Desde que, en mayo de 2013, la PCM designara a Daniel Urresti como Alto Comisionado en Asuntos de la Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, los ciudadanos hemos visto avanzar procesos conexos a velocidades distintas: la interdicción, la formalización y la recuperación ambiental.

La represión contra la minería ilegal se ha intensificado en los últimos meses y ha adoptado por lo menos tres estrategias distintas: las intervenciones militares y policiales que han destruido campamentos ilegales de extracción y plantas ilegales de refinamiento de minerales (como las últimas de Chosica y Paracas); el racionamiento de combustibles a toda la región de Madre de Dios; y el control tributario y aduanero sobre el lavado de activos y dinero en redes de empresas y clanes familiares que producen y exportan oro ilegal. 

Así mismo, estas medidas han sacado a la luz al menos dos series de contradicciones. La primera, la existencia de un Estado que en la guerra que ha declarado a la minería ilegal, lucha también contra sí mismo. Las interdicciones han puesto al fresco a redes de corrupción que se superponen, en algunos casos interactúan, pero sobre todo obstaculizan las medidas de fuerza que tanto a nivel militar como tributario se están ejerciendo sobre la minería ilegal. La segunda, una contradicción fundamental: en noviembre del año pasado un reporte de CooperAcción mencionaba que, mientras se intensificaban las interdicciones y se intentaba pisar el acelerador en el proceso de formalización, entre noviembre de 2010 y junio de 2013, el INGEMMET (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico) había otorgado aproximadamente un 20% más de concesiones para la pequeña minería y la minería artesanal, creciendo el número de concesionarios de 9900 a 12300.

A nivel local, sugería un artículo de Lenin Valencia, es necesario que las interdicciones no destruyan los consensos que permiten la resolución de conflictos entre mineros y usuarios del bosque. “Aun cuando dichas acciones se hacen en cumplimiento de la Ley –establece Valencia– los efectos posteriores a las mismas pueden traer más perjuicio que beneficio a los intentos locales para establecer, por ejemplo, consensos mínimos para la resolución de conflictos”.

La formalización de los mineros, por otra parte, ha incluido la creación de una ventanilla única que agilizará los trámites, la difusión de los pasos que los mineros informales deben dar para formalizarse, y el establecimiento del 19 de abril de este año como plazo último de inscripción. Vencido éste, los mineros que no se hayan sometido al proceso serán objeto de nuevas interdicciones. Está claro que a la fecha la estrategia represiva del Estado ha corrido a un ritmo más intenso que el proceso de formalización, mientras que las acciones de recuperación ambiental de las miles de hectáreas afectadas aún no comienzan.

El 14 de febrero pasado, el Alto Comisionado declaró que para julio del corriente se habrán eliminado todas las plantas ilegales de procesamiento de minerales. Sin embargo, hasta el momento, no existe ningún minero que se haya formalizado, a decir verdad, en gran parte por la resistencia de los mineros a formalizarse, o porque quienes han iniciado el proceso entienden por formalización la legalización de la actividad tal como la habían venido practicando hasta el momento (de allí la petición de que las dragas vuelvan a ser admitidas en los cursos de agua, entre otras) es decir, el reconocimiento legal de una práctica económica social y ambientalmente inaceptable. 

Aunque no se sabe con exactitud cuántos mineros informales existen hoy en día en el país, un estimado conservador los sitúa por el orden de los 170 000. Entre ellos, menos de la mitad (70 790) han firmado declaratorias de compromiso (es decir, mineros que han iniciado el trámite de formalización), sólo 30 000 tienen posibilidades reales de formalizarse, y sólo 7000 podrían tener lista la documentación en el plazo fijado. Debido a ello, el gobierno ha venido coqueteando con la idea de ampliar el plazo de la inscripción hasta el 2016. 

En una actualización de su cuenta de Facebook, el gremio de la FEDEMIN precisamente incidía:

El 12 de febrero de 2014 se cumplen DOS AÑOS DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA, y estos son los resultados : 00 formalizados, 250 IGAC declarados en abandono c) 650 equipos destruidos d) 8 maquinarias dinamitadas e) 5 mineros encarcelados f) Persecución judicial al Presidente de FEDEMIN con 6 DENUNCIAS presentadas por el Gobierno g) Campañas de desprestigio de la actividad minera,dirigentes y asesores (todos somos ilegales) h) Amenazas de interdicción i) Mercado negro para la compra de oro j) Crecimiento de la minería ilegal k) Corrupción generalizada l) Recesión económica en el departamento.

Dos días más tarde (13 de febrero), y por el mismo medio, la FEDEMIN publicó:

Hoy, a las 11 de la mañana, el Presidente de Fedemin (Luis Otzuka) y nuestro asesor legal (el ex–congresista Eduardo Salhuana), presentaran nuevamente ante las Comisiones de Energía y Minas y de Ambiente y Ecología las propuestas para viabilizar la formalizacion minera en Madre de Dios, las mismas que fueron entregadas el 25 de Octubre de 2013 en la Mesa Técnica de la PCM y que a la fecha -mas de 3 meses- no tenemos respuesta, demostrando el gobierno que carece de alternativas para solucionar este grave problema para el país.

La divergencia de ritmos en uno y otro proceso genera un cuello de botella que somete a las agremiaciones mineras, en particular a la de Madre de Dios, a una enorme presión. Como resultado, el 17 de marzo próximo se ha convocado a la Marcha Minera de los Cuatro Suyos, una protesta nacional que, entre otras cosas, pide la destitución del alto comisionado, Daniel Urresti, y del ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

Los cuestionamientos que se han disparado entre los ciudadanos de Madre de Dios sobre la cantidad de dinero que ha llegado a la región desde el Estado central por la declaratoria de emergencia, a raíz de las últimas inundaciones, y la cantidad de dinero que gasta el Estado central en los operativos de interdicción, este 17 de marzo podrían ser el fuelle que avive la llama de un nuevo conflicto social.

Mientras tanto, no se ha logrado recuperar ni una sola hectárea afectada por las actividades de la minería informal e ilegal.