"Nuestro cuerpo es de todos menos nuestro y eso no lo podemos permitir", sentenciaba Yolanda Domínguez, artista visual y activista madrileña en un acto de protesta. En España, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su embarazo es fruto de una larga lucha. Sin embargo, en tiempos posfranquistas, un proyecto retrógrado quiere que el país ibérico camine contracorriente en el logro por la igualdad y los derechos de la mujer, a pesar de que desde 1994 más de 30 países en el mundo han liberalizado sus leyes de aborto. 

El polémico anteproyecto, que a finales de diciembre aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, supone la ley del aborto más restrictiva de la democracia española. Sus consecuencias son devastadoras: interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho durante las primeras 14 semanas -por cierto, logro que existe sólo desde 2010- y volverá a ser un delito despenalizado bajo ciertos supuestos -así como sostenía la Ley de 1985-. 

Es más, estos casos quedan reducidos a dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Los médicos serán nuevamente los que decidan, mediante un largo y estricto procedimiento, la existencia de estos supuestos. Por ejemplo, las malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto. 

La reforma asesta así un golpe duro a la ya difícil vida de muchas mujeres. El caso de Alba, de 17 años, que abortó sin informar a sus padres, sería un ejemplo más. En una entrevista a El País, señala cómo su madre, con profundas creencias religiosas, se lo hubiera impedido. “Para mí, mis padres son como extraños”, asegura. Con la ley del 2010 -que no considera delito grave que las menores de 16 y 17 años interrumpan su embarazo sin comunicarlo a sus padres- pudo decidir sobre su cuerpo, en una situación que no es poco común: según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), la situación de Alba corresponde al 10% de los casos de aborto.

Además, el cambio no se basa en ninguna justificación de sanidad pública ni recortes. Teniendo en cuenta de que los abortos se han reducido en 2012, parece claro que las motivaciones del PP son meramente ideológicas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al cargo del proyecto, está convencido de su cruzada antiaborto: la ley está hecha para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, sentenció.

Voces de alarma y contrarreforma del aborto

Como era de esperar, las voces de alarma han llegado desde todas las aristas. "Hubo un tiempo en el que España enseñaba el camino en materia de derechos de la mujer", señalaba duramente el editorial del diario francés Le Monde como cierre del 2013. Y es que, aunque era conocido que Rajoy reformaría la ley de 2010 -muy criticada por la derecha conservadora-, nunca se esperó que fuera un cambio tan radical. 

El diario The New York Times dedicó una editorial al proyecto que afirma "restringiría hasta tal punto los derechos reproductivos que muchas mujeres se verían obligadas a salir a extranjero o buscar procedimientos arriesgados o ilegales". El diario británico The Times también lanzó una crítica tajante: "el proyecto erosionará el pluralismo, restringirá la libertad y hará retroceder la posición de la mujer en la sociedad" y añadió que era "una ley mala que seguramente tendrá consecuencias lamentables".

Ahora España pelea por la retirada de esta reforma. Por el momento, se ha logrado que la votación para la proposición no de ley con la que los socialistas (oposición) pretenden detener el procedimiento se realice en secreto. La razón, es más fácil para los diputados del PP decidir "en conciencia" si el voto no se conoce, señala la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Se trata de una forma de presionar a los posibles díscolos del PP para que hoy  apoyen la contrarreforma.

"Los diputados y diputadas del PP tendrán una gran ocasión de demostrar que efectivamente están con la libertad de las mujeres", sentenció Valenciano ayer.