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La trilogía de los conflictos sociales (segunda parte)

Glencore Xstrata pone a la venta "Las Bambas"; Bear Creek consigue licencia social para proyecto minero, pero condiciona su ejecución; y en Ucayali, Perupetro dialoga con indígenas del Lote 169.

Publicado: 2014-02-16

En la primera edición de nuestra serie sobre La trilogía de los conflictos sociales, tratamos acerca de la situación de los proyectos Conga, Lote 88 y Majes Siguas II.

En esta oportunidad, no se trata precisamente de conflictos sociales activos, sino que son proyectos extractivos que aún no se ejecutan por cuestiones empresariales y, en el caso del Lote 169, por el diálogo con pueblos indígenas. A continuación, presentaremos los casos:


¿QUIEN BAILARÁ CON "LAS BAMBAS"?

En mayo del 2013, se concretó la fusión entre Glencore y Xstrata. Como parte de las reglas antimonopolio de China, se le puso como condición a Xstrata que venda el proyecto de cobre en Perú llamado "Las Bambas".

Este proyecto, ubicado en Apurímac, prevé una extracción de 6,9 millones de toneladas de cobre. Su precio de venta supera los US$ 5,000 millones. Ante ello, surgieron varios postores. En un primer momento, se señaló que las empresas interesadas serían Chinalco, Minmetals, Jiangxi Cooper, Tongling Nonferrous y Jinchuan Group.

Actualmente, hay dos posibles compradores del proyecto Las Bambas. La favorita sería Minmetals. En este caso, se trata de un consorcio conformado por las empresas estatales China Minmetals, Citic Group y Guoxin Group. En caso esta operación llegue a concretarse esta sería una de las mayores compras internacionales por parte de las empresas chinas. 

También están detrás de Las Bambas las empresas mineras Teck Resources Ltd, Newmont Mining Corp, y Magris Resources. Estas compañías están trabajando de manera conjunta para una oferta a Glencore Xstrata y ya se habrían acercado a bancos de financiamiento.

El pasado 11 de febrero, Glencore Xstrata informó de sus resultados positivos. Su producción de cobre aumentó a 1,5 millones de toneladas en el 2013 con un crecimiento de 26% respecto al año anterior, según informó Reuters.

En esa misma nota de prensa, se señaló que la minera suiza no dio nuevas informaciones sobre la venta de Las Bambas, pero que algunos afirmaban que la empresa estaba considerando quedarse con el proyecto.


BEAR CREEK: EL OSO SE QUIERE COMER DOS MINAS DE UN SOLO BOCADO

Para entender mejor este caso, debemos remontarnos hasta el 2011. Una protesta liderada por el líder puneño Walter Aduviri, durante el último gobierno de Alan García, provocó la paralización del proyecto minero Santa Ana de la compañía Bear Creek.

En ese momento, los manifestantes denunciaron que la minera había conseguido la concesión del proyecto de manera irregular. El congresista Yhony Lescano señaló que la ciudadana Yeni Villavicencio Gardini solicitó a título personal la concesión de Santa Ana y posteriormente traspasó esta autorización a la empresa minera Bear Creek Mining.

Por otro lado, la misma compañía tiene el proyecto, también en Puno, llamado "Corani", debido al nombre del distrito donde se ubica. Este proyecto plantea trabajarse a tajo abierto, con una extensión de 500 hectáreas por los tres pits, con concentrados de plomo, plata y zinc.

En setiembre del 2013, se informó que Bear Creek había logrado la aprobación ambiental para el proyecto Corani. Además, se dijo que el desarrollo de este proyecto estaba condicionado a lo que pase con "Santa Ana". En declaraciones a Reuters, el presidente ejecutivo de la minera, Andrew Swarthout, dijo que la máxima prioridad de la empresa era recuperar los derechos de minería de Santa Ana.

“Desde entonces, Bear Creek ha amenazado con accionar legalmente contra el Gobierno por ese asunto”, informó Reuters. Efectivamente, la minera ha amenazado con demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al considerar la suspensión del proyecto Santa Ana como ilegal.

