Era el 12 de febrero y las protestas estudiantiles tomaban las calles de la capital de Venezuela, Caracas. Jonathan Rojas, obrero de una construcción, escuchó la explosión de un carro y -como habría hecho cualquier persona- salió de la obra en la que trabajaba para saber lo que estaba sucediendo. Agarró su celular y tomó una foto. Fue entonces cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo golpearon brutalmente. El resultado: hematomas por todo el cuerpo.

Rojas es uno de los 37 jóvenes que fueron detenidos y llevados al Cicpc, la mayoría vejados por los efectivos del cuerpo de seguridad sin motivo alguno. Es más, entre ellos había tres menores de 15 años en "condiciones especiales, dos niñas y un varón" que fueron encerrados en una celda por varias horas, según documenta la activista y abogada Elenis Rodríguez, presidenta de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci).

Con una sociedad económicamente castigada y políticamente dividida entre detractores y partidarios del presidente Nicolás Maduro, la crisis se ha desatado en una convulsionada Venezuela que ya se ha cobrado la vida de, al menos, 11 personas. 

Ahora las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos no paran de llegar. Diferentes organismos y especialistas no sólo asisten judicialmente a detenidos, sino que recopilan información, testimonios y pruebas para sustentar un informe que acuse al gobierno de Nicolás Maduro ante organismos internacionales por delitos de lesa humanidad.

"Hemos hablado con algunos efectivos de la Guardia Nacional (GNB) y de los cuerpos de seguridad del Estado, que no los podemos identificar, a quienes les hemos preguntado por qué han actuado con tanto ensañamiento y su respuesta es que ellos aseguran que son ordenes del Gobierno, sino lo hacen los botan del trabajos. Yo no sé como un funcionario, un juez o un fiscal pueden dormir en paz, llevando a la cárcel a unos ciudadanos y, además, no iniciar investigaciones por maltrato y vejaciones", aseveró la abogada Rodríguez en El Universal.

Lo preocupante es que, al parecer, la detenciones no sólo han sido arbitrarias sino aleatorias, puesto que la orden es detener a quien este cerca de las manifestaciones. "Han privado de su libertad a personas que están en una esquina esperando el transporte, a quien este saliendo o entrando en un edificio, como fue el caso de los menores de 15 años. No importa quien sea, el modus operandi es detener, golpear y por último investigar, donde se dan cuenta que esas personas no tienen nada que ver con la situación, los sueltan y no los llevan al Tribunal", alerta Rodríguez.

No es la única organización que denuncia este tipo de actuación. La ONG Foro Penal Venezolano ha recopilado 18 historias de torturas. "A todos los detenidos se les ha violado el derecho a la defensa. No se les permite contacto con sus abogados y se les obliga a firmar un acta en la que reconocen que sí han sido atendidos por defensores", denuncia el director de la ONG Alfredo Romero en El País.

Los casos son alarmantes. La ONG señala, además, que al menos siete personas habrían muerto tras ser sometidas a tratos inhumanos, como el caso de Geraldine Moreno, la joven asesinada en Valencia -Estado de Carabobo- tras recibir una descarga de perdigones en el rostro.

Maduro pedirá comisión de la verdad al Parlamento para investigar muertes 

El presidente venezolano no se queda callado ante la violencia que sacude el país y sostiene que está enfrentando un “golpe de Estado prolongado y fascista”. Así, el mandatario considera que en las barricadas se concentran los sectores más radicales del antichavismo, capaces de provocar la muerte de personas ajenas a la manifestación.

La última víctima de la violencia, Danny Vargas, sería un reflejo de las denuncias de Maduro. Al parecer, el joven perdió la vida en una guarimba (barricada callejera) tras ser acuchillado por una persona que, según el gobernante venezolano, había sido humillada por manifestantes opositores en el Estado andino de Táchira.

Ahora llegan las reacciones. Maduro anunció hoy que pedirá una Comisión de la Verdad en la Asamblea Nacional (Parlamento) que investigue la violencia durante las protestas. Es más, el mandatario ha convocado a una Conferencia Nacional de Paz  el miércoles. Su objetivo: que todos los sectores se reconozcan como venezolanos para decir que quieren paz. 

"Le voy a pedir a la Asamblea Nacional que forme una comisión de la Verdad que investigue toda la violencia que ha habido, que investigue todas las denuncias sobre este golpe de Estado en marcha, que investigue todas las mentiras y manipulaciones nacionales e internacionales", dijo Maduro, según informa Efe. 

"Una Comisión de la Verdad para Venezuela, para desentrañar los monstruos que se han activado, para justificar la intervención extranjera en Venezuela", agregó en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV.

La oposición afirma que Maduro tapa las denuncias

La situación tampoco pasa desapercibida por la oposición. El sábado durante una intervención, el ex candidato presidencial Henrique Capriles hizo mención a los torturados. Citando casos como el de un joven al que le partieron un casco en la cabeza, remarcó que el gobierno trata de tapar las denuncias por violación de Derechos Humanos.

Ahora queda por ver el resultado de la reunión del Consejo Federal que se realizará hoy, donde Maduro y Capriles se verán las caras para abordar temas como la seguridad y la violencia en el país. 

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