licitación”.
Pero siguiéndole el curso a la denuncia contra Cornejo; ésta fue a dar al Congreso en el 2012. Después de casi un año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en ese entonces presidida por la legisladora de Solidaridad Nacional Esther Capuñay, archivó, en julio del año pasado, la denuncia por los supuestos “delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo debido al desistimiento del denunciante, Carlos Franco Pacheco.
La movida política
Al respecto, el legislador Yonhy Lescano, miembro de la Comisión de Fiscalización señaló a lamula.pe que se debe explicar por qué la subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó en su momento la denuncia, pues el hecho de que el denunciante haya desistido de la misma no anula el delito.
Empero cuestionó que en su momento su compañero de bancada García Belaunde no haya reclamado y salido a los medios a denunciar el caso. “Evidentemente hay motivaciones políticas para sacar la denuncia ahora. Pero está claro que algunos legisladores fueron cómplices y otros se quedaron callados en su momento”, dijo.
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