Cotidianamente se asocia a las economías informales (y la minería del oro en la Amazonía del Perú es una pujante economía informal) con imágenes del caos, el desorden y el desastre.

Nada más alejado de la realidad.

Tras el aparente caos que ha imperado durante los últimos años en Madre de Dios, existen redes empresariales, clanes familiares y mafias –es decir, organizaciones, es decir, orden y órdenes sociales– que se superponen, hacen sinapsis unas con otras y establecen conexiones múltiples con la burocracia del Estado a todo nivel: local, regional y nacional. Podría incluso decirse que sin un Estado que sirviera de soporte, la cadena de la exportación de oro informal e ilegal no funcionaría. Lógicamente, los servicios (carreteras, puertos, seguridad) que la minería informal e ilegal paga al Estado casi nunca adoptan la forma de los impuestos legalmente establecidos, y casi siempre adoptan la forma de la corrupción.

Aquí una lista de ejemplos

A nivel nacional:

La última incautación y posterior secuestro de más de trescientas toneladas de oro ha sacado a la luz un ejemplo emblemático de lo profundamente intrincadas que están la economía informal e ilegal del oro con redes empresariales y las diversas instituciones del Estado. Este caso ha venido a poner sobre el tapete la existencia de relaciones entre personajes asociados al montesinismo y otros sobre los que el narcotráfico ha extendido una larga sombra de sospecha.

Pedro David Pérez Miranda (a.k.a Peter Ferrari) y Rodolfo Orellana son los focos nodales de esta red. Asociados en la empresa Comercializadora de Minerales Rivero, ambos han urdido una red de testaferros y contactos en el Poder Judicial que, mediante la emisión de una medida cautelar ordenada por el juez del Juzgado Mixto de Campo Verde (Ucayali), Wenceslao Portugal y tramitada por el Sr. Tomás Torrejón (operador de Orellana en Ucayali), logró retirar de aduanas más de trescientos kilos de oro valorados en 11,2 millones de oro, que iban con destino a refinerías de Italia y los Estados Unidos.

La posible vinculación entre la exportación de oro ilegal y montesinismo

La hermana de Orellana, Ludith Orellana Rengifo, es accionista en Comercializadora de Minerales Rivero y gerente del estudio de abogados Orellana Asesores y Consultores. Dicho estudio subarrendó la vivienda sita en la calle Armando Blondet 250, en San Isidro, a la compañía de seguridad y audiovigilancia Police Security (que ofrece servicios a comercializadora y exportadoras de oro), que a su vez la había arrendado de Manuel Aybar Marca (ex operador de Vladimiro Montesinos, de hecho, fue quien lo encubrió y ayudó a escapar a Venezuela a bordo del velero Karisma). Entre los accionistas de Police Security figura el ex–capitán PNP Espinoza Florez, vinculado con el recientemente célebre por el caso de la custodia policial, Óscar López Meneses, quién a su vez fue introducido al entorno íntimo de ex–asesor fujimorista por el propio Aybar Marca.

Una red de testaferros

Pedro David Pérez Miranda (a.ka. Peter Ferrari) es posiblemente el mayor acopiador de oro de procedencia negra en el Perú. El acopio se realiza a través de empresas a nombre de testaferros suyos que recientemente creadas que en los últimos meses han exportado cientos de toneladas de oro e ingresado cientos de millones de dólares. Según lo aparecido en diversos medios, el primero de esos testaferros es Miguel Ángel Rivero Pérez, gerente general de Comercializadora de Minerales Rivero, y sobrino de Pérez Miranda. Pero no es sólo el. En la gerencia de empresas como Business Investments SAC (que además comparte la misma dirección fiscal con Comercializadora de Minerales Rivero) Minerales Gold MPP y Minerales La Mano de Dios, aparecen el mismo Miguel Ángel Rivero Pérez, Gian Pierre Pérez Gutiérrez (hijo de Pérez Miranda) Joseph César Leyva Mishayiro y Alfredo Ernesto Egoachaga (empleados de Pérez Miranda en otras empresas). Además, el ex–congresista (que se suma a la lista de congresistas y ex–congresistas prestando asesoría legal o de incidencia política a organizaciones mineras encabezada Eulogio Amado Romero y seguida por Eduardo Salhuana) Carlos Torres Caro es abogado de Business Investments SAC.

