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Viaje en el tiempo por la política laboral del gobierno de Humala

Idas y venidas y virajes del actual gobierno en cuanto a los derechos de los trabajadores.

Publicado: 2014-03-13

La noche del 2 de junio durante su mitin de cierre de campaña, el entonces candidato Ollanta Humala prometió que en su gobierno se respetaría la jornada de ocho horas, se incrementaría el salario mínimo y se erradicaría la explotación de la servicies. La promesa la lanzaba frente a miles de seguidores y con la sede histórica de la CGTP a sus espaldas.  

La presentación de su primer presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, en el Congreso de la República ratificaba lo dicho por el mandatario. Lerner señalaba que el Gobierno tendría como principal instrumento de “alivio a la pobreza, la promoción del trabajo decentes, con plenos derechos y el fortalecimiento sindical y la aprobación de la Ley General de Trabajo (LGT)”.

Al cabo de dos años y medio del Gobierno, y más allá del relativo anonimato de los ministros que han desfilado por la cartera de Trabajo, son cuatro las normas que han marcado la política laboral del gobierno y el avance de su aplicación demuestra sus prioridades: La Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), la Ley General de Trabajo (LGT), la Ley Servir y el siempre polémico incremento del salario mínimo.

PRIMERAS PROMESAS CUMPLIDAS

El primer ministro de Trabajo del gobierno de Humala fue el entonces peruposibilista Rudecindo Vega. Su elección no solo consolidó la alianza con el partido de Alejandro Toledo, sino que reforzó la alianza con la CGTP, al colocar como viceministro a Pablo Checa, ex secretario adjunto de este gremio.

Durante la gestión de Vega se dio el primer incremento del salario mínimo de S/. 75. Frente a las críticas del sector empresarial y algunos especialistas, Vega desestimó que ésta pudiera acarrear inflación o elevar el número de empresas informales.

Además, en línea con lo dicho por Humala y Lerner, anunció que la prioridad del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) sería aprobar la LGT. Para este fin formó una comisión de expertos, de todas las tendencias, para que evaluaran el borrador que por más de una década se había estado elaborando sobre la LGT. Vega aseguró, en ese entonces, de que la LGT debería aprobarse antes de finalizar el 2011.

Otras acciones de Vega que marcaron el cariz del gobierno en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores fue la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para fortalecer la capacidad de fiscalización de la normatividad laboral en el país.

Asimismo, el gobierno aprobó el arbitraje potestativo como una alternativa para la solución de las negociaciones colectivas, derecho que casi fue conculcado durante los noventa. Pero muchos especialistas criticaron este arbitraje pues implicaba “la muerte anunciada” de la negociación colectiva.

Al final el cambio del Gabinete Lerner, incluyó la salida de Vega, quien fue nombrado embajador en Nicaragua. La salida de Vega y Checa supuso un cambio bastante abrupto de la política laboral del Gobierno reafirmado con el perfil del siguiente ministro.

UN VIRAJE A LA DERECHA

El segundo ministro de Trabajo fue José Villena que debutó en el cargo objetando el segundo incremento del salario mínimo. La CGTP, de inmediato, cuestionó la designación de Villena, quien, aseguraban, era un alfil del ministro de Economía, Luis Castilla.

“Ahora está un ministro neoliberal, captado por el ministro de Economía, que le dijo a [Luis Miguel] Castilla en un informe que no debe haber ningún tipo de aumento del salario mínimo”, señaló a Ideeleradio Mario Huamán, secretario de la CGTP.

En los hechos, el incremento del salario mínimo que según el exministro Vega debía darse en enero se pospuso hasta junio.

Durante la gestión de Villena se aprobó en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley a través del cual se eliminaba progresiva y ordenada de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) a partir del año 2013, y se empezó a tejer lo que posteriormente sería la Ley Servir fuertemente respaldada por el ministro Castilla.

La clara sintonía de Villena con el ministro Castilla, señalada por el propio exviceministro de Trabajo Julio Gamero permitió sentar la bases del proyecto Servir para ordenar los regímenes del sector laboral estatal.