Esto se debe a que el plan original de Bear Creek era construir primero el proyecto Santa Ana para utilizar los “flujos de caja” de esa mina para financiar el proyecto Corani. Con la situación actual, esto no es posible.

Respecto al rol desempeñado por los representantes del Estado, en noviembre del 2013, el ejecutivo de la minera, Andrés Franco Longhi, prácticamente agradeció al Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Vladimiro Huaroc, por mejorar el clima para las inversiones. En este sentido, dijo que, con ello, los empresarios se sentían acompañados por el gobierno con el objetivo de alcanzar la llamada “licencia social”. 

"Los inversionistas vemos ahora un matiz distinto en el manejo de los conflictos sociales, antes se notaba la ausencia del Estado, ahora no, la ONDS visita las comunidades, habla con la gente, nos ayuda a conseguir acuerdos", señaló en declaraciones a la Agencia Andina. "Entonces las comunidades empiezan a creer en el Estado y su rol de garante en su relación con las empresas mineras", agregó.

El ejecutivo de la minera se refería a las comunidades de Corani, Aymaya y Sibiya, con quienes han firmado un acuerdo para el apoyo social en salud, educación e iniciativas empresariales, de 4 millones de soles anuales, y 92 millones de soles en 20 años.

Al respecto, el alcalde de Corani se ha mostrado a favor del proyecto. En declaraciones a Andina, destacó que en su distrito se lleguen a ejecutar proyectos por más de 100 millones de nuevos soles relacionados a infraestructura, educación, salud, saneamiento y carreteras. 

En este sentido, afirmó que estas inversiones eran producto de la Mesa de Trabajo instalada luego de que la población de Corani aprobó la licencia social a favor de la empresa minera Bear Creek.

"A partir de ahí la esperanza del pueblo de Corani ha crecido porque existe una enorme expectativa por la participación del Estado en el desarrollo de este pueblo", dijo a Andina. Además, informó que la minera se ha comprometido a invertir alrededor de 4 millones de nuevos soles para una serie de obras como construcción de colegios y postas médicas. 


LOTE 169

Este proyecto de hidrocarburos se ubica entre las provincias de Coronel Portillo y Atalaya en la región de Ucayali, cuenta con una extensión aproximada de 400 mil hectáreas y está a cargo de Perupetro. 

En diciembre del año pasado, culminó de manera exitosa la “etapa de diálogo” del proceso de Consulta Previa. En este proceso, participaron representantes de los pueblos indígenas amahuaca, ashaninka, asheninka y yaminahua, quienes dialogaron con Perupetro acerca de las posibles afectaciones del proyecto.

Según informó el Ministerio de Cultura, “se llegó a acuerdos en torno a la protección de los derechos colectivos, al cuidado ambiental, a la participación de delegados de los pueblos indígenas en los comités de supervisión y a la conformación de comités de monitoreo comunitario ambiental”.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que “este exitoso proceso ha marcado la pauta que facilitará las próximas consultas para otro lote de hidrocarburos, como el 195, en la provincia de Aguaytía, región Ucayali, que ya tiene un plan de consulta aprobada por la comunidades nativas de la zona”.


PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Como vemos, se trata de tres proyectos que esperan su ejecución. En el caso de Las Bambas, solo está a la espera de un buen postor. Glencore Xstrata planea venderlo en más de US$ 5,000 millones. Por su parte, la ejecución del proyecto Corani en Puno, espera la decisión de Bear Creek, que presiona al Estado peruano para la aprobación de "Santa Ana". En el caso del Lote 169, el diálogo entre las comunidades y Perupetro está avanzando, y la empresa se ha comprometido a respetar derechos colectivos y ambientales.


También en La Mula:

La trilogía de los conflictos sociales (primera parte)


Escrito por

Jorge Luis Paucar Albino

Periodista con especialización en Gobierno y Políticas de Salud (PUCP), miembro de la Red Labora y especializado en temas de cannabis.


Publicado en

Redacción mulera

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