Para Carlos Monge, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (Desco), la hasta hoy frustrada Consulta Previa en el Lote 192 , en Loreto, es la "prueba ácida" de hasta dónde va este proceso de consulta de acuerdo al interés del Estado y de las empresas.
En una entrevista a Consulta.pe, Monge consideró que antes del proceso de consulta habría que resolver dos grandes cosas en el Perú: La primera es la territorialidad de los pueblos indígenas y segundo, completar los procesos de zonificación ecológica y económica para ordenar el territorio y decidir qué cosa se puede hacer y dónde. "Solamente ahí se tendrá un mapa limpio que indique dónde se pueden hacer actividades de exploración".
Cabe recordar que tres de las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han sido declaradas en emergencia ambiental debido a la contaminación petrolera, la primera (Pastaza) ha cumplido un año de la declaratoria de emergencia, sin embargo las poblaciones indígenas siguen consumiendo agua y alimentos contaminados.
A continuación la entrevista completa:
- ¿Cuál es el balance a dos años de la aprobación de la ley de Consulta previa en el país?
Parece que la Ley de Consulta fue finalmente aprobada en una suerte de “rapto de entusiasmo” en el cual coincidió un nuevo Congreso que buscaba reivindicarse en su rol de “aprobador de leyes fundamentales”. Recordemos que, la Ley de Consulta había sido aprobada por el Congreso anterior en el año final de Alan García, pero fue vetada por el presidente.
Sin embargo, los poderes fácticos, que ven en la Ley de Consulta un peligro y una limitación a sus deseos de invertir, comenzaron a operar para frenarla en el marco de una operación mayor para reconvertir a Humala en lo que es hoy: un defensor básico de la continuidad de las políticas que vienen de Fujimori, García y Toledo.
El primer problema comenzó con la propuesta de Reglamento que se hizo desde el Gobierno que restringía aún más los alcances de una ley ya de por sí restrictiva respecto de la legislación, y la experiencia internacional. Luego de eso se ha manifestado un problema mayor: la falta de voluntad política del Gobierno.
Y la situación empeoró cuando el presidente Humala señaló que en el espacio andino no tenía que haber consultas porque ya no hay indígenas sino campesinos. Lo cual desde un punto de vista histórico, sociológico y antropológico es una barbaridad. Pero desde el punto de vista político, extendía esta exoneración ya no solo a la minería sino a toda gran inversión en el espacio andino. Esto vino seguido de una declaración en la cual afirmaba que incluso en la Amazonía los indígenas estaban muy contactados. Lo que quedaba al final como mensaje político -que sería gracioso si no fuera trágico- era que al final sólo había que consultar a los indígenas no contactados.
En el fondo todo ello expresa una enorme presión del gremio minero en un escenario de caída ligera en la demanda y en los precios de algunos minerales. Lanzaron la hipótesis de que hay una crisis en el Perú, la minería se colapsa y el Gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer para asegurar las condiciones. Es la transición entre un Humala que arranca el gobierno de alguna manera dando algunos de los temas de su campaña al Humala que ya es claramente un aliado estratégico de los grandes grupos empresariales, particularmente de los grupos mineros, que ha terminado de asumir como suyo al 100% el discurso empresarial minero que dice: cuanta más minería, mejor. Y todo aquello que lo dificulte es malo y hay que sacarlo de en medio.
- ¿Es compatible esta visión de desarrollo con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas?
Depende. Si sería compatible con un modelo basado en un extractivismo artesanal, local, y de muy bajo impacto, como se da en algunas partes de América Latina.
Lo que sí creo que es incompatible con el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, a la gestión autónoma de sus territorios y a la definición -a partir de su propio entendimiento-de lo que ellos entiendan por “Buen vivir” y sus perspectivas de desarrollo y bienestar, es la actual lógica en la cual la economía entera pende de seguir ofertando “commodities” [bienes] minerales y energéticos a los mercados internacionales, que conlleva la ampliación ilimitada de la frontera minera y petrolera. Eso genera una colisión con los derechos de los pueblos indígenas: esta combinación del afán de lucro de las corporaciones privadas -que están buscando nuevos negocios con la adicción a la renta extractiva- ven en la afirmación territorial de los pueblos indígenas, y en la conservación de la biodiversidad un obstáculo.
- En relación al Lote 192, el proceso de implementación de la consulta previa está paralizado hasta el momento. ¿Qué perspectivas tiene respecto al futuro del mismo?