La red urdida por Pérez Miranda contacta con la urdida en el Poder Judicial y posiblemente con el montesinismo por Rodolfo Orellana Rengifo, a través de Ludith, hermana de éste último, accionista de Comercializadora de Minerales Rivero y por tanto socia de Miguel Ángel Rivero Pérez, sobrino de David Pérez Miranda.

La manera cómo esta red de empresas acopiadoras, comercializadoras y exportadoras de oro se conecta con los clanes familiares que dominan la extracción informal e ilegal del oro en la Amazonía, en tanto no se ha podido demostrar dónde compraron el oro que aduanas les incautó, no ha podido aún demostrarse.

Hasta el momento, tampoco se ha encontrado vinculación alguna entre el congresista Eulogio Amado Romero (antiguo presidente de la FEDEMIN– Federación Minera de Madre de Dios) y el clan conformado por Gregoria Casas Huamanhuillca y Cecilio Baca en Huepetuhe.

A nivel regional

A nivel regional, sin embargo, sí que están establecidas las vinculaciones entre este clan familiar y el Poder Judicial, que, como en el caso anterior, los ha favorecido con medidas cautelares sobre kilos y toneladas de oro que les había incautado la policía.

Recientemente, el juez Marino Cusimayta Barreto renunciaba a su cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios luego que recayera sobre él la sospecha de estar asociado a mineros ilegales e informales. `Lo grave´, declaró para una nota de Andina del 22 enero último, al hacer pública su renuncia, `es que que el Juzgado de Huepetuhe funciona en una casa de la familia Vaca Casas (sic), que está procesada por varios delitos relacionados con la minería ilegal y el Estado no hace nada para conseguir un local y apartarnos de ambientes de donde queremos salir´.

Cabe recordar dos datos más: (1). que en septiembre pasado el juez Michel Ramos Janampa del Segundo Juzgado Mixto Liquidador de Huepetuhe, adscrito a la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, dictó una acción de amparo a favor de Yoni Baca Casas, hijo de Gregoria Casas y Cecilio Baca, que, de haber prosperado, habría permitido a este miembro del clan acceder al proceso de formalización minera, tipificando sus actividades como pequeña minería. Y (2): que el predecesor de Marino Cusimayta en el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, el juez Jhon Russell Hurtado Centeno fue suspendido de sus funciones en mayo del año pasado tras aparecer en un video filmado por la periodista Marilú Huisa. En él, Rusell Hurtado aparece abandonando su despacho en horas de oficina para, cambiado de atuendo, dirigirse a supervisar las operaciones de un campamento minero colindante con la Reserva Nacional de Tambopata.

Tampoco se han investigado cuáles son los vínculos (es decir, quiénes son los funcionarios públicos que median entre unos y otra) entre los juzgados y la policía.

A nivel local

En esta larga lista de suspensiones por las sospechas de corrupción que recaen sobre los detentores de cargos públicos, aparece también el capitán de la comisaría de Mazuco, Juan Auccahuaqui Espinoza, relevado de sus funciones tras la denuncia de uno de sus efectivos. El oficial, que prefirió mantener su identidad en reserva, denunció que el capitán Auccahuaqui luego de una intervención, recibió dos mil soles por parte de mineros informales para liberar una camioneta que transportaba cilindros de combustible hacia los campamentos mineros.

Así mismo, en Tambopata es vox populi que las coimas, fijadas por la costumbre, que cobran los policías de carreteras a los transportistas fluctúan entre S/.50 y S/. 80 por barril de combustibles.

Desde congresistas y ex–congresistas defendiendo a redes empresariales que comercian con oro de procedencia más que dudosa, hasta el más humilde policía de carreteras en Madre de Dios cobrando a transportistas por cada barril de combustible, pasando por por juzgados regionales, que dictan medidas cautelares que boicotean el trabajo de otras autoridades, la minería informal e ilegal se vale de un Estado que en su lucha contra la minería ilegal, pelea contra sí mismo, y que, ante este negocio, muestra su cara más corrupta.