En las últimas semanas, el Gobierno venía capitalizando políticamente el veredicto del fallo de La Haya con buenos réditos. Según las últimas encuestas, la popularidad del mandatario Ollanta Humala creció catorce puntos en febrero. Pero este salto cuantitativo posiblemente se verá mermado por la reciente decisión del Poder Ejecutivo de incrementar, hasta duplicar en el caso de los ministros de Estado, el sueldo de los funcionarios de la administración pública.  

Para Fernando Tuesta, al igual que para otros analistas políticos, la medida era “necesaria” aunque la forma cómo se ha ejecutado inadecuada (todos nos sorprendimos con la publicación de la norma, el pasado sábado, en el diario oficial El Peruano).

“Si bien todos quisieran que sus sueldos se incrementen, no todos tienen la misma responsabilidad en el manejo de la cosa pública, que afecta la vida de todos. En la administración pública, es cada vez más problemático contratar a profesionales de alta calidad y buena formación. Los sueldos no son competitivos con los del sector privado”, señala el analista.

¿Impedir que se fuguen los talentos?

En los días siguientes a la publicación del Decreto Supremo 023-2014 que incrementa los sueldos de los funcionarios del Estado, por lo menos la mitad del gabinete salió ante los medios de comunicación a defender la medida y explicar que el incremento formaba parte de la reforma de la administración pública iniciada con la Ley de Servicio Civil (Servir).

El miércoles pasado, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y los ministros de Economía, Luis Castilla y Justicia, Daniel Figallo explicaron en el Congreso de la República que con mejores sueldos se intenta impedir la “fuga de talentos” del aparato público y así lograr brindar mejores servicios a los ciudadanos.

“Necesitamos revalorizar el capital humano”, dijo Castilla tras explicar que antes de esta nueva escala salarial que atañe a 250 funcionarios (entre ministros, viceministros, secretarios generales, presidentes de los órganos colegiados, gerentes, entre otros), se habían incrementado los sueldos a 740 mil servidores públicos de las carreras especiales con una inversión de 5 mil millones de soles.

Además, añadió que con la nueva escala salarial se corregía la “distorsión” y el “desorden” en los salarios del Estado generados con la emisión de siete decretos de urgencia dados en los dos gobiernos anteriores.

Como se recuerda, la gestión del expresidente García redujo el sueldo de los ministros a 15 mil 600 soles y estableció como tope máximo de salarios en el Estado, los 16 mil soles que gana el Presidente de la República. Esta medida que para muchos economistas, entre ellos Elmer Cuba, socio de Macroconsult, representó un craso error que redundó en un perjuicio para la administración pública.

Subirse el sueldo

Pero el meollo de la crítica se ha centrado en si los ministros, viceministros y secretarios generales; cargos que si bien exigen una preparación técnica tienen también un fuerte componente político, deben ganar los 30 mil soles mensuales (40 veces el salario mínimo) que ahora designa la ley.

“Los ministros deberían ganar igual o veinte por ciento más que su último sueldo. Eso sería lo más eficiente y justo. No todos deberían ganar lo mismo”, señala  Cuba.

El nuevo salario ministerial en comparación con lo que perciben los ministros de otros países de Sudamérica, nos ubican en tercer lugar de la región solo después de Brasil y Chile. No obstante, aún no está claro, porque se trata de incrementar salarios en concordancia con una mayor meritocracia, cuáles  serán los criterios de evaluación de los ministros.

Aunque el premier ha señalado que evaluarán dos veces por año a cada ministro, en función de la ejecución del paquete de inversiones que el Ejecutivo establezca para cada sector, lo cierto es que la permanencia de un ministro dentro del gabinete, en muchas ocasiones, responde más a criterios políticos que técnicos.

Al incremento del salario ministerial se cuestiona, también, que la aplicación sea inmediata mientras que a otros funcionarios como docentes, médicos, entre otros, el aumento sea progresivo, aunque el Gobierno explique que justamente se empezó por estos funcionarios por ser solo 250 trabajadores y por ende representan un costo que no pone en riesgo el presupuesto público.

Además, los ministros gozan de compensaciones adicionales a su sueldo como son: seguridad, movilidad, gastos operativos (viáticos), entre otros. Y ha esto habría que añadir el "poder político", es decir el grado de influencia en la realidad del que goza un ministro y que no tiene ningún ejecutivo de empresas.

Ministros sí, salario mínimo NO

Para el economista Jorge Gonzáles Izquierdo una medida de este tipo otorga carta abierta para que otros sectores exijan mejores salarias, como de hecho ya viene sucediendo con los gremios sindicales que reclaman un incremento del salario mínimo vital anclado en S/. 750 soles desde el 2012.

Frente a esta posibilidad, el ministro Castilla ha señalado que elevar el salario mínimo acarrea un incremento de la informalidad, y es más ha indicado que existen sobrecostos laborales “sobre los que hay que trabajar”. Cuando la Cámara de Comercio pidió reducir sobrecostos laborales abogaba por reducir días de vacaciones, CTS, aguinaldos anuales, así como una política de despido más flexible.

Por lo pronto, el Gobierno ha dicho que el decreto supremo 023-2014 no se puede derogar, con lo cual ha dejado en claro que no dará su brazo a torcer, mientras en el Congreso del legislador de Acción Popular–Frente Amplio Yonhy Lescano que busca dejarlo sin efecto sigue en marcha.