Yo veo una dinámica interesante. Por una parte, la población indígena está dispuesta a ir a consulta previa pero después de que se les repare y compense por el daño ambiental previo. Se abre entonces un segundo curso de negociación, -porque la consulta es una negociación-: la remediación de los pasivos ambientales. Porque una cosa es declarar la emergencia ambiental, y otra que se movilicen todos los recursos que se necesitarían para solucionar el tema de los pasivos que allí se han acumulado. Y ahí todo se mueve lento debido a un problema de articulación de diferentes ministerios.
En paralelo con estas declaraciones ministeriales y luego presidenciales contra el ejercicio de derecho de consulta en el espacio andino y amazónico en respuesta a la minería, sí hay que decir que Perupetro mantuvo un discurso que afirmaba que estaba dispuesto a hacer consulta. Incluso en el sector empresarial, el grupo de empresas petroleras que se han salido de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo y han formado la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, presidida por Beatriz Merino, ha manifestado que la Ley de Consulta es importante porque dota de legitimidad y sostenibilidad a los proyectos y de esa manera se evitan los conflictos. Es un discurso menos confrontacional. Lo del Lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa, tanto desde el punto de vista del Estado- que es el encargado por ley de implementar la consulta- como desde el punto de vista de las empresas que están interesadas en esos proyectos de inversión.
- El contrato de concesión del Lote 192 vence en abril de 2015, ¿Se estaría cumpliendo con el calendario para poder abrirse este proceso?
- El proceso de la consulta no se hizo durante 2013 porque se abrió este segundo curso de negociación. Entonces la pregunta sería: ¿Durante el 2014 el Estado va a ser capaz de poner en práctica el mandato de Emergencia Ambiental de manera tal que las organizaciones indígenas locales se sientan satisfechas, e inmediatamente después sacar el proceso de consulta con el tiempo suficiente? Y segundo ¿Tendrá tiempo de hacer un proceso de consulta realmente exitoso que lleve a la población local a decir que sí, para entonces en 2015 renovar la licencia? Yo lo veo difícil. Porque dada la complejidad de los pasivos ambientales en la zona y dada la lentitud en este terreno, veo complicado que se haga rápido.
- Afirma que el Gobierno apunta a la gran minería sin consulta previa porque lo ve como un obstáculo y porque la renta que deja la minería es la fuente que le da viabilidad a los programas sociales que el Ejecutivo impulsa a través del Ministerio de Inclusión.
- El modelo que subyace bajo esta lógica es que el Estado apuesta por una economía primaria exportadora que se monta sobre la venta de dos o tres “commodities”, que generan una enorme cantidad de renta pública, y con ella financia un aumento del gasto social y finalmente, un aumento de los programas sociales para la lucha contra la pobreza. No es una visión de superación de la pobreza sobre la base de generar condiciones dignas para que esa persona se desempeñe con éxito en el mercado. Lo que se hace es medir la pobreza por ingresos monetarios y entonces, una vez que doy un cheque u otra ayuda de ese tipo a la persona, la próxima vez aparece que es menos pobre. Creo que este modelo es insostenible, es sumamente arriesgado poner todos los huevos en una sola canasta.
- Respecto al proceso de implementación, en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, se pregunta después del proceso de licitación y antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental. En base a esto, ¿Qué capacidad o margen de decisión les queda a los pueblos indígenas?
Técnicamente, la consulta debiera ser sobre toda aquella decisión tomada por el Estado que tenga un impacto en la población indígena, y por tanto, previa a la entrega de concesión para fines de exploración porque ya esta actividad tiene impacto sobre la población.
Pero, primero, antes de la consulta considero que habría que resolver dos grandes cosas en el Perú: La primera es la territorialidad de los pueblos indígenas. Hay una vieja demanda de los pueblos originarios para reconstituir de facto y legalmente los territorios indígenas. Porque recordemos que, durante la época de la reforma agraria, se extrapoló también hacia la Amazonía una visión andina de la territorialidad. Titularon las parcelas donde cultivan y a eso lo nombraron comunidad nativa, pero el bosque, el río- espacios fundamentales para la reproducción del pueblo indígena-, quedaron fuera. Lo que antes era territorio indígena ahora son comunidades tituladas, pero obviamente esos territorios no son los territorios de su reproducción son la expresión de una visión andina. Segundo, hay que completar los procesos de zonificación ecológica y económica y ordenar el territorio para decidir qué cosa se puede hacer dónde. Solamente ahí se tendrá un mapa limpio que indique dónde se pueden hacer actividades de exploración.