En detrimento se dejaron en out side otras reformas como, por ejemplo, la aprobación de la Ley General de Trabajo, largamente esperada por los trabajadores y crítica por el sector empresarial por lo que entiende una norma que hace más rígida la legislación laboral. Por eso pese a que la comisión de expertos entregó su informe en el verano del 2012, Villena y el Gobierno no impulsó su aprobación.

Más allá del anuncio Sunafil durante la gestión de Vega no se concentró nada adicional. De hecho, trascendió que el MEF se negaba a destinar el presupuesto que Vega indicó requería Sunafil.

Villena planteó algunos propuestas como un salario mínimo diferenciado para las mypes o se opuso, por ejemplo, a las gratificaciones sin descuentos, aunque por otro lado confirmó la vigencia de la prima textil (beneficio laboral que implica el pago de una bonificación salarial de 10% a los obreros de ese sector). A fines de noviembre se alejó del Ministerio de Trabajo en medio del escándalo, tras haber agredido físicamente a una trabajadora de LAN en el aeropuerto de Arequipa.

LEY SERVIR SE APUNTALA

El reemplazo de Villena fue Nancy Laos, una mujer cuya carrera se había forjado entorno a la asesoría laboral corporativa. Durante la gestión de Laos que terminó apenas en febrero de este año, la gran protagonista fue la aprobación de la Ley Servir.

“Esta es la gran reforma del Estado, esperada durante muchos años y reclamada por todos. De todas las reformas esta es la más importante y hay un 84 por ciento de aprobación de los ciudadanos porque todos quieren un Estado moderno, ágil y eficiente”, señaló Laos defiendo la ley de las protestas de la CGTP que calificó de “políticas” y sin sustento técnico.

Finalmente, la Ley Servir se aprobó en el Congreso a mediados del año pasado con el objetivo de unificar los diversos regímenes laborales del sector público y homogeneizar los derechos y instaurar el principio de meritocracia en la gestión pública.

Sin embargo, un grupo de 30 congresistas y los sindicatos de trabajadores estatales presentaron dos demandas constitucionales en contra de la citada norma que están en curso en el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar el derecho a la negociación colectiva.

Un informe de la Defensoría del Pueblo reafirmó esta objeción al concluir que la citada ley vulnera en varios de sus artículos este derecho. En la actualidad, el gobierno revisa el reglamento que supuestamente debería subsanar los errores.

Para estas alturas la discusión de la LGT ya estaba durmiendo el sueño de los justos como otras importantes reformas como la reglamentación de la ley que establece que el 3% de las contrataciones de personal que hagan las empresas con más de 50 trabajadores sean discapacitados.

En tanto, que Sunafil tras más de dos años de creación recién iniciará sus funciones solo en Lima con 220 inspectores. Según el jefe de la Sunafil, Aldo Orteg, progresivamente se trasferirán a la Sunafil los inspectores laborales de provincias que suman 88 actualmente y que pertenecen al Ministerio de Trabajo.

LA OPERADORA DEL GOBIERNO

En febrero de este año, un tema laboral provocó un cisma en el gobierno.

La primera dama Nadine Heredia negó que el aumento del salario mínimo estuviera en debate como lo había sostenido el que entonces era el premier César Villanueva. 

Posteriormente, el propio presidente Ollanta Humala negó que un incremento de la RMV estuviese en debate y afirmó que él cumplió con su promesa al incrementar el salario mínimo en S/.150 al inicio de su gestión. 

Al final se produjo un cambio de gabinete e ingresó en reemplazo de Laos, la hasta entonces ministra de la Mujer, Ana Jara, una de las ministras que se constituyó, claramente, como operadora política del actual Gobierno.

Según los laboralistas consultados para esta nota, la prioridad del Gobierno para este año se centrará en la implementación de la Ley Servir, en tanto que medidas como la Ley General de Trabajo la cual es ampliamente objetada por el sector empresarial, así como el salario mínimo quedarán rezagados.  


Escrito por

Enrique Larrea

Editor y periodista. Escribo informes, reportajes y crónicas que han aparecido en diferentes diarios. Formo parte del equipo de La Mula.


Publicado en

Redacción mulera

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