Desde el 26 de enero último intensas lluvias produjeron el desborde de los ríos Madre de Dios y Tambopata, así como de sus afluentes. Los desbordes han afectado las viviendas y los cultivos en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, en la provincia de Tambopata; y los distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios, Huepetuhe en la provincia de Manu.

Según el último informe de emergencia del Instituto Nacional de Defensa Civil, existen 2879 damnificados, 592 viviendas destruidas y 1383 hectáreas de cultivos perdidas debido a las inundaciones en todo el departamento. Hasta el momento se han entregado 11.83 Tn de ayuda humanitaria provenientes del gobierno regional y la municipalidad de Tambopata; y 31.9 Tn desde los almacenes centrales del Estado, y el Cusco. Al 6 de febrero habían 2336 personas damnificadas de todas las provincias del departamento pernoctando en albergues.

Asociados a estos daños, existen secuelas y otros riesgos. Con más de 1300 ha de cultivos echados a perder y ochenta millones de soles en déficit en el sector agrícola, la población ribereña al Tambopata ha quedado expuesta a una situación de inseguridad alimentaria. Familias que practican una agricultura de subsistencia, han perdido sus parcelas, mientras que los precios de los alimentos han ido consistentemente en subida.

Mientras bajan las aguas en las zonas inundadas, aumenta riesgo de la aparición de brotes epidemiológicos de malaria y dengue.

Varias familias ya están dejando los albergues temporales y retornando a vivir a sus casas, es decir, están volviendo a vivir en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Cabe un llamado de atención sobre la zona del Pueblo Viejo, en Puerto Maldonado, donde originalmente se fundó la ciudad. No es la primera vez que este lugar queda cubierto de agua ante una subida del Tambopata.

En Laberinto, una localidad a una hora de Puerto Maldonado, las familias han permanecido en las segundas plantas de sus casas de madera y negocios ante el posible brote de robos y saqueos. Se trata de un lugar que vive de la compra y venta de oro.

Éstos son los hechos y los números hasta el momento.

Sin embargo, eventos climáticos como los sucedidos recientemente en Madre de Dios suelen desnudar carencias en nuestra forma de organizarnos para hacerles frente, en nuestras instituciones. Las inundaciones han sacado a la luz, nuevamente, el intenso enfrentamiento que existe entre Madre de Dios y el Estado central por causa de la minería informal, los conflictos entre agricultores y mineros, y a un gobierno regional débil y corrupto.

En los días pasados, la Revista de Madre de Dios –mientras destacaba la ayuda a los damnificados del Pueblo Viejo enviada desde Iñapari por parte de la empresa de piscigranjas Pirarucú, alentaba a un grupo de mineros que voluntariamente se ofrecieron a limpiar las laterales de la Carretera Interoceánica, a la altura del Km 116, informaba que algunas familias ya comenzaban a limpiar sus casas y muebles para preparar su retorno, y felicitaba que durante la segunda creciente de los ríos ocurrida el día 31 de enero, todas las instituciones públicas regionales en Puerto Maldonado (el serenazgo, la PNP, y muchas empresas privadas) enviaron camionetas para ayudar en la evacuación del Pueblo Viejo y El Triunfo– a través de su cuenta en Facebook criticó que el Ejército (que guarda un contingente de camiones en un almacén en la zona denominada Upis Lifa) no envió ningún transporte. Y varias otras personas apostillaron que la Marina de Guerra había hecho lo propio. El Sr. Alex Condori Cusi mencionó que la Marina se había negado a prestar sus embarcaciones para la evacuación de los damnificados. 

 “Sólo tienen una flota que sirve para interdictar", escribió Cusi en esta discusión del Facebook. 

  Lo propio hizo la FEDEMIN a través de su cuenta: 

[…]la Marina, campeona para perseguir a los pequeños mineros, no solo estuvo ausente sino que en el colmo, cuando le pidieron sus chalupas para auxiliar a la gente, dijo sin la menor vergüenza que "no tenia combustible”

Algún agricultor sugirió que el combustible que las autoridades incautan a los mineros ilegales durante las interdicciones fuera utilizado para maquinarias empleadas en los trabajos de rehabilitación agrícola; y otro que la actividad minera que se realiza desordenadamente en las cabeceras de las cuencas y en los afluentes de los ríos, destruyendo los cauces naturales, había favorecido los desbordes.

Así mismo, cuando el Gobierno Regional de Madre de Dios pidió se declarase al departamento en estado de emergencia, implícitamente reconoció que por sí mismo no podía hacer frente a unas lluvias pertinaces.

Es cierto que la defensa civil pasa por la capacidad humana y técnica, por la calidad de la infraestructura construida, la planificación, la prevención, y muchos otros factores. Pero llama la atención que un departamento que exporta cientos y miles de millones de dólares en oro tenga que depender de la ayuda humanitaria (y, hablando en plata, ayuda humanitaria y caridad es lo mismo) enviada por el Estado desde los almacenes centrales para salvaguardar la supervivencia mínima de sus ciudadanos.

Si la región ingresara impuestos o un canon minero acorde con la actividad aurífera que se realiza –muchas veces de forma ilegal– en sus bosques y cuerpos de agua, el envío de ayuda humanitaria sería innecesario. El gobierno regional de Madre de Dios podría ejecutar una parte de su presupuesto, atender a las familias más vulnerables y contratar a los profesionales necesarios para realizar la tarea. Y podría también, de utilizar sus recursos con transparencia y efectividad, prevenir futuras inundaciones construyendo mejores drenajes o re– asentando a poblaciones vulnerables en lugares más seguros

¿No se impulsó la descentralización para eso